El juez de Familia y Minoridad, Dr. Fernando Gonzáles, prefirió no hacer declaraciones, aunque si emitió un comunicado de prensa, en el cual desmintió los dichos de la abogada Violeta Coronel, que sostiene que realizará un pedido de jury por abuso de autoridad y prevaricato contra el magistrado, a partir de la presunta afectación a la salud mental de su defendido.
Río Grande.- En principio, el juez Fernando González expresó: “que la medida de allanamiento para secuestrar un teléfono celular y un acta de concubinato, no fue dispuesta por “simples dichos” como menciona la letrada de la parte sobre la que recayera la medida; sino que fue ordenada una vez analizada la demanda civil de compensación económica que intenta probar la existencia de una relación de pareja en los términos de una unión conviviencial por un lado y un desequilibrio patrimonial al momento de disolverse por otro, teniendo como característica esta última circunstancia que habría sido producido a través de actos de violencia económica”.
Asimismo, el magistrado indica: “La acción fue presentada cumpliendo los requisitos legales para ello, habiendo invocado la solicitante y evaluado el Tribunal la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora conforme lo requieren las medidas cautelares de este tenor, con el objetivo de obtener una prueba que podría llegar a perderse como es el contenido de un teléfono celular”.
“La medida fue solicitada intentando la parte demostrar, entre otras cuestiones, que se simuló una operación de venta del inmueble donde la solicitante habita con el hijo menor de ambas partes, y del cual a la fecha los intenta desalojar el nuevo titular del inmueble”, sostiene el comunicado.
En el mismo sentido aclaratorio, González escribió: “que la medida adoptada en fecha 16/04/2025 fue dispuesta una vez analizados más de 20 archivos de audios, más de 20 capturas de pantallas de conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, de haber evaluado el contenido de cartas documentos, informes de organismos públicos, entre otras pruebas aportadas por quien requirió la medida y no por simple dichos como se pretende instalar”.
“Por su parte, la medida fue llevada a cabo por la División de Delitos Complejos, no por considerar a la parte un delincuente, sino porque de esta manera se da cumplimiento con el protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital, correspondiente al «Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, del cual la provincia de Tierra del Fuego se encuentra adherida”.
“Por lo demás, tratándose de un expediente de familia de carácter reservado, no corresponde ventilar mayor información que existe en las causas que involucran a las partes”, indicó el juez Fernando González para concluir.
