La presidente de la asociación Mane’kenk Nancy Fernández se mostró confiada en que el juez de instrucción Osado Viruel tome “cartas en el asunto” en la causa por intereses difusos que presentaron las organizaciones ambientalistas. El jueves pasado sumaron una denuncia penal por el ingreso de motosierras y a principios de septiembre se presentarán en la reunión de comisión de la Legislatura, para reclamar la intervención de los parlamentarios. Ya cuentan con varios dictámenes del Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas que exponen una serie de incumplimientos de parte del gobierno.
Río Grande.- La presidente de la organización ambientalista Mane’kenk, Nancy Fernández, se mostró confiada en una resolución favorable al amparo por intereses difusos que presentaron y tramita en el juzgado de instrucción del Dr. Osado Viruel, a partir de la trascendencia pública que está tomando el reclamo de un freno a la obra del corredor costero Canal de Beagle.
El domingo hubo una convocatoria de unas 350 personas en la zona donde fueron talados varios árboles, sin aviso previo ni señalización, y el eco que está teniendo este reclamo en la sociedad fue bien recibido. “Nos sorprendió la cantidad de gente, si bien en la marcha que hicimos el jueves en Ushuaia hubo muchísima gente que participó, nos sorprendió incluso que vino una combi con vecinos de Río Grande”, dijo por FM del Pueblo.
“Esta obra viene siendo cuestionada desde sus inicios y muchas organizaciones, científicos e investigadores lo hemos planteado en la audiencia pública del año pasado. Toda la costa del Canal Beagle ha sido territorio de pueblos originarios y han encontrado restos hasta a 700 metros de la costa. Está plagado de restos arqueológicos, que son patrimonio de los fueguinos y de todos los argentinos. Se ha hecho un estudio de impacto arqueológico absolutamente deficiente y se ha contratado otra empresa para hacer el rescate de los yacimientos. El primer estudio no estaba hecho correctamente, porque se debió señalar dónde estaban los yacimientos, y esta segunda empresa –Terramoena- contratada por el gobierno, debe hacer ese trabajo de búsqueda y señalización para luego hacer el rescate”, detalló de las tareas de mitigación encargadas por el secretario de Cultura Gonzalo Zamora, costeadas por la provincia.
“Este fue un trabajo de tres meses hecho en el verano y los arqueólogos de esta empresa, que son muy responsables, han dicho que tienen que volver a trabajar otros tres meses. El CADIC también dijo que se necesitaban unos cuatro meses, trabajando unos 15 arqueólogos, pero desde el gobierno dijeron que no y que necesitaban empezar la obra. De hecho la obra inició el 9 de enero y, luego de las presiones de la Fiscalía de Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Justicia, tuvieron que salir a contratar otra empresa para hacer lo que se podría haber hecho el año pasado”, aseguró.
“La obra requiere una evaluación de impacto arqueológico, ambiental y minero, según el pliego de licitación. Eso debe presentarse al estado, y los técnicos del estado deben decir si ese estudio está bien o mal. En caso de que el estado no tenga esos recursos humanos, debe contactar a estados de otras jurisdicciones, pero no puede contratar una empresa privada para que le diga lo que otra empresa privada hizo. Esto es lo que hizo la Secretaría de Cultura. Como el arqueólogo Lucas Turnes se negó a firmar la evaluación de impacto arqueológico y la cuestionó por escrito, al poco tiempo lo despidieron y atrás de eso salieron a contratar a una empresa por 5 millones de pesos para que haga lo que debería haber hecho Lucas Turnes”, alertó, con lo cual el gobierno estaría pagando con fondos públicos el daño arqueológico de la empresa Gancedo.
“Cuando nosotros nos hicimos del expediente a través de la ley de acceso a la información pública, vimos que el Secretario de Cultura emitió una opinión y dijo que el estudio era el adecuado, sin ningún informe técnico que lo respalde. No es un profesional de este campo para decir esto. El juez Osado Viruel lleva esta causa, que es un amparo por intereses difusos, y entendemos que va a tomar cartas en el asunto porque hasta la gente común se da cuenta de que esto está mal”, sostuvo.
Agregó que “simultáneamente hemos presentado una denuncia penal, porque un ciudadano que caminaba por el bosque se encontró con dos motosierras y no había nada señalizado ni tenían logo de la empresa. Eso es un delito penal y esto lo denunciamos el jueves”.
Dentro de los pasos a seguir, se cuenta la Legislatura: “El 5 de septiembre la Legislatura convocó a las 11 horas a reunión de comisión para tratar el proyecto de ley de Península Mitre y va a ser una buena oportunidad para hablar de esto. Entendemos que la presión popular ha provocado que se discutan estos temas y vamos a estar presentes para que este proyecto tenga su dictamen. Ya hemos hablado con algunos legisladores, que tienen su parte de responsabilidad porque aprobaron el endeudamiento de la provincia para esta obra, y también aprobaron la expropiación de las tierras de Harberton, Túnel y Río Encajonado sin un proyecto ejecutivo, porque nadie sabía en ese momento por dónde pasaba la ruta”, afirmó.
“Estamos en diálogo permanente con algunos legisladores que están muy preocupados. Obviamente no son los oficialistas, y vamos a pedirles que intervengan. Bilota nunca nos atendió, pero hemos tenido conversaciones con la legisladora Martínez, con el legislador Rubinos, con la legisladora Urquiza, con el legislador Villegas. La Legislatura en este momento tampoco está en condiciones de intervenir de manera directa. La obra la para el gobierno o la justicia, no hay mucha alternativa”, sentenció.
Finalmente recordó que en la página web de Mane’kenk “seguimos juntando firmas, ya tenemos 12 mil, y también hemos firmado una declaración de Baliza Escarpados y nos expresamos en contra de este proyecto. Ya se le presentaron a la gobernadora más de 1.700 firmas pidiendo que paren la obra. Nosotros hemos propuesto que se ponga en valor la ruta J, porque con este mismo financiamiento se podría haber asfaltado y hasta poner servicios. Ese podría ser un corredor turístico, con lugares de descanso, con restaurantes. También propusimos poner en valor el Cabo San Pablo, Las Termas, la hostería de Lago Escondido. Yo soy docente de la carrera de Turismo y los profesionales han planteado que hay un montón de infraestructura y de sectores turísticos que hoy están totalmente abandonados. Lo que el turista viene a buscar es mayor diversidad de paisajes y desde Cabo San Pablo se puede ofrecer un acceso a la costa atlántica, con paisajes totalmente diferentes a la costa sur. El turismo termal viene creciendo a pasos agigantados. Hay opciones de lugares que ya están hechos y lamentablemente fueron abandonados”, remarcó.
“Ninguna de las sugerencias fue considerada. Entendemos que el estado tenía un objetivo concreto y no estaba dispuesto a dialogar con ningún sector”, concluyó.
