Maximiliano Perpetto y Leandro Soto comenzarán a ser enjuiciados este lunes 9 de octubre, en el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte. Están imputados del delito de ‘homicidio en grado de tentativa’, agravado por el abuso de arma de fuego, en perjuicio de Gastón Badilla.
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El Dr. Francisco Ibarra, explicó sobre la existencia de dos etapas diferentes en el caso del doble crimen. En el juicio que comienza hoy, el letrado representará a Maximiliano Perpetto, a quien se acusa de haber disparado desde el auto Chevrolet Cobalt contra el VolksWagen Gol donde trasladaban los cadáveres de Víctor Perpetto y Nahuel Roth. También entendió que el hecho de que no se cite a Diego Moral como testigo -quien iba en el Gol- es una estrategia de la Fiscalía, ya que podría estar implicado en un delito si es que disparó un arma de fuego.
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Tras la condena a cadena perpetua de los cuatro imputados por el doble crimen de Víctor Perpetto y Nahuel Roth, el Dr. Alejandro De la Riva, defensor de Gastón Badilla (hijo de Alejandro) cuestionó al Poder Judicial señalando que “hubo una cerrada negativa en producir las pruebas que hacían a la defensa de los imputados. No sospechaba semejante sentencia”, adujo. Anticipó que “vamos a plantear la nulidad por arbitrariedad manifiesta”.
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El intendente de la ciudad de Río Grande, Lic. Martín Pérez observó in situ las obras de infraestructura de la Urbanización del Centenario y destacó la apuesta de su gestión al frente del Ejecutivo municipal por el crecimiento ordenado hacia el norte de la ciudad. En estos momentos el Municipio de Río Grande está ejecutando suelo urbano para 250 soluciones habitacionales y las obras de infraestructura básica incluyen el tendido de red de gas, agua y cloaca, cordón cuneta; consolidación de calles, tendido eléctrico y conexiones domiciliarias. El Jefe comunal agradeció y valoró “el gran acompañamiento y la fuerte inversión del Gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para hacer
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El abogado de taxistas y remiseros argumentó que los empleados públicos tienen “un derecho adquirido” sobre las licencias de taxi y remise, por lo que no deberían devolverla como marca la ordenanza y la ley de empleo público. El Concejo Deliberante había planteado además la necesidad de que los titulares sean choferes y residan en la provincia, pero según el letrado las normas deben regir “hacia adelante” y no en forma retroactiva. Para Plasenzotti es “deplorable la técnica legislativa” que aplicaron los ediles en la ordenanza y apelará al veto parcial del Ejecutivo. “Lo cierto es que si hay una situación que fue amparada por varias administraciones municipales y se otorgaron licencias a personas que estaban dentro de la 22.140,
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