El Dr. Raúl Aciar, abogado de la asociación Mane’kenk, solicitó a la justicia que se quite el carácter de reservado o secreto al informe realizado por la consultora Terramoena respecto del patrimonio arqueológico y paleontológico en el territorio impactado por la obra del corredor costero Canal Beagle. Aseguró que no tiene fundamento tal reserva que, según Gonzalo Zamora como autoridad de aplicación, se debía a un intento de evitar que la gente conociera la localización de los yacimientos y fuera a buscar restos. Aciar advirtió que está tipificado el delito del daño a este patrimonio, ante la presunción de que se hizo caso omiso de las advertencias del informe. Además reveló que fueron hallados restos humanos en la traza y que fueron remitidos al Museo. El dato fue confirmado por Zamora, aunque justificó la falta de difusión en que “es competencia de la comunidad yagán”.
Río Grande.- El Dr. Raúl Aciar, abogado de la ONG Mane’kenk, dio detalles del pedido a la justicia para que elimine el carácter secreto o reservado del informe realizado por la consultora Terramoena, por el cual se realizó un relevamiento de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos a lo largo de la traza del corredor costero Canal Beagle, a fin de que fueran preservados.
Se habría hecho caso omiso a estas advertencias, según presume, lo que configuraría un delito tipificado por la ley que condena a quien dañe este tipo de patrimonio. De hecho, fueron encontrados restos humanos durante la apertura de la ruta y no se informó como marcan las normas a la comunidad yagán en forma previa a la exhumación. Ayer el responsable como autoridad de aplicación a cargo del área de Cultura provincial, Gonzalo Zamora, confirmó este hallazgo y dijo haber participado de una reunión posterior al mismo, junto a autoridades del Museo y la comunidad yagán. Pero todo se mantuvo en estricta reserva.
Si bien la feria judicial comienza el 18 de diciembre, según Aciar podría haber un pronunciamiento de la justicia antes de esa fecha e incluso “habilitar feria en el receso”. El abogado patrocina a Mane’kenk en varias causas: “Hay dos aspectos a analizar, uno es el ambiental y otro es el patrimonio arqueológico, que también estaría afectado y hay riesgo de que se siga afectando. Los planteos de la asociación tienden a prevenir la destrucción del medio ambiente y de los sitios arqueológicos. Hay una serie de cuestiones que no están muy claras, como la resolución 581 que declara secreto el informe realizado por la empresa que produce investigaciones arqueológicas. A mi criterio no tiene fundamento este carácter secreto y no se entiende por qué debieran serlo estos informes. Lo importante es que hay una empresa que le informa al gobierno una serie de cuestiones relacionadas con el patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia, y es responsabilidad de la provincia su preservación. En principio no se habría atendido este informe, y esto hace ver una posibilidad seria de afectación al patrimonio”, manifestó por Radio Provincia.
De confirmarse un daño a sabiendas de que había yacimientos en virtud del informe hasta ahora secreto, la situación “es delicada porque no hay posibilidad de recuperación ni de reconstrucción de un yacimiento. Existe una noticia sobre el hallazgo de restos humanos días atrás, y estos restos humanos han llegado al Museo. El Museo tiene registrada esta cuestión y esto le ha comunicado a la comunidad yagán, porque podrían ser restos arqueológicos de los pueblos originarios”, dijo.
En la legislación hay “una condena específica a quien destruya sitios arqueológicos”, enfatizó, por lo cual seguirá avanzando por la vía civil y penal. “Una cuestión es la relativa al medio ambiente, por intereses difusos, donde hay un retraso del juez para expedirse porque estos recursos de protección de medio ambiente se deberían resolver rápido”, cuestionó.
Por otro lado tramita la vía penal, para identificar si se cometió un delito al desatender el informe que mantiene bajo reserva Gonzalo Zamora, y del que están al tanto las autoridades del gobierno saliente vinculadas con la obra. “El carácter secreto del informe es llamativo, genera sorpresa y todo tipo de interpretaciones cuando no hay transparencia. Toda la actividad del Estado es pública, salvo contadas excepciones que deben tener su fundamento”, enfatizó, por lo cual consideró que tanto en el caso de intereses difusos por impacto ambiental como en el presunto delito contra el patrimonio arqueológico, “el accionar de la justicia debería ser rápido para evitar mayores daños”.
“En Tierra del Fuego estamos con algún grado de certeza destruyendo el patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia, y afectando seriamente el medio ambiente. No es algo que se pueda dejar para mañana o que pueda esperar a que pase la feria judicial. En ese camino va nuestro trabajo. Acá no hay una oposición a la obra en sí, sino que se trata de realizarla en función del progreso general, con la menor afectación al medio ambiente, y esto es posible. No es que si se hace la obra, indefectiblemente va a haber destrucción. Si se hace la obra, puede haber preservación y esa es nuestra búsqueda”, concluyó, con la expectativa de una definición “esta misma semana”.
