Se trata de un acuerdo que busca fomentar el trabajo corresponsable entre el Estado y organismos de la sociedad civil en materia de derechos de las infancias y adolescencias. La presidenta de la fundación ALAVI Patricia Granado hizo hincapié en que “es un gran paso, un antes y un después en que la sociedad se empiece a involucrar. Agradecemos al Gobierno de la Provincia y a los equipos de Desarrollo Humano y protección de niñez que hayan valorado el trabajo que venimos haciendo”.
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