El abogado de la empresa, Demetrio Martinelli, explicó que el IPRA no puede exigir el pago de un canon por la explotación de juegos de azar cuando ha prohibido ejercer la actividad. Los reclamos administrativos llegaron al gobernador, que deberá tomar la decisión y, de resultar en una exigencia de cancelación de los 40 millones supuestamente adeudados, recurrirán la vía judicial. “El Estado es quien dio la concesión e impuso un canon por esa explotación, y de ninguna manera se puede cobrar algo por una actividad que no se permite desarrollar”, sostuvo, remarcando que la prohibición estuvo en vigencia desde el 16 de marzo al 1° de diciembre. Se avanzará con “una demanda contencioso administrativa, que irá también con medida
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