Técnicos de diferentes sectores, que se desempeñan en el ámbito del Ministerio de Salud, están reclamando un reconocimiento como trabajadores del mencionado sector y un incremento en sus ingresos. Tienen un haber mensual de alrededor de 40 mil pesos y les incrementaron la guardia “en quince pesos, casi una burla”, señalaron.

El episodio se registró el domingo, aunque en la jornada de este lunes, hubo manifestaciones a partir de un primer suceso de usurpación, en una chacra ubicada en Las Violetas 830 en la Margen Sur. En el lugar fue necesaria la presencia de efectivos policiales, pero también estuvo presente un grupo de chacareros que mencionaron que no se van a mover del lugar hasta que reciban una respuesta y que las personas que ocuparon la chacra, sean desalojadas.

Ayer por la tarde fue excarcelado el agente de la Policía de la Provincia, detenido el pasado domingo, en el marco de una denuncia por abuso sexual, cuya víctima es la pareja del uniformado.

En la primera jornada de juicio oral contra un sujeto acusado de abuso sexual, una funcionaria judicial expuso en redes sociales -y luego borró la publicación de Facebook. asegurando que las Mamás de Pañuelos Amarillos, que , no cumplían con los protocolos sanitarios establecidos por el Superior Tribunal de Justicia. La controversia sobre la publicación de la empleada judicial, es que exhibió una imagen donde se observa a la víctima. Por este motivo, las madres se presentaron ayer y realizaron una denuncia ante el Fiscal Mayor.

Desde la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego recordaron que “el 31 de octubre de 2012, el Congreso de la Nación sancionaba una de las leyes de mayor rango constitucional de la Argentina”. En esa oportunidad, recordaron que “por unanimidad, estableció a través de la Ley 26.776, concretar la integración física del territorio continental con su territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”. Recordaron que se hizo “Poniendo la falta de una conexión física entre la Isla Grande y Santa Cruz, en el mismo rango de los Derechos Humanos y a la misma altura que a la Cuestión Malvinas; como política de Estado”.