Así lo expresó Javier Escobar, referente del gremio ASIMRA, quien advirtió que varias plantas ya han iniciado suspensiones y otras evalúan cerrar sus puertas en los próximos meses si no hay un cambio en las condiciones económicas y políticas a nivel nacional. En este sentido dijo que “la situación de la industria electrónica en Río Grande es alarmante”.
Río Grande.- Caída de aranceles, recesión nacional y falta de respuestas políticas tienen a la industria fueguina al límite, donde las empresas suspenden personal y advierten posibles cierres en el corto plazo, por lo cual la situación ya afecta a cientos de trabajadores directa e indirectamente.
Al respecto, el secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, manifestó que “lamentablemente, volvemos a tener que dar una muy mala noticia, una empresa de telecomunicaciones que reabrió hace menos de un año ya nos comunicó que suspenderá a todo su personal entre 40 y 60 días. Esta medida, que podría derivar en el cierre definitivo de la planta, se debe a una caída brutal en las ventas y a los cambios en las reglas del juego, como la quita de aranceles que vuelve inviable la producción nacional”, sostuvo Escobar.
Se trata de una fábrica que había apostado fuertemente a reactivar su producción tras el cierre sufrido en 2019, cuando el entonces gobierno de Mauricio Macri aplicó medidas similares. Reabrió con el impulso del subrégimen industrial fueguino, y con el objetivo de alcanzar los 200 operarios. Hoy cuenta con unos 80 trabajadores directos y muchos más indirectos, entre personal de logística, catering, transporte, seguridad y comercio.
“La planta arrancó con la fabricación de 6.000 teléfonos y solo logró vender 200. Es insostenible”, alertó.
El gremialista detalló que se está negociando con la empresa un esquema de suspensión bajo el artículo 223 bis, con el fin de proteger el salario neto de los trabajadores. “Nuestra prioridad es preservar el ingreso de las familias. No se trata solo de sostener el empleo, sino también de cuidar el poder adquisitivo en un contexto de inflación y recesión”, enfatizó.
Pero Escobar fue más allá del análisis técnico y apuntó directamente a las decisiones del Gobierno nacional: “Estamos frente a una política deliberada de desindustrialización. Consideran a la industria un símbolo del peronismo, del populismo, y por eso la atacan. Quieren un país sin producción, sin trabajo, sin industria. Y los únicos beneficiados son los amigos del poder económico”.
También denunció el ingreso creciente de productos por contrabando y la apertura indiscriminada de las importaciones como otros factores que agravan la situación. “Se está permitiendo la entrada de telefonía a gran escala, en muchos casos por canales irregulares, sin control. La competencia es desleal y las fábricas locales no pueden sostenerse”, explicó.
“No hemos recibido ni una sola respuesta de Nación”
En cuanto al accionar político local y nacional, Escobar no escatimó críticas al manifestar que “no hemos recibido ni una sola respuesta de Nación. Pedimos reuniones por escrito y ni siquiera nos respondieron. Y lo que es peor: los diputados y senadores de la provincia están ausentes. No se han acercado, no han convocado, no han hecho nada. Es un abandono total”.
La situación, según explicó, no se limita a esta planta. “Otras empresas ya suspendieron personal o están evaluando adelantar vacaciones. Hay stock acumulado que no se puede vender. La producción está parada y no hay señales de mejora”, advirtió.
De no cambiar el escenario, la fábrica mencionada podría cerrar definitivamente en los primeros meses de 2026. “Apostaron al país, apostaron a la industria fueguina, crearon trabajo genuino. Y hoy, por decisiones políticas, están a punto de desaparecer. Sería la primera planta en cerrar, pero lamentablemente no será la única si esto no se revierte”, concluyó.
