El intendente Pablo Grasso decidió suspender el cobro del canon por pasar por el puesto de Güer Aike, si bien todavía no se dio de baja la ordenanza que lo establece. Desde la Cámara de Transporte habían presentado un recurso de amparo, también hubo quejas a través de Cancillería de los transportistas chilenos, que tienen 1.500 choferes, y una advertencia de acciones penales de la Cámara de Comercio local. Darío Loreto, titular de la Cámara de Transporte, espera ahora la definición de la justicia para dar por cerrada definitivamente esta pretensión.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de Transporte local, Darío Loreto, dio a conocer por FM La Isla el “gesto político” del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, quien decidió “suspender por un tiempo el cobro del canon. Creo que fue por la presión de todos los sectores, no solamente del transporte, sino del comercio, de la Federación Económica de Río Gallegos y Santa Cruz”, manifestó.
“Fue la suma de todo, llegamos a esto porque el intendente por las buenas o por las malas entendió que no era bueno lo que estaba haciendo. Por ahora se suspende, pero no se elimina la ordenanza. En algún momento se va a querer reactivar, pero nosotros lo que hicimos fue presentar la medida cautelar y seguramente eso traerá alguna resolución de parte de la justicia, porque creemos que está violando la Constitución Nacional”, sostuvo el dirigente.
“Esperaremos lo que diga la justicia para que después le intendente tome las medidas que tenga que tomar. El peaje que le quieren cobrar a los compañeros lo pueden disfrazar de cualquier forma, pero no nos íbamos a quedar de brazos cruzados”, advirtió.
“Por lo menos trajo un alivio a la población fueguina, ante los constantes aumentos de todo tipo. Todos los meses tenemos una inflación que no es buena para nadie. También hubo reclamos desde Chile. Ellos estuvieron hablando más con la Cámara de Santa Cruz, y tienen más de 1.500 choferes. Sabíamos que había cuestiones que se estaban tratando a nivel Cancillería, que hablaron con el cónsul de Río Gallegos y con varios funcionarios del gobierno de Magallanes. De ahí también salió una nota a la Cancillería Argentina y esto también derivó en que tome una determinación el intendente”, manifestó Loreto.
“La semana pasada estuvimos trabajando con Marilina Henninger, de la Cámara de Comercio de Río Grande. El gobierno de la provincia quería la información de la cantidad de camiones que pasaban, y hablamos de un promedio de 2.100 camiones por mes de ingreso a Tierra del Fuego y 2.050 camiones de egreso en el último año. Es un número importante y ya tenemos que pagar el plus de la carga de combustible. El intendente tiene que entender el derrame económico que nosotros generamos en Río Gallegos, porque los camioneros vienen de Buenos Aires, de Córdoba, la mayoría hace aduana en Río Gallegos y eso genera que el camión esté parado un día allí, nuestros choferes comen, generan un gasto, por ende hay un derrame económico en la ciudad”, subrayó.
“Que nos quieran castigar de esta manera con un peaje, no está bueno para nadie. Nos queda esperar a que la justicia declare la inconstitucionalidad de esta ordenanza. Sabemos que esto va a salir favorable, porque no estamos hablando de un sector nada más, sino de una población entera que se ve afectada por el aumento de los precios. La Cámara de la provincia ya intimó al intendente con una denuncia penal; por eso, viendo que no existe voluntad política para hacer las cosas como corresponde, tenemos que esperar el resultado de la justicia. Luego apelarán ellos, apelaremos nosotros y llegaremos a la instancia que sea necesaria. Tanto la Cámara de Transporte de Santa Cruz como nosotros tenemos todo el apoyo de la Federación Nacional y nuestra intención es ir hasta las últimas consecuencias”, sentenció.
“Después del discurso del presidente, queda claro que tenemos que trabajar todos para construir un país, y esta no es la forma”, concluyó.
