La representante de ATE en OSEF, Elvia Agüero, concurrió a la fiscalía la semana pasada a consultar por una denuncia penal y le habrían recomendado que contrate a un abogado para realizar la presentación. Adjuntaría pruebas sobre el pago de medicamentos un 1.200% más caro de lo que corresponde y espera que la justicia analice la legalidad de las compras. También opinó sobre la ley que aprobó la Legislatura y la consideró otro parche, porque le van a sacar plata al Puerto y a la caja de previsión para dársela “a los mismos administradores que nos llevaron a esta situación”.
Río Grande.- La representante de los trabajadores de la obra social estatal, Elvia Agüero, analizó la ley aprobada en la Legislatura en la madrugada del miércoles y dijo que lo mejor de todo fue que “no se ha puesto la mano en el bolsillo de los trabajadores, como se comprometieron algunos legisladores”. Además, abrió la posibilidad de radicar una denuncia penal por el pago de un 1.200% de sobreprecio a los medicamentos.
“Los legisladores han cumplido y por ese lado lo vemos bien. Luego han puesto diferentes artículos con recursos para la obra social pero lamentablemente quienes van a administrar esos recursos van a ser las mismas personas que nos llevaron a este punto”, dijo por Radio Provincia.
“Hay un artículo que dice que se le saca el superávit al Puerto del año 2024 y 2025, para traspasarlo a la obra social. Otro artículo dice que a través de AREF se cobraría a los prestadores de salud privados que tengan prestaciones de 20 mil millones anuales. Estarían pagando a través de AREF algún impuesto, para direccionarlo a la obra social. Por los montos, estaría el CEMEP y la Clínica San Jorge, que es lo que les paga la OSEF y están arriba de esos montos”, indicó.
Consultada sobre el corte de servicios de la Clínica San Jorge por falta de convenio, aseguró que “ellos tienen un convenio vigente que tiene una prórroga por tres años más y no entiendo que el prestador esté tan enojado porque no votaron una ley de emergencia que tocaba los bolsillos a los trabajadores. Él se tiene que fijar en lo de él. La obra social es nuestra, no es del privado. Yo no entiendo cómo el prestador está discutiendo que le suban los aportes a los afiliados de la obra social, ¿dónde se ha visto?”, se preguntó.
En cuanto a la norma en sí, dijo que está de acuerdo “en algunos puntos y en otros no. Con los sindicatos planteamos esa misma noche a los legisladores por qué, ya que modificaban la ley, no nos daban la potestad para manejar nuestra obra social, y no lo quisieron hacer. Yo les pregunté si habían tomado conocimiento del informe que había presentado el lunes y me dijeron que fue un error de compra, que compraron mal algunas cosas, pero eso no fue un error de compras, fue un convenio que firmó esta gestión, que es parte del problema que tiene la obra social porque estamos pagando 1.200% más en los medicamentos. Después tenemos que ver las prestaciones, los cuidadores domiciliarios que cobran muy bien, y son convenios que hizo esta gestión”, subrayó.
Pruebas de sobreprecios
La trabajadora sigue sosteniendo que se pagan los medicamentos un 1.200% más de lo que valen e informó que presentó pruebas a la Legislatura, pero además concurrió a la fiscalía penal la semana pasada. “El lunes yo le presenté un informe a los legisladores, le entregué la documentación a la vicegobernadora, presenté todas las facturas de cómo cobra la OSEF y cómo se le paga por convenio a un prestador, que en realidad son dos. Yo tomé el convenio más chico, pero hay un convenio que factura 800 millones sólo de medicamentos, que es el convenio que hizo esta gestión con FACAF”, precisó.
“Yo presenté el informe a todos. Lo presenté personalmente por mesa de entradas a los 15 legisladores y a la misma vicegobernadora. Me contestaron que en la obra social se equivocaron e hicieron unas compritas mal. Eso me dijeron. Pagaron 240 millones contra 15 millones que le saldría a la obra social comprando más o menos mal”, afirmó.
En base a estos presuntos sobreprecios, recurrió a la fiscalía penal, al no tener eco en la Legislatura. “Sé que los legisladores debatieron mucho el martes y no sé si las pruebas que presenté sirvieron para que ellos debatan. Yo les puse en los ojos cómo se están pagando los medicamentos y no sé si eso les sirvió de herramientas a los legisladores que no son oficialistas para dar una verdadera discusión de la situación que venimos contando”, señaló.
“Yo me tomé el trabajo de ir a la fiscalía la semana pasada para hacer una presentación, porque esto no puede seguir tan impunemente. Lo que me dijo quien me atendió es que sería muy bueno si lo hiciera un abogado, para darle más estructura legal a la demanda. Si no tenía abogado, se lo tenía que mandar por mail para que ellos analicen si verdaderamente alcanza para hacer una denuncia penal la documentación que yo entregaba”, expuso.
Sobre la posibilidad de que la demanda la presente el asesor legal de ATE, aclaró que “el gremio tiene un solo abogado que está con cuestiones más administrativas de los trabajadores en general. Me lo ofreció Córdoba pero le dije que no, porque prefiero que estas cuestiones no las maneje la abogada del gremio. Yo prefiero hacerlo con otro abogado”.
Otro parche más
Para la trabajadora la ley aprobada es otro parche más porque da “una solución a corto plazo, viendo cómo administraron en estos años nuestros recursos. Es un parche porque no cambian las cabezas, no cambian los convenios que firmaron los que están, que sacaron los controles de la obra social. Le vamos a dar plata de la caja de previsión, del puerto de la provincia, del impuesto a los prestadores, para que la administre la misma gente”, planteó.
“En la ley que sancionaron pusieron que los medicamentos tienen que comprarse en nuestras farmacias propias, que tienen que auditar y controlar, que se arme una comisión para evaluar la cantidad de afiliados que tenemos, pero eso es básico de la obra social. Es lamentable que la Legislatura le tenga que decir por ley a los que administran la obra social lo que tienen que hacer”, expresó.
“A nosotros en las gestiones anteriores, cuando teníamos el directorio grande y éramos más los representantes de activos y pasivos, nadie nos tenía que decir el trabajo que había que hacer dentro de la obra social. Eso se hacía y se sabía que la plata que teníamos era para abastecer nuestra farmacia propia y hacer las contrataciones con los médicos, y brindar la salud que corresponde. Había control de los prestadores, de las farmacias privadas y todo eso se hacía antes de que pasara a manos del gobierno de turno. Todo esto se perdió en la gestión Melella. Desarmaron todos los controles y desguasaron las áreas en la gestión Melella”, manifestó.
Agregó que “la gestión Melella fue la que le dio poder al privado y destruyó la parte pública de salud del hospital. No fue otra persona y en esta gestión surgió y avanzó el privado. El presidente y vice de la OSEF continúan porque son la mano derecha del gobernador. El prestador que nos cortó el servicio está enojado porque no subieron los aportes, dijo que eran los mejores administradores Mariana Hruby y el vicepresidente de OSEF. Aprobaron un préstamos de 2.700 millones, del puerto no sabemos cuál sería la suma y los legisladores deben tener conocimiento de cuánta plata es. Los trabajadores del puerto se enteraron esa noche que le estaban tocando los recursos de ellos, fueron ese día a la Legislatura pero ya habían sancionado la ley. Es una institución que se está manejando medianamente bien y le sacamos la plata a ellos, le sacamos la plata de la caja para sostener algo que están administrando mal hace cinco años. Le pedimos un préstamo a la caja porque administran mal los recursos de la obra social. Ahora vamos a destrozar los recursos que tiene la caja de jubilaciones, que también le dio un préstamo al gobierno y otro préstamo a la municipalidad de Ushuaia. Le estamos dando plata a la misma gente que nos debe los 208 millones de dólares y la caja hace 11 años que está en emergencia”, enfatizó.
Planta política
Finalmente cuestionó el “blanqueo” de las plantas políticas de la OSEF. “Ellos tienen 60 plantas políticas y me enoja la ley que se sancionó en la Legislatura, porque les pusieron por ley que pueden tener el 20% del total como plantas políticas. Es algo nunca visto, porque ahora por ley la obra social puede tener 50 personas de planta política”.