El presupuesto de la Justicia fueguina supera los 122 mil millones de pesos para 2026

El Poder Judicial de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de presupuesto para 2026, estimado en 122,283.910.501 millones de pesos, de los cuales 103.689.605.107 millones de pesos corresponden a gastos de personal.

Río Grande. – En los fundamentos del proyecto se detalla “la necesidad de mantenimiento, refuncionalización y expansión de la infraestructura física y el proceso de modernización que este Poder Judicial atraviesa, que comprende aspectos estructurales, funcionales, edilicios y de informatización”.

“Con relación a la partida de planta de personal, se mantiene la misma que la proyectada originalmente para el año 2024 y 2025”, detalla el proyecto y añade: “Específicamente se prevén las plantas necesarias para consolidar los equipos de las fiscalías especializadas en violencia de género e intrafamiliar de ambos distritos judiciales, así como un refuerzo de los equipos de la Dirección Pericial, el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal y de los Juzgados de Familia y Minoridad, Correccionales y de Ejecución”.

“Estas plantas prevén, asimismo, la plena puesta en funcionamiento de los Juzgados Civil y Comercial N° 3, Familia y Minoridad N° 3, ambos en la ciudad de Rio Grande. En todos los casos, se trata de atender las estructuras más demandadas, conforme el aumento de la casuística atendida, por lo que resulta imperativo reforzarlas para dar una adecuada respuesta jurisdiccional a la ciudadana”, afirma la propuesta.

En materia de inversiones, el Poder Judicial señala que en 2026 se continuará “con el reemplazo progresivo del equipamiento informático en los puestos de trabajo, priorizando terminales con prestaciones actualizadas y doble monitor, en función de las exigencias derivadas del expediente digital”, así como “se prevé el equipamiento de salas de audiencia con dispositivos de audio y video que permitan promover la oralidad en el proceso judicial”.

“Durante el ejercicio 2025, las inversiones en infraestructura edilicia se vieron significativamente restringidas debido a las limitaciones para su financiamiento. En consecuencia, únicamente se logró finalizar la obra de regularización del sistema de gas, iniciada en el año 2024, y se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y refacción, consideradas indispensables para asegurar el funcionamiento adecuado de las distintas áreas, ejecutadas con mano de obra del personal del área de Servicios Generales”, detalla el proyecto analizado por Crítica Sur.

Y agrega: “En virtud de lo expuesto, se incorporaron proyectos orientados a optimizar los espacios físicos disponibles, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio brindado al justiciable. Entre las obras previstas, se priorizó la construcción del muro de contención en el edificio del Superior Tribunal de Justicia (STJ), considerada esencial para garantizar la seguridad estructural del inmueble”.

“Asimismo, se proyectó la refacción integral y puesta en valor del edificio correspondiente al Centro de Mediación (CE.DE.ME) de la ciudad de Ushuaia, así como la construcción de un nuevo edificio en terreno propio, ubicado en la intersección de las calles Juana Fadul y Gobernador Paz, entre otras iniciativas detalladas en el anexo correspondiente”, explicaron.

Adicionalmente, en el proyecto “se estimaron los recursos necesarios para la adquisición de un inmueble destinado a la Dirección Pericial en la ciudad de Ushuaia, con el propósito de centralizar todas sus dependencias en un único espacio físico”, señalando que “allí se proyecta la instalación de consultorios adecuados para la realización de entrevistas, exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, pericias contables e informáticas, extracción de muestras para análisis de ADN, y la eventual incorporación de un laboratorio y una sala de autopsias propia”.

“En el Distrito Judicial Norte, se planificaron obras de readecuación de espacios con el fin de atender las crecientes demandas sociales y jurisdiccionales, así como las necesidades operativas y de accesibilidad de los edificios pertenecientes al Poder Judicial”, señala el proyecto.

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