“La DPE pagó la totalidad y la empresa nunca entregó los materiales”

La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo dio detalles de la denuncia penal radicada el viernes pasado, con el fin de que la justicia investigue a funcionarios de la gestión anterior por el pago total de una compra de elementos que nunca fueron entregados. El monto involucrado es de “un poco más de dos millones de pesos”, dijo, y aseguró que hubo varias intimaciones previas antes de llegar a esta instancia. Explicó que se derivó a la justicia, además de iniciar un sumario administrativo interno en la DPE, por recomendación de la Secretaría Legal y Técnica, luego de analizar las observaciones del Tribunal de Cuentas. También dio a conocer la importante cancelación de “deudas históricas” con las contratistas de obra

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“En 30 meses nueve mil trabajadores van a quedar en la calle”

La legisladora radical pidió a las autoridades del gobierno y los municipios que “tomen conciencia” de los nueve mil puestos de trabajo que están en juego y se podrían perder en 30 meses, cuando finalice la vigencia del subrégimen industrial. Consideró que es momento de dejar de lado mezquindades y diferencias políticas, dado que todos pertenecen al mismo espacio nacional, y reclamar el cumplimiento del compromiso firmado por Alberto Fernández.

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Ambassador no respondió a la invitación y se analizarán herramientas legales

El legislador Federico Sciurano presidió el encuentro de ayer de la comisión de seguimiento de la industria, para tratar el conflicto en Ambassador. No hubo respuesta de la empresa y puso en duda la “buena fe” para resolver la situación. A propuesta del legislador de FORJA Emanuel Trentino, se analizarían herramientas legales para estos casos en que las empresas no dan respuesta ni se hacen presentes a una cita formal. Hoy habrá un nuevo encuentro con funcionarios del gobierno para analizar las proyecciones de la industria, a 30 meses del vencimiento del subrégimen, y también está prevista la presencia de representantes de los bomberos voluntarios, que reclaman la deuda del gobierno y la reglamentación de la ley que les da

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