La Secretaría de Estado de Seguridad de la provincia dio inicio ayer a un seminario destinado al personal de las Fuerzas de Seguridad, donde se abordó la problemática de los femicidios y la violencia de género.
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La Secretaría de Estado de Seguridad de la provincia dio inicio ayer a un seminario destinado al personal de las Fuerzas de Seguridad, donde se abordó la problemática de los femicidios y la violencia de género.
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Yamila Gallardo y su pareja Cristian Oliver, fueron aprehendidos en un escandaloso y grave episodio que protagonizaron en la mañana de este jueves, cuando agredieron, amenazaron e intentaron desalojar a una inquilina -sin una orden judicial- a la cual, además, dejaron hospitalizada. Todo sucedió en el domicilio de calle El Cano al 500. Testigos aseguran que la pareja poseía un arma de fuego. Desde la Justicia se ordenaron allanamientos e intentan dar con el arma. Un dato que no es menor, es que la mujer es abogada, posee una causa por estafa y aún estaría matriculada en Río Grande.
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Se trata de María Mercedes Soto Maldonado de 69 años, quien no admitió estar vinculada a la muerte de su esposo ni aportó datos certeros que pudieran estar relacionados al deceso de José Juvenal Huenante Huenante.
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La denuncia fue radicada el pasado 9 de marzo por Juan Leonardelli, quien denunció la sustracción de un maletín del interior de su camioneta Toyota, el que contenía más de 20 mil pesos en efectivo. La comisaría Tercera, por orden judicial, llevó adelante tres allanamientos, que permitieron dar con tres jóvenes que estarían involucrados en el ilícito.
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La mujer hizo pública una grave denuncia contra autoridades de la Escuela Especial Nº2 del barrio Chacra II de Río Grande. Elizabeth asegura que su hijo de 13 años, presentaba un golpe en el rostro y responsabilizó a la Vicedirectora del establecimiento educativo.
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El denunciante Mario Lovera fue excluido como querellante por decisión del juez de la causa, al haber proporcionado un “domicilio falso”. El abogado defensor del intendente Melella explicó que es fundamental la constancia de un domicilio real, para ser citado a declarar. Además afirmó que dar un domicilio falso implica “una obstrucción a la justicia”, y habrá acciones en consecuencia. La medida se sumó a la decisión del juez Sahade de rechazar el requerimiento de instrucción de Walter Benítez, otra presunta víctima que no ratificó en la testimonial lo que había expuesto por escrito y será demandado por falsa denuncia.
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