Ayer por la mañana, bien temprano, los trabajadores de Tecnomyl realizaron una asamblea en la puerta de la planta. Fue por un “despido sin causa” que se entendió como parte de “los aprietes y la persecución” que los representantes gremiales vienen denunciando. De todas formas aclararon que el afectado fue “un trabajador de base, sin actividad sindical”.
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PPD de la empresa BGH se llegaron al Ministerio de Trabajo de la provincia a los efectos de solicitarle al Ministro de Trabajo Claudio Carrera que se ejecute la resolución 320 de diciembre de 2016. Asimismo entregaron una nota firmada por 86 PPD, quienes nuevamente quedaran en la calle, luego de que la empresa cumplió con lo estipulado de contratarlo por cuatro meses. También afirmaron que no fueron “apoyados por el sindicato de la UOM en la recolección de firmas para ser entregadas al Ministerio, y no se sienten representados por Oscar Martínez”. Además expusieron irregularidades de la “empresa al momento de liquidar los haberes”. Reprocharon que para el “gremio y la empresa somos efectivos para algunas cosas, y para
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El secretario Adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, se refirió a la convocatoria para el próximo 20. Reiteró que las consignas son “las que venimos sosteniendo al menos desde hace dos años, por la defensa de la soberanía, la defensa de los puestos de trabajo y sobre todo por eso que entendemos se ve gravemente afectado que es nuestro legítimo derecho a seguir habitando en Tierra del Fuego”. Esperan lograr “una acción amplia y colectiva”.
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La finlandesa HMD Global, que desarrolla y comercializa dispositivos móviles bajo la marca Nokia, celebró su regreso al país tras cuatro años de ausencia, anunciando la fabricación de sus teléfonos celulares en la provincia de Tierra del Fuego.
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La Seccional Río Grande de la UOM convocó a una manifestación para el próximo 20 de junio “en defensa de la soberanía, por los derechos laborales y para seguir viviendo en Tierra del Fuego”. Convocan a participar a todos los sectores porque “la situación no afecta solo al sector industrial, sino a todos”.
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Para el contador Ramón Gallardo, la resolución de la Secretaría de Comercio llegó tarde, con muchos aserraderos cerrados y otros “tambaleando”. Tuvo en cuenta la recesión en el país, la falta de poder adquisitivo y advirtió que, si hay trabas burocráticas para acceder a la acreditación de origen, será difícil reanudar las producciones. La falta de confianza se impone junto con la incertidumbre, y para los madereros esta posibilidad de apertura del régimen “no tendría ningún efecto”. Gallardo reconoció “el empuje” de la gobernadora Bertone, pero no así de algunos de sus funcionarios, dado que todavía el IPV no cumplió con el compromiso de incorporar el 10% de madera a las viviendas.
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