Villegas no cree posible volver a discutir la ley de financiamiento de OSEF

El legislador del MPF Pablo Villegas adelantó sus objeciones a volver a abrir el debate sobre el financiamiento de la obra social estatal con el tratamiento del presupuesto 2026, como pretende el oficialismo provincial. Advirtió que la ley que se sancionó fue “la ley posible”, frente a la divergencia de pensamientos de los distintos bloques, que había trabado la discusión. Puso el eje en el Ejecutivo provincial, que debería definir qué se debe hacer con la obra social, a través de los funcionarios designados en la OSEF. El bloque va a insistir en los proyectos que presentó, entre ellos una herramienta que permite a los hospitales públicos ejecutar las deudas que tienen las obras sociales. “Hoy la deuda supera los 10 mil millones por cada hospital y sin embargo ese tema no se trató en comisión”, dijo. Además, confía en que luego del receso legislativo se pueda discutir la reglamentación de las desobligaciones docentes. Sobre la reforma constitucional, señaló que es “un contrasentido” insistir, porque los legisladores están “rascando el tarro” en busca de recursos mientras que el gobierno quiere gastar miles de millones en una reforma que le interesa a unos pocos.

Río Grande.-  El legislador del MPF Pablo Villegas evaluó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia el debate legislativo que derivó en la aprobación de una herramienta de financiamiento para la OSEF y señaló que “fue la ley posible en función de los proyectos presentados por los distintos bloques políticos. Fue una forma de destrabar las diferencias y logramos la herramienta legal posible para enfrentar la crisis económica y financiera que tiene la obra social de los fueguinos”.

Los legisladores de FORJA Myriam Martínez y Federico Sciurano adelantaron que la norma se va a volver a discutir con el presupuesto 2026 y que insistirían en el aumento de aportes. “Es respetable la opinión de Myriam Martínez y de Federico, pero yo creo que hay que darle el valor debido a la ley sancionada, porque hemos tomado la decisión los legisladores sobre un tema que debería haber resuelto el Poder Ejecutivo de la provincia, en la persona del gobernador”, expresó. 

“Hay que dejar en claro que la obra social la conducen funcionarios que son designados por el Poder Ejecutivo y es el que debe garantizar la calidad de las prestaciones de la OSEF. Como legisladores no hemos afectado recursos del Tesoro provincial de manera directa. Hemos afectado un 75% de los recursos destinados a la caja para la obra social, como lo venimos haciendo desde hace un par de años. Estos son recursos de Ingresos Brutos por una imposición tributaria muy específica”, dijo. 

“Por otro lado, con el 25% de esos recursos  se sigue garantizando el pago de la deuda histórica a la caja de jubilaciones, para no terminar desfinanciándola. También se afectaron recursos de la Dirección Provincial de Puertos, que generó opiniones contrarias. Esto se trabajó con los distintos bloques, que vimos el superávit financiero que tenía la dirección de Puertos y el hecho de que se haya votado por unanimidad habla a las claras de que las autoridades del Puerto y del Poder Ejecutivo han estado en conocimiento de esta decisión”, sostuvo. 

Admitió que “fue algo que no me hubiera gustado votar porque fui parte de la ingeniería legislativa para que se pudiera hacer la ampliación del puerto de Ushuaia con recursos que estaban destinados a otras cosas. Pero en el marco tan extremo como el que está pasando la obra social, acompañé con el resto de los bloques, con el acuerdo de las autoridades del gobierno”. 

Además resaltó como un logro que “se evitó aumentar el porcentaje de aportes, en el escenario social y económico que vivimos, con lo que se evitó una reducción salarial indirecta”. }

El aumento de aportes “fue el proyecto de FORJA, no fue un proyecto del Ejecutivo porque el gobernador, a casi seis años de gestión, no presentó un proyecto de ley con su firma y no me parece una cuestión menor. Quiso evitar meterse en un debate que es sustancial para que miles de fueguinos puedan tener una obra social que garantice las prestaciones médicas”, cuestionó. 

“Yo trato de no ser ingenuo y acá pareciera ser que las cosas han sido direccionadas a que sean los legisladores los culpables o los salvadores de la obra social, cuando es una responsabilidad por Constitución del Poder Ejecutivo. La definición de qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer es de la autoridad política del Ejecutivo, más que de los legisladores. El Ejecutivo no ha puesto palabra, no firmó un proyecto, especulando no se sabe con qué. Pareciera ser que no quiere tener el costo político de decir cómo se debe resolver el conflicto y no comparto esta posición política. Los problemas hay que enfrentarlos”, sentenció. 

Para Villegas no sería conveniente volver a discutir la ley, menos el proyecto oficial que avanza sobre recursos municipales. “No hace falta más debate del que tuvimos, porque pasaron los distintos actores con voz autorizada. Si el oficialismo plantea como solución cargar sobre las espaldas de los asalariados el costo de sostener a la OSEF o afectar recursos municipales, sabemos que eso va a generar una traba política, porque hay legisladores que representan a los distintos oficialismos de las municipalidades. Esta es la herramienta que era posible, frente a este escenario institucional”, subrayó. 

 

Cobro de deudas

 

Villegas hizo mención a la existencia de varios proyectos relacionados con el sistema de salud que no fueron discutidos, sobre los que insistirá el bloque en lo que resta del año. “Desde el MPF hicimos propuestas concretas y me hubiera gustado votar la ley que nosotros presentamos, que permite a los hospitales públicos ejecutar las deudas que tienen las obras sociales. Hoy la deuda supera los 10 mil millones por cada hospital y sin embargo ese tema no se trató en comisión. Hay proyectos que quedaron sin tratamiento y nosotros vamos a insistir de acá a fin de año”, afirmó. 


De gallos y medianoche

 

Se le preguntó al legislador si era conveniente sesionar en la madrugada y tratar un proyecto que no había pasado por las comisiones. “No fue el mejor escenario, pero el MPF está representado por dos legisladores y nosotros no tenemos la posibilidad de definir a qué hora sesionar. Yo manifesté que no era conveniente en términos institucionales sesionar del modo que sesionamos. Lo más conveniente era suspender la sesión y pasarla para otro día, pero no fue una decisión nuestra, porque somos una minoría”, indicó. 

“Nosotros habilitamos herramientas legislativas que permitan cierto marco de gobernabilidad. Ejercemos la oposición a este gobierno y le hemos votado no solamente esta ley sino que aprobamos el convenio de adelanto financiero de 15 mil millones de pesos que suscribió el gobierno provincial con el Poder Ejecutivo Nacional, y también le hemos votado la ampliación de las concesiones hidrocarburíferas al consorcio Total-Panamerican-Wintershall, que va a significar ingresos frescos para el Tesoro provincial”, enumeró.

Tomó distancia de la falta de debate que tuvo también la extensión de concesiones y dijo que “eso no lo define el bloque del MPF sino la mayoría. A mí me hubiera gustado citar a los representantes de las empresas, al Ministro de Economía, al Jefe de Gabinete y debatir en comisión como se deben debatir estos temas que son sustanciales para el futuro de Tierra del Fuego. Ese debate no existió, no por falta de voluntad del MPF sino del oficialismo”. 

“El bloque del MPF ha demostrado en más de una oportunidad que, cuando hay en discusión herramientas importantísimas para garantizar la gobernabilidad, uno no va a contramano de los intereses de los fueguinos. Hemos acompañado a regañadientes, sin haber tenido debate, porque sabemos la necesidad de recursos del Poder Ejecutivo y por eso votamos del modo que votamos”, justificó.

 

Otra vez sin clases

 

Por otra parte dijo que espera que luego del receso legislativo se debata la reglamentación de las desobligaciones, teniendo en cuenta que el SUTEF ya anunció nuevas medidas de fuerza después de las vacaciones de invierno. “La propuesta del bloque tomó estado parlamentario en la última sesión y yo ya le he transmitido a los miembros de la comisión de educación que quiero empezar a debatirlo apenas finalizado el receso legislativo. Es un aporte tendiente a reglamentar un fenómeno que solamente vivimos en Tierra del Fuego”, dijo. 

Consideró que “hay un ejercicio abusivo del derecho que les reconoce la Constitución y la ley de asociaciones sindicales para llevar a cabo medidas de acción directa y el Estado tiene la obligación de poner un límite. Uno ve que el Poder Ejecutivo es cómplice de toda la situación que se ha vivido en el primer semestre, porque no ha arbitrado los mecanismos legales a su alcance para que el Ministerio de Trabajo declare ilegales a las desobligaciones, que son paros encubiertos. Tampoco ha arbitrado las herramientas legales para efectuar los descuentos salariales correspondientes”, criticó. 

“Estas desobligaciones son un atentado a la igualdad de los propios docentes, porque a fin de mes cobra el mismo valor el docente que está todo el día dando clases que el docente que estuvo haciendo desobligaciones. El marco legal vigente habilita a declarar la ilegalidad de esta modalidad pero, si no lo hace el Poder Ejecutivo, deberá hacerlo la Legislatura. Espero que podamos debatir esto en el mes de agosto”, confió. 

Apuntó que “las desobligaciones están provocando una desigualdad estructural, porque son paros encubiertos que se ejercen abusivamente y hay alumnos de primera y alumnos de segunda. Esto termina afectando a los más vulnerables, que son los pibes que están en una situación compleja y el Estado debe contener. Con estas desobligaciones no han más que profundizar la exclusión social”. 

 

Reforma constitucional

 

Finalmente, en medio de un revuelo en la Justicia por la serie de recusaciones a jueces del Superior Tribunal que demoran la sentencia sobre la constitucionalidad o no de la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial, se le pidió opinión al legislador sobre la posibilidad de llevarla adelante, si la justicia lo habilita. “Es un contrasentido manifiesto. Nosotros estamos rascando el tarro para ver de dónde obtener recursos para satisfacer distintas necesidades de prestación de servicios del Estado provincial y por otro lado el oficialismo quiere gastar miles de millones de pesos para hacer una reforma. Yo sigo pensando lo mismo que dije la noche que se debatió en forma exprés la ley que autorizó el llamado a la reforma y que hoy está en debate en la Justicia. No creo que sea la mejor oportunidad ni resulta conveniente a los intereses de los fueguinos. Una reforma constitucional no va a generar, de la noche a la mañana, las condiciones para que el IPV pueda construir más casas, no va a mejorar la prestación de servicios de los hospitales públicos, no va a mejorar los ingresos de la OSEF, no va a generar la construcción de más escuelas ni va a permitir que los docentes tengan mejores salarios. Creo que es un debate que le interesa a un sector minoritario del oficialismo, que está muy alejado de las necesidades de los fueguinos”, concluyó. 

 

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