Se criticó con fundamentos políticos, técnicos, económicos y de soberanía nacional la iniciativa de la Coalición Cívica que busca derogar la Ley de Promoción Económica y Fiscal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, terminando con 50 años de vigencia de la normativa y con un elevado costo social. Los argumentos esgrimidos en el proyecto vuelven sobre un supuesto costo fiscal elevado del régimen, e incluso se paliarían las consecuencias sociales con una especie de “plan social” por no trabajar, disponible para aquellos que eran empleados de fábrica al 30 de septiembre último y que, indefectiblemente, perdieran su empleo.
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