La Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia explicó que las pensiones RUPE tienen una actualización atada a los aumentos de los trabajadores activos y afirmó que todos esos aumentos se han trasladado. Hoy una pensión por discapacidad ronda los 564 mil pesos y además cuentan con la atención médica a través de OSEF para consultas ambulatorias y atención a domicilio. Se está haciendo un relevamiento permanente porque se han detectado casos que tienen otro ingreso, como una jubilación, y no corresponde que reciban la pensión. “El pago de las RUPE es automático y cobran antes que la administración pública”, indicó.
Río Grande. – La Dra. Adriana Chapperón, Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, dio detalles por Radio Provincia sobre el pago a las pensiones RUPE, ante reclamos por aumentos al personal activo que no se habrían trasladado.
“Los requerimientos del ministerio son cada vez más y más diversos. En los momentos difíciles siempre los que la pasan peor son los más vulnerables. Los recursos han disminuido y esto hace que todo sea más complicado para aquellos que tenemos que brindar servicios permanentemente”, señaló.
“Las RUPE Están atadas a la categoría 10 de gobierno, por lo tanto, tienen el mismo aumento que la planta permanente. El próximo aumento es del 4%, que lo van a cobrar en octubre, lo que lleva la pensión a casi 564 mil pesos. Cuando llegamos las RUPE estaban bajísimas y se han hecho muchísimas cosas. Lamentablemente no alcanzan los presupuestos para cubrir lo que todos necesitan, pero hacemos un gran esfuerzo. El gobernador ha trasladado inclusive la suma fija que después se fue incorporando al básico, cuando no es eso lo que dice la ley. Todos los aumentos que se han dado a la planta se han incorporado a las pensiones. Cuando el bono era de 90 mil pesos para el activo, a la RUPE se le trasladó el monto de bolsillo que cobraba el trabajador”, afirmó.
“Estamos esperando la respuesta del Ministerio de Economía sobre la última suma que se ha dado para el mes de octubre, porque aparentemente es un atraso que hubo con los trabajadores activos y no se estaría reflejando en las RUPE”, aclaró.
“El pago de las RUPE es automático y cobran antes que la administración pública. Como cobran primero, si las actas acuerdo se firman los primeros días, las RUPE ya están liquidadas. A veces se paga con boleta complementaria y se ha pagado junto con el aguinaldo”, dijo.
Altas y bajas
Respecto de la baja de pensiones, indicó que no tienen que ver con la falta de presupuesto sino que son el resultado de los relevamientos que se hacen. “Yo escucho que estamos dando de baja pensiones porque no hay dinero para pagar y es una barbaridad. Una vez por año hay que revisar las pensiones y eso es lo que estamos haciendo, porque lamentablemente nos encontramos con gente que no ha declarado ingresos y los tiene, que no ha declarado jubilaciones que tiene, y eso está en contra de lo que dice la ley, por eso los damos de baja. Por otro lado, cuando los niños cumplen 18 años son evaluados con un parámetro totalmente distinto, porque se evalúa la capacidad laboral. Muchas veces tienen una discapacidad pero pueden desempeñarse laboralmente”, planteó.
Inserción laboral
A propósito de esto, dijo que se está trabajando “para ver cómo hacemos esa inserción laboral en las empresas privadas. Estamos dando capacitaciones y trabajando con AREF en los descuentos que se realizan a las empresas que emplean a una persona con discapacidad. Muchos de ellos pueden trabajar, el punto es que tenemos que conseguir lugares de trabajo”.
“Hay personas con discapacidad motora, pero no cognitiva, y se pueden desempeñar perfectamente. O bien hay personas con discapacidad cognitiva pero que pueden cumplir tareas motoras porque no tienen dificultad de movimiento. Hay que hacer esa clasificación para ir encontrando lugares para incorporarlos”, manifestó.
“Muchas personas con discapacidad necesitan una inserción laboral real y no quieren cobrar una RUPE sino que quieren trabajar”, aseguró.
“La Secretaría de Discapacidad está trabajando también en capacitar a las empresas, porque muchas veces se creen cuestiones sobre una persona con discapacidad que no son reales, por eso se las está capacitando sobre el trato que deben tener. Hay que ver qué es lo que puede hacer cada una de estas personas que puede trabajar y cuáles son sus capacidades”, apuntó.
Cupo para pensiones
En cuanto a la demanda de nuevas pensiones, explicó que se estableció un cupo. “El Estado tiene una deuda, porque ha bajado el porcentaje de incorporación. Estamos haciendo un nuevo relevamiento pero hay que incorporar personas en la administración. Las empresas privadas tienen que poder ayudarnos en esta reinserción”.
“Además la ley plantea que, para que demos una pensión, la discapacidad debe ser grave. Estamos hablando del 76% y esto enoja mucho a las personas cuando se les niega la RUPE. La pensión no tiene solamente un fin social, cuando se creó el régimen la tenía pero hoy no. Hoy hay muchas personas que cobran una pensión por discapacidad que no están en una situación socioeconómica acuciante ni en estado de vulnerabilidad”, sostuvo.
“Como los recursos son finitos, nos manejamos con un cupo y en la medida que vamos teniendo bajas por el motivo que sea, incorporamos una nueva. Hemos llegado a recibir entre 30 y 40 pedidos de pensiones por mes y eso es imposible de sostener. Hoy estamos con las vacantes completas y estamos solicitando nuevas vacantes en el presupuesto 2026”, informó.
Servicio de salud
Agregó que al beneficio de la pensión se suma el acceso a la salud. “Esto implica erogaciones en Salud, porque más de 2.600 millones de pesos se destinaron solamente los seis primeros meses en el sector privado, y no contamos a los que se atienden en el sector público. Hay algunos que utilizan los servicios de manera incomprensible, porque es incomprensible que una persona tenga más de 38 consultas en los primeros cuatro meses del año. Hay que poner límites, porque los límites tienen que estar. Desde la RUPE se cubren internaciones domiciliarias que no cubren muchísimas de las obras sociales ni prepagas de la provincia, a través de OSEF, para cuidadores, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos y es muchísimo dinero el que se invierte”, expuso.
“Esto no ocurre en otras provincias, la nación no tiene pensiones por discapacidad para los niños y las tienen muy pocas provincias. Se hace un esfuerzo importante y se entregan servicios de calidad”, destacó.
También dio cuenta de los canales de información permanente. “Hay un consejo provincial de discapacidad y el año pasado fui yo a explicar a cada asociación. Estamos trabajando con la Ministra de Salud para que en la página del Ministerio esté certificado cómo se hacen las juntas médicas, por qué trabajamos en las juntas. De ninguna manera queremos que no se den las pensiones, se dan en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias”, concluyó.
