El abogado de la asociación Mane’kenk estimó que entre miércoles y jueves se definirá la apelación a la resolución del juez Federico Vidal. En contra de la posición del fiscal Ballester Bidau, Vidal consideró que no había información suficiente para procesar por el delito de daños a los ex funcionarios Leonardo Gorbacz, Gonzalo Zamora y Luís Vázquez, que habían sido imputados por su participación en la obra del Corredor del Beagle. Para Aciar, el juez no puede evadir la existencia de evidencias, como es el hallazgo de restos humanos; ni los informes que obran en el expediente que advertían sobre restos arqueológicos en la zona y fueron desoídos. Afirmó que “no es casualidad” que Zamora autorizara la obra en base a un estudio de impacto “deficiente”, y luego decidiera declarar secreto el segundo estudio, de la consultora Terramoena, donde se registraban 300 sitios arqueológicos. Confió en que ya fuera de la función pública y de los espacios de decisión, se pueda avanzar en la investigación penal de la conducta de estos tres ex funcionarios.
Río Grande.- El Dr. Raúl Aciar, abogado de la asociación Mane’kenk, estimó que sobre el vencimiento de los plazos, entre miércoles y jueves, se presentaría la apelación a la resolución del juez Federico Vidal, quien consideró que no había información suficiente para avanzar con el procesamiento de Leonardo Gorbacz, Gonzalo Zamora y Luis Vázquez, tres ex funcionarios de la gestión Bertone directamente vinculados con la obra del Corredor del Beagle.
El abogado remarcó que el juez Vidal rechazó el requerimiento fiscal de instrucción de una causa penal, y “es relevante la posición del fiscal Ballester Bidau, porque fue coincidente con la denuncia que hizo Mane’kenk, y vio que había posibilidad de iniciar una causa, por lo cual imputó a los tres ex funcionarios”, dijo por Radio Provincia.
“No se trata de una denuncia caprichosa ni improvisada como dice el fallo, ni producto de la falta de información, porque nada de eso ocurre desde el momento en que el fiscal ha imputado a tres personas luego de analizar los antecedentes. Pocas veces se dan causas judiciales de este tipo, dado que en la ejecución de la obra se encontró un resto humano, posteriormente reconocido como integrante de los ancestros de la comunidad yagán. Este hallazgo que apareció con motivo de la excavación que hace la empresa para hacer la obra, está diciendo algo irrefutable: que todo el análisis previo de la obra, el estudio de impacto ambiental y arqueológico, no vieron que en ese lugar había restos humanos. La aprobación de esos estudios permitió la ejecución de la obra, y este hallazgo quiere decir que, quien estudió la zona previamente no pudo o no supo preverlo. Ante una evidencia como esta, el juez no puede decir que hay mala información o que la denuncia es apresurada, como para no continuar la causa”, enfatizó.
Mencionó que “existe legislación concreta, como la ley 25.517, que establece que todos los restos humanos de pueblos originarios deben ser entregados a esta comunidad, y establece una serie de normas protectorias de estos elementos arqueológicos, concomitantemente con la obligación que tiene la provincia de proteger y mantener su propio patrimonio arqueológico”.
Para el Dr. Aciar, el juez Vidal tenía evidencia suficiente para investigar y no lo hizo, y “esos son los fundamentos que estamos estudiando para tomar una decisión respecto de esta causa”, anticipó.
Informes previos del CADIC
Además estimó “importante decir que todo esto se supo antes de iniciar la obra, porque en el expediente existen estudios muy consistentes de los científicos del CADIC básicamente, y justo en ese lugar, porque el pueblo yagán era canoero, esa costa es suave, sin acantilados, y propia para su actividad. La costumbre religiosa y cultural era enterrar a los fallecidos en el lugar donde ocurría el fallecimiento, con todo el ritual propio de su cultura. Esto se sabía antes de que se autorizara la ejecución de la obra –remarcó-, y estaba informado en el expediente. Si no hubiera estado informado, la evidencia es más que suficiente”, insistió respecto del hallazgo del cuerpo.
“Quien autorizó la ejecución de la obra no quiso saber que eso estaba ahí –disparó-. Se dijo previamente que en ese lugar había mucha posibilidad de dar con estos hallazgos y el hallazgo posterior autoriza a decir que existe una posibilidad grande de que se hayan producido otros hallazgos, antes o después de este”, barajó, deslizando un posible ocultamiento de otros restos humanos en el desarrollo de la traza.
Vientos de cambio
Luego de varios meses a la espera de una definición de la causa civil, además de la acción penal, pese a las cuales los funcionarios de Bertone siguieron avanzando, calificó de “una ironía” que terminara deteniéndose la obra por la pandemia, y sumó la definición de la nueva gestión de reformular la traza.
“Realmente es una ironía que después de todo esto hubiera cambio de autoridades, la pandemia paralizó la obra, por sobre las decisiones de las autoridades que habían intervenido previamente. Ahora estamos en una situación útil, puesto que el gobierno actual dijo que va a modificar la traza y a reconsiderar la obra. Por ahora no hay riesgo como había a fines del año pasado, cuando se realizó la denuncia y el fiscal realizó el requerimiento de instrucción”, señaló.
La nueva coyuntura podría complicar la situación de los ex funcionarios, porque el hecho ocurrió y ya no están en lugares de decisión. “En la materialidad lo que no pararon tanto las autoridades judiciales como las administrativas, finalmente fue parado fortuitamente y tenemos oportunidad de seguir protegiendo el patrimonio arqueológico y el medio ambiente”, destacó el letrado.
Consultado sobre la causa civil, que durmió durante más de un año, también se mostró optimista: “La causa civil buscó otro objeto, que es la protección del medio ambiente. Es una causa por derechos difusos, que tiene un trámite que efectivamente está demorado, pero funcionando. En este momento puede tener una reactivación como todas las causas judiciales que tuvieron un parate de 60 días por la emergencia sanitaria”, avizoró.
El secreto de Zamora
También se le preguntó si sigue bajo secreto el contenido de los estudios de la consultora Terramoena, que nunca quiso develar el ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora, y lo vinculó con la intencionalidad de ocultar la verdad sobre los yacimientos. “Son todas cosas que están conectadas y hay que ser muy cerrado para no ver la materialidad de la conducta. Si alguien autoriza la ejecución de una obra, después aparece un cuestionamiento porque la reglamentación previa no fue cumplida de forma efectiva, tanto en el estudio de impacto ambiental como el arqueológico; y después esa misma persona declara secreto un estudio de impacto arqueológico posterior –donde se relevaron 300 yacimientos, en lugar de los 7 del estudio original-, esto no es casualidad y da motivo de sospecha. Son cosas que van juntas”, subrayó.
“Afortunadamente la obra se paró, porque si se seguía excavando en esos lugares, iban a seguir apareciendo restos arqueológicos, después de que ya apareció un enterratorio. Nosotros no tenemos tendenciosidad ni animosidad, ni estamos en una cuestión de partidismos. Estas son evidencias, no tiene que ver con ideologías”, aclaró, recordando que “el que asume un cargo público está expuesto y no puede hacerse a un lado. Lo único que hace es demostrar su costado de ineficiencia, de falta de compromiso con el cargo que ha asumido”.
