El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco fundamentó su rechazo al decreto de la Gobernadora en el mismo fallo de la Corte fueguina y defendió la independencia de poderes. Respecto de la alternativa de expropiación, propuesta por el bloque del MPF, la consideró “imposible” en la actual gestión por la conformación de la Cámara. “Si no tuvimos ocho votos para rechazar el decreto, no vamos a tener diez para declarar las tierras de utilidad pública”, sentenció. También cuestionó el “doble discurso” del gobierno, por la posición de Pérez Toscani y expresó que esta votación “sirvió para que se cayeran varias máscaras”.
Río Grande.- El legislador radical Pablo Blanco cargó FM La Isla contra los dobles discursos, tanto en el gobierno como en la oposición, particularmente del PSP, ante las críticas por medios y redes sociales a la ratificación del decreto que aprueba la cesión en venta de diez mil hectáreas a la familia Bridge.
“El gobierno anterior no hizo lo que tendría que haber hecho, por eso molesta cuando hay reclamos airados de integrantes del gobierno anterior, no solamente a través de las redes sociales sino a través de los medios de comunicación. Algunos de los que gritaban en la sesión de la Legislatura fueron funcionarios del gobierno anterior, que debería haber apelado hasta la última instancia el fallo del Superior Tribunal de Justicia”, dijo.
“No es menos cierto que el fallo del Superior Tribunal no obligaba a entregar las tierras y yo lo presenté en los fundamentos, porque el presidente del bloque del FPV solicitó a los que habíamos pedido la sesión especial que diéramos los fundamentos. Los fundamentos míos los hice en base a la contestación de la demanda presentada por la señora Antunovic, la contestación del Fiscal de Estado y el propio fallo del Superior Tribunal de Justicia cuando la actora, Mirna Antunovic de Bridge, reclama la ejecución de la sentencia”, explicó.
“El Superior Tribunal da por cumplida la sentencia con la sola remisión del decreto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, y era facultad del Poder Legislativo aprobar o rechazar ese decreto, porque así lo establece la Constitución: cualquier adjudicación de más de 101 hectáreas necesita la ratificación del Poder Legislativo”, recordó, convencido de que se podía optar por la negativa.
Mencionó que el Superior Tribunal ha tenido posiciones contrapuestas frente a un mismo tema, dado que en un caso anterior no falló del mismo modo, abriendo la posibilidad de haber tenido éxito en un recurso ante la Corte Suprema. “Llama la atención que haya dos casos similares con fallos distintos, donde en uno se aplica con todo el rigor la ley de reservas fiscales y parques naturales, y en otro se hace caso omiso. Yo llegué la conclusión de que el derecho del conjunto de la sociedad está por sobre el derecho particular, y en este caso el derecho a la preservación del medio ambiente, de una reserva natural y un parque natural, a mi criterio está por sobre cualquier particular”, manifestó.
“Llama la atención que los propios integrantes del Poder Ejecutivo, o representantes de partidos que están en el Poder Ejecutivo criticaban el acto administrativo de la gobernadora de la provincia en cumplimiento de la sentencia. Tenemos al subsecretario de Ambiente, el segundo de Pérez Toscani, firmando una nota donde solicitan a los legisladores el rechazo al decreto que su jefa directa, la gobernadora de la provincia, había enviado para su ratificación. El propio Secretario de Ambiente fue citado en varias oportunidades y no concurrió. Hace más de dos años y medio la UCR le solicitó un pormenorizado informe que nunca contestó. La propia candidata a diputada nacional en 2017 por el FPV, integrante del Partido Verde, dice las cosas que dijo previamente y posteriormente a la votación. Esto llama la atención, como también que integrantes del gobierno anterior reclamen airadamente el rechazo a través de los medios y las redes sociales cuando fueron los responsables de no haber llevado adelante la apelación”, subrayó.
“Me parece que este hecho sirvió para que se caigan un montón de máscaras y que quede claramente explicitado el doble discurso que existe en Tierra del Fuego, porque dicen una cosa en público y otra en privado”, cuestionó el legislador.
Consultado sobre la alternativa del MPF, planteada en la misma sesión, para avanzar con la expropiación de esas tierras, remarcó que “bien lo dijo el legislador Löffler, que es una herramienta que tiene un costo para el estado fueguino”, dado que implica la compra de esas tierras.
“Además es imposible plantearlo en este período legislativo, por la forma en que está constituida la Legislatura. Es improbable e imposible la sanción de una ley que declare las tierras de utilidad pública para expropiarlas, para lo que se necesitan diez votos. Si no tuvimos ocho votos para rechazar el decreto, menos vamos a tener diez para expropiar”, concluyó.
