El senador Pablo Blanco atribuyó las medidas que está tomando el gobierno nacional, entre ellas la disolución de Vialidad Nacional, al uso de facultades que le confiere el DNU 70/23, que todavía no trata la Cámara de Diputados. Apeló a los gobernadores, para que instruyan a los representantes en la Cámara a rechazar ese instrumento que puede ser prorrogado automáticamente hasta 2027. Consideró “desastres” a las políticas de disolución de entes y dijo que “este gobierno ha fijado ese criterio de déficit cero y superávit fiscal a costa esencialmente de las provincias y de los servicios que el gobierno tiene la obligación de prestar”.
Río Grande-. El senador Pablo Blanco fue consultado por Radio Provincia sobre el anuncio de ayer por parte del vocero presidencial de la disolución de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
“Todas las cosas que están anunciando ahora son producto del decreto 70/23, que le dio la amplitud de facultades al presidente, más allá de que ellos se amparan en la ley bases. Lo que le da las facultades es el decreto 70/23, que está vigente y la Cámara de Diputados no quiere tratar”, señaló.
“Esto es en función del déficit cero, como ellos dicen, a costa de los servicios, a costa de las provincias. No invierten un centavo en las rutas y estas son las consecuencias. Este gobierno ha fijado ese criterio de déficit cero y superávit fiscal a costa esencialmente de las provincias y de los servicios que el gobierno tiene la obligación de prestar”, criticó.
Con respecto a la retirada de YPF y el desembarco de capitales extranjeros, asociados a Terra Ignis, dijo que pidió información al respecto, pero todavía no tuvo respuesta, “más allá de los comentarios de la prensa. En concreto no hay nada”.
Combustibles y ATN
En cuanto a la actividad parlamentaria, se espera que este jueves haya sesión para tratar “la emergencia previsional, el tema de discapacidad, la distribución de los recursos coparticipables de ATN, también el impuesto al combustible y algunos fondos fiduciarios. Hay un proyecto presentado con la firma de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y todo indicaría que el jueves va a estar en tratamiento ese tema”, adelantó.
Consultado acerca de si cree que va a haber quórum, planteó que está por verse todavía “si es una sesión convocada por las autoridades de la Cámara o va a ser una sesión autoconvocada por los senadores. Lo que está sucediendo en el Senado es que hay algunos senadores que se creen superpoderosos. La comisión de presupuesto no funciona desde el mes de abril y tiene parados todos los proyectos esenciales, porque el presidente de la comisión tiene decidido no convocar. Como nosotros no tenemos la facultad como tiene Diputados de intimar a las comisiones, lo que podemos hacer es solicitar entre varios senadores que se convoque a comisión. Cuando lo hicimos el jueves pasado ahora salen las autoridades de la Cámara desconociendo lo que dice el reglamento. Estamos en una trampa, porque el gobierno no tiene la valentía de decir que determinado tema no lo quiere tratar o que lo modifica. La presidencia de la comisión de presupuesto la tiene un senador de La Libertad Avanza y los presidentes de las comisiones tienen muchas atribuciones, y tienen la facultad de citar o no. Ahora el presidente de la Cámara y el secretario legislativo no quieren reconocer la facultad que tienen los senadores para citar a comisión”, cuestionó.
Ausencia el 9 de Julio
También se le pidió opinión sobre la posible ausencia de los gobernadores en los actos oficiales por el Día de la Independencia. “Independientemente de si van o no al acto oficial, lo que deberían hacer los gobernadores es instruir a sus representantes, porque fueron quienes frenaron entre otras cosas la modificación de los decretos de necesidad y urgencia. Lo que tendrían que hacer es hablar e influenciar sobre sus representantes en la Cámara de Diputados de las distintas provincias, para que dejen sin efecto el decreto 70/23, que es la herramienta que está usando este gobierno para destruir todo. Si ellos están ofendidos con el gobierno o le han perdido la confianza, hay que normalizar el funcionamiento institucional del país y ver el decreto 70/23. El gobierno tiene que gobernar con la división de poderes y con la participación del Congreso. Todos los desastres que están haciendo, como la disolución de entidades, de organismos, la unificación, se está haciendo en función de ese decreto que da facultades extraordinarias”, aseguró.
“Ese decreto está vigente hasta el 2025 con posibilidad de prorrogarlo dos años más hasta el 2027 sin participación del Congreso, así que tienen tiempo para hacer daño con ese DNU, que muchos creen que es la ley bases. Lo tratan de encuadrar dentro de la ley bases pero en realidad lo que están usando es el decreto 70/23, que le da más facultades y es mucho más amplio que la ley bases”, aclaró.
Aumento del dólar
Finalmente, se lo consultó sobre la suba del dólar. “Está dentro de las bandas que fijó el gobierno provincial, pero yo creo que es un dólar artificial, un dólar barato que está encareciendo el país. Es el país más caro de Sudamérica y ha habido una caída en el turismo producto de un dólar barato para los argentinos, que hace que se encarezcan todos los servicios para los extranjeros”, concluyó.
