Columna de Opinión: el caso Vicentin y el laberinto de la Argentina

Columna de Opinión de Ricardo Auer (*)

El Grupo Vicentin es la empresa más importante y la más endeudada de la provincia de Santa Fe. Es la cuarta mayor exportadora agropecuaria del país (2019) y la mayor exportadora de aceites y subproductos (2019). Además, posee fuertes inversiones en RENOVA, la mayor planta argentina de biodiesel (asociada con la multinacional Glencore); tiene también fábricas textiles (Algodonera Avellaneda), terminal de puertos (Rosario), frigoríficos (FRIAR en Santa Fe), planta de jugo concentrado (San Juan); bodega (Mendoza); acopio y exportación de miel; establecimientos ganaderos; y sedes en Brasil, Uruguay y Paraguay. Debe reconocerse que ha hecho fuertes inversiones, siendo sus plantas de la más moderna tecnología. Se ha cuestionado que recibió créditos de la banca oficial por encima de los estándares tradicionales y que sus manejos financieros fueron oscuros, o no precisamente correctos.

Sus acreedores son varias entidades financieras internacionales y nacionales (Banco Nación es el mayor); además de sus numerosos proveedores (de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza) y la AFIP. Del concurso judicial participan más de 2600 acreedores. Debe aclararse que dos días antes de la entrada al concurso, Vicentin le vendió la mitad del 33% de su participación accionaria en RENOVA a Glencore, quedando ésta con un total de 66,7% de dicha empresa, pero con la salvedad que dicha operación de venta se hizo recién pública unos 20 días después de su concreción y a pedido de la Bolsa de Comercio de Rosario. El concurso preventivo consistía en una clásica licuación de las deudas, lo que no fue aceptada por los miles de productores acreedores y tampoco por los representantes del estado (créditos bancarios y obligaciones aduaneras, impositivas y previsionales).

La empresa inglesa Glencore tiene algunos antecedentes de prácticas comerciales monopólicas y corruptas. Podría ser pura coincidencia, pero, además, el acreedor de bonos argentinos Blackrock, que actualmente está negociando la deuda externa argentina, posee el 6% del capital accionario de Glencore.

Puede considerarse que Vicentin es una empresa estratégica por el volumen de exportaciones, por su infraestructura y su despliegue. Por eso habría que resguardarla, prioritariamente, para evitar que, por el procedimiento del concurso de acreedores, caiga en manos de “actores internacionales”, ya que este sector productivo está fuertemente dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge, Louis Dreyfus; Glencore; etc). Sería conveniente mantener al menos algunos grados de libertad, tratándose del mayor negocio argentino que permite acumular divisas, necesarias para pagar la deuda externa y para importar bienes y servicios del exterior. En circunstancias en que ya se habían presentado tres ofertas del sector privado para comprar la empresa: José Luis Manzano, sin mostrar a quién representaba realmente; Ciro Echesortu, ex CEO de Dreyfus; y la inglesa Glencore, socia de Vicentin en RENOVA. Era necesario tomar alguna rápida decisión.

Si bien casi toda la dirigencia política y empresarial acuerda en esos objetivos de preservar su carácter nacional, el debate actual se centra en los mecanismos y procedimientos legales y en el resultado final, es decir, cómo quedará transformado el grupo empresarial: si en un formato de cooperativa, de empresa estatal o reconstruida como una nueva empresa, con acreedores convertidos en socios.

La vía del DNU ha sido cuestionada por existir un proceso judicial en marcha, pero eso ha sido aparentemente salvado vía una “intervención” acordada con la empresa y el juez a cargo del concurso. Una de las cosas extrañas del DNU ha sido la apelación a la “soberanía alimentaria” (que es una preocupación china y no argentina); otras opiniones se han aventurado a sugerir que podría actuar como “empresa testigo para evitar subfacturaciones o contrabandos”; o bien para “asegurarse los dólares necesarios para pagar la deuda”. Estos dos últimos argumentos son demasiado subjetivos, ya que el Estado tiene muchos instrumentos legales para evitar esas maniobras u obtener las divisas. Aunque debe recordarse que son vastamente conocidos los mecanismos de sobrefacturación de importaciones y de subfacturación de exportaciones para transferir ganancias sin pagar impuestos, en base a ventas entre diferentes filiales de la misma empresa.

El mundo ha asistido a lo largo de la historia a numerosos conflictos llevados a cabo por varios países para asegurarse la provisión de los recursos naturales para su desarrollo o para su subsistencia; el agua, los alimentos, los minerales, la energía y tantos otros, han sido los motivos para librar guerras y conflictos de toda magnitud. Las cadenas de suministros en base a empresas multinacionales, pero de corazón nacional, son poderosas herramientas de mantenimiento del poder internacional; en particular son famosas las cerealeras y las petroleras que constituyen oligopolios que manejan los precios del mercado, con terminales en Chicago, Texas, Londres, y ahora también Beijing, Hongkong y Shanghai.

La presente pandemia ha dejado bien en claro que las cadenas de abastecimiento demasiado largas están siendo cuestionadas y que cada potencia va a hacer lo necesario para asegurarse sus insumos y necesidades básicas. Eso afectará a los países productores, que podrían ser motivo de importantes disputas ajenas a su voluntad. Un imperativo de estos tiempos, de grandes reestructuraciones y transformaciones, es no ser demasiado naif para analizar y entender las consecuencias de estos menesteres. La peor situación imaginable sería pelearse internamente y ser la polea de transmisión de los conflictos entre las potencias en pugna; o simplemente ser un simple alfil terminal de las necesidades ajenas. Lo óptimo sería hacerse fuerte internamente y acordar consensos básicos para negociar hacia el exterior. Discutir pequeñeces de poder doméstico, enredándonos en cuestiones jurídicas, sería una prueba más de la falta de visión estratégica de los argentinos. Cuando los factores externos son el desencadenante de una situación emergente, los factores internos son siempre el factor decisivo en su correcta o incorrecta resolución.

Argentina, por su volumen de producción y su situación de derrumbe financiero no está en condiciones actualmente de influir decisivamente en estos mercados globales; por el momento nuestra importancia estratégica es relativamente baja y además muy mal aprovechada desde hace décadas. Mirando hacia el largo plazo, sea por el cambio climático (sequías, inundaciones, desertificación) o por el aumento de la población global, la producción de alimentos y de forrajes es un tema estratégico para los poderes mundiales y Argentina podría aumentar su importancia geopolítica, siempre y cuando actúe con pragmatismo y sin vetustos ideologismos. Para producir alimentos hace falta tierra cultivable y aún más importante, disponer de agua en cantidad suficiente y barata. Argentina los tiene; además aún los controla y permanecen bajo su soberanía; depende de muchos factores internos que esa situación se mantenga estable en el futuro.

Recordemos que el gobierno militar argentino (1940) durante la Segunda Guerra Mundial, a pedido de Inglaterra, se mantuvo neutral y no rompió relaciones diplomáticas con la Alemania nazi; eso le permitió embarcar granos y otros alimentos a Gran Bretaña. Durante el gobierno del general Perón (1950) se envió ayuda alimentaria a la España franquista, lo que aún hoy es recordado favorablemente. La dictadura militar (1978) rompió el boitcot cerealero norteamericano y vendió granos a la Unión Soviética, necesitada por la gran sequía ucraniana.

Además de los conflictos geopolíticos, otros factores determinan el precio de los alimentos, de los forrajes para alimento animal y de los granos utilizados en la producción de biocombustibles: control de la cadena de suministros, cambios climáticos importantes, pandemias presentes y futuras, hambrunas, enfermedades virósicas que afectan la producción de proteína animal (mortandad de cerdos en China, mal de la vaca loca en Europa y otros países), volumen del consumo de combustibles.

El tema de la soberanía alimentaria es entonces más complejo que el de “darle de comer al pueblo”. Los países productores que cuentan con excedentes exportables no tienen esa problemática. Por el contrario, se benefician que otros países tengan fuertes necesidades porque seguramente aumentarán los precios. Sería el caso de EEUU, Brasil, Canadá y Argentina. Recordemos precio de la soja a 600 USD/ton y hoy en la mitad de precio. En cambio hay países que por población y otras calamidades necesitan importar permanentemente estas commodities. China, India, Vietnam son los clásicos ejemplo y son las que tienen verdadera preocupación por la “soberanía y la seguridad alimentaria”; por ello tratan por todos los medios de producir internamente la mayor cantidad posible o de asegurarse en el exterior su aprovisionamiento. Extraña su mención en el DNU: ¿Fue puesta en clave china?

¿Colonialismo siglo XXI? En orden a mitigar estos problemas estos países importadores implementan estrategias como firmar contratos a largo plazo, o como se ha hecho costumbre últimamente, de arrendar o comprar tierras en otros países para producir allí sus necesidades de alimentos y luego importarlas por medio de sus propias empresas de trading o transporte. Esto está haciendo China, Corea del Sur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros con tierras (baratas) de África y Sudamerica. De ese modo las ganancias de todo el proceso productivo y comercial quedan completamente en sus propias manos. Muchas de las “entregas” de tierras cultivables son presentadas como “inversiones”, a veces acompañadas de algunas obras de infraestructura. En aquellos casos en que faltan divisas en forma permanente, nunca llegan verdaderas inversiones productivas y además hay que pagar deudas externas desorbitantes, el terreno para tales prácticas coloniales se encuentran fertilizadas de antemano.

Las modernas doctrinas de defensa contemplan situaciones por faltante de alimentos, ya sea por catástrofes o por boicots de sus contrincantes geopolíticos. China es muy sensible en este aspecto y es esclarecedor el manual de estrategia militar Guerra irrestricta, escrito por los entonces coroneles Qiao Liang y Wang Xiangsui de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. El libro explica los medios alternativos que pueden utilizarse para evitar una confrontación militar directa, como el derecho internacional, la economía y la tecnología. En uno de sus capítulos se hace referencia a que las soberanías alimentarias, tecnológicas y monetarias son fundamentales para la soberanía nacional. También analiza las guerras culturales, de las drogas, del contrabando, de la ayuda económica, ambientales, financieras, de las leyes internacionales, mediática, informática, psicológica, tecnológica, de los recursos naturales y energéticos. Claramente surge de su lectura que “la primera regla de la guerra irrestricta es que no hay reglas, nada está prohibido”. Su aplicación práctica, lamentablemente, se ha extendido al plano político interno. En el plano estratégico se puede predecir que los suministros de alimentos y forrajes se convertirán en formas de presiones geopolíticas tanto a demandantes como a proveedores alternativos.

La Argentina tradicional ha estado dentro de las influencias geopolíticas de Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y de los EEUU en la segunda mitad. Desde hace algunas décadas comienza a estar dentro de la esfera de intereses de China. Lamentablemente la Argentina estuvo dividida internamente fraccionándose entre los adeptos al imperio dominante y los que adherían al imperio desafiante (primero Alemania, luego URSS), excepto en algunos pocos momentos de la vida política nacional. Es obvio que cualquier salida del laberinto en que los países periféricos son encerrados por los intereses propios de las grandes potencias no es nada fácil, pero siempre deben intentarlo, creando políticas de consenso internas. Argentina tiene su importancia global en la producción y el comercio de granos; lo deseable es entonces poder ejercer el mayor grado de libertad posible, para maximizar la renta cerealera y que ésta quede dentro de nuestras fronteras, y que la misma se invierta en la creación de nuevos empleos. Este ciclo virtuoso hace crecer en paralelo la importancia geopolítica nacional.

China quiere liderar el mundo. Necesita para crecer recursos naturales, especialmente materias primas, energía y alimentos. Por eso invierte en traders agrícolas (COFCO), en semilleras (Nidera) y tiene sus propias empresas navieras. También arrienda campos para la producción. Quiere cerrar el ciclo completo con sus propias empresas. EEUU siguiendo la fatalidad histórica trata de obstaculizar ese crecimiento. Los sucesos previos a la pandemia nos muestran que entre ambas potencias existe un enfrentamiento creciente en todos los ámbitos, económicos, políticos, tecnológicos, estratégicos y ahora en plena desarrollo de la pandemia, también en el campo de la salud pública. Todo esto se agravará en los años venideros, sin que implique en modo alguno una guerra frontal en términos militares. Nuevas alianzas globales están en pleno desarrollo.

El cerco geopolítico es inevitable por todos lados. EEUU ayuda en la solución de la deuda y China ofrece “inversiones” y comprarnos alimentos. Por ahora el planteo no pasa del discurso diletante, pero llegará el momento de tomar decisiones fácticas. Todos presionan, aunque sea muy diplomáticamente. De no mediar una intervención estatal Vicentin estaba ya en camino de caer en manos de algunas de las transnacionales del sector: la francesa Dreyfus, la norteamericana Cargill, la china COFCO, o la inglesa Glencore. Ello implicaba directamente restricciones a los grados de libertad necesarios para realizar una necesaria negociación geopolítica de alto vuelo a varias bandas, en la inteligencia de no herir susceptibilidades e intereses fundamentales de las principales potencias del mundo. Con algo de Inteligencia Estratégica y bastante más de unidad interna, ello sería posible.

Deberíamos recordar en la historia nacional que las privatizaciones y las estatizaciones casi nunca han sido soluciones exitosas para el bien común; generalmente han producido jugosas ganancias particulares, pérdidas al erario nacional, que pagamos entre todos los argentinos, mas los pobres (en términos de impuestos e inflación), que los muy ricos; sea también en servicios públicos malos o caros. No parecería ser una salida muy aconsejable. La mejor opción pareciera ser reunir la mayoría de acreedores alrededor de un formato de cooperativa y darle el gerenciamiento a los que conocen el negocio, sea ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), en sinergia o sin ella, con YPF Agro. Parecería de sentido común; pero en Argentina es el menos común de los sentidos, porque generalmente predominan los intereses de grupos privados sobre el interés nacional.

(*) El autor es consultor de temas geopolíticos y Presidente de la Fundación de INTI.

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