Compras secretas en Seguridad: Para el Dr. Aciar hay “un aprovechamiento” de la deficiencia de controles

El abogado de Ushuaia cuestionó el “oscurantismo” en torno a las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, que desde el año pasado no logran aclararse, y puso la mirada en la deficiencia de los sistemas de control de la gestión pública. Sostuvo que hay “un aprovechamiento” del poder de esta falencia y “se elabora” una maniobra irregular “porque la chance de que no se descubra es grande”. Advirtió que la falta de control “favorece la corrupción” y que ningún secreto podrá sostenerse a lo largo del tiempo. Para el letrado, el informe del Tribunal de Cuentas ya llegó “tijereteado” a la justicia.

Río Grande.- Luego de conocerse el fallo de la Dra. Cristina Barrionuevo, que determinó que no hay delito para investigar en torno a las compras secretas de la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Ezequiel Murray, el abogado de Ushuaia Raúl Aciar apuntó contra los organismos de control y advirtió que, por su ineficiencia, “favorecen la corrupción”.

Por Radio Nacional Ushuaia planteó otra mirada sobre la polémica que sigue instalada desde octubre pasado, luego de “una reunión en la Legislatura donde se vio que había una serie de gastos que no estaban claros. Se pidió la información y ahí apareció toda esta actitud de oscurantismo, de reserva, de querer plantear que la ley protege gastos que en realidad no son reservados”, dijo.

“Independientemente de la cuestión técnica, lo que hay que decir es que ninguno de los sistemas de control de la provincia sirve, y esto no es casualidad. Justamente este es el caso donde se ve el aprovechamiento de las deficiencias de los sistemas de control por parte de los que están como operadores en las distintas áreas del poder”, expresó.

“Los sistemas de control no sirven y eso es utilizado por quien está en el poder, no es casual. No es que hubo un error y resulta que compraron unas camionetas sin decir en qué gastaban la plata. Si a los legisladores no les dan la información, menos se la van a dar a un ciudadano común, y esto es realmente serio”, manifestó.

Recordó que “la gobernadora dijo que verificó los expedientes y no hay nada que ocultar, y ahora resulta que el poder judicial viene a decir que esto no constituye ningún delito. Probablemente sea así, porque esto puede no ser un delito, pero puede ser una irregularidad. Esto no debiera llegar a sede judicial o hacerse una denuncia para que se transparente una cuenta oficial. No es necesario que un juez condene a un funcionario para decir que hubo un acto de corrupción, porque si existen mecanismos útiles, todo esto debe controlarse antes”.

“El caos, la falta de control, favorece la corrupción, por eso no se controla y este es el punto. Este es justamente el caso, porque empezó en una reunión de la Legislatura donde una persona muy suelta de hombros dijo que la ley los protege y no tienen que dar ninguna explicación, sobre algo que ya estaba elaborado. Alguien vio que podía utilizar irregularmente una ley que no es aplicable al caso, para ocultar gastos. Primero se habló de 27 millones, y un fin de semana de por medio, el ministro jefe de gabinete salió a hablar de 17 millones de pesos, con un tijeretazo de diez millones. Ahora resulta que por el fallo del poder judicial acá no hay delito y no pasó nada. Es cierto que esto puede no ser una cuestión tipificada como delito, pero la situación irregular pasó, y esto debe ser resuelto antes de la instancia judicial”, reiteró.

Respecto del fallo de Barrionuevo, cuyos detalles no se conocen pero, por información periodística, se basó en el informe del Tribunal de Cuentas, expuso su propia teoría: “Yo creo que la información que le llega al Poder Judicial ya viene tijereteada, y ahí está el tema. Esto es más de lo que se ve, acá hay una cuestión que se elabora previamente y se define realizar este tipo de gastos, porque la chance de que no se descubran es grande”, disparó.

Se le preguntó si cree que el informe fue manipulado por el Tribunal de Cuentas antes de enviarlo a la justicia, como presume el legislador Pablo Villegas: “Yo no lo he leído y no es prudente que hable de cuestiones concretas sin conocer el detalle. Como visión de conjunto de este tema, no hay ningún sistema de control que sirva, y a esto hay que apuntar, porque es una responsabilidad de la administración ver si existen irregularidades. Todos los días se cometen errores y también hay mecanismos para subsanarlos. Pero esto no es un error de tipeo ni nada parecido, esto es algo que se elabora y se hace sabiendo previamente que la chance de ser descubiertos es pequeña. Esto no puede pasar más. En este caso ‘limpiaron’ a un funcionario, pusieron a otro y todo quedó en nada. Ahora viene el broche final, con la justicia que dice que no hay delito y acá no pasa nada. Pero no es cierto, porque hay una explicación que no se dio y el pueblo merece esas explicaciones, porque es dinero del pueblo”, enfatizó.

Para el letrado, tanto el fallo de la jueza como el informe del tribunal “son opinables, porque el sistema de control no es eficiente y yo veo que hay un aprovechamiento de la ineficiencia. Si no, no hubiera habido tanta cobertura, la necesidad de hacer una conferencia de prensa, de bajar diez millones de pesos el valor que se está cuestionando, o un vivaracho que fue a la Legislatura a querer dar una explicación que no resiste ninguna pregunta. No es casualidad”, sentenció.

En cuanto a la acción civil presentada por los legisladores Urquiza y Villegas para acceder a los expedientes, dijo que “no debiera tardar nada”, por el carácter sumarísimo de la demanda. Sin embargo no se conoce la definición judicial todavía “y no debería retacearse la información a ningún ciudadano”, consideró.

Finalmente estimó que tarde o temprano se tendrá que develar este secreto: “Efectivamente existen gastos secretos, expedientes secretos, decisiones secretas, pero esto no es ilimitado en el tiempo, porque toda la actividad pública es pública y puede ser secreta solamente por un tiempo y con un objetivo, como el secreto de sumario en una causa penal. El secreto no es para siempre y debe ser publicado, clarificado, porque ese es el deber de todos los funcionarios que han actuado en este caso”, concluyó.

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