El vocal titular de OSEF, representante de los trabajadores activos, advirtió que la sanción judicial contra la Obra Social del Estado Fueguino por incumplir una cautelar es consecuencia directa del ahogo financiero que arrastra la institución. Responsabilizó al Gobierno provincial y al Municipio de Río Grande por la falta de aportes y cuestionó la falta de criterio médico de algunos fallos judiciales.
Río Grande.- La Justicia Federal sancionó a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) con una multa diaria de 250 mil pesos por no cumplir una medida cautelar en el expediente “Enciso, María Luz c/ OSEF s/ Amparo de Salud” (N° 11669/2025).
Frente a la polémica, Franco Tomasevich, vocal titular y representante de los trabajadores activos en el directorio de la institución, explicó en diálogo con FM del Pueblo que la sanción “es una consecuencia, no una causa”, y que detrás de la multa “hay un problema estructural de recursos que nadie ha querido resolver”.
“El problema son los recursos, no la gestión”
“Estas son las consecuencias de una causa que tiene responsables claros: el Gobierno de la provincia y el Municipio de Río Grande”, afirmó Tomasevich, señalando que la falta de aportes y la deuda de los principales entes públicos con la obra social mantienen a OSEF en una crisis financiera que ya supera los 13 mil millones de pesos en gastos frente a apenas 7 mil millones de ingresos mensuales.
El dirigente subrayó que la deuda en concepto de contribuciones alcanza los 3 mil millones de pesos, sin que hasta el momento se haya concretado su ingreso.
“Claramente ahí está una de las causas por las cuales no se pueden pagar ni las órdenes judiciales ni las prestaciones a los afiliados. Las consecuencias son los cortes de servicios o las multas, pero las causas son otras y tienen responsables”, remarcó.
A esa situación se suma —según detalló— una deuda de 7 mil millones de pesos del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia en concepto de prestaciones a la RUPE (Red de Unidades de Prestaciones Especiales).
“Por esa deuda realicé una denuncia penal al ministro de Desarrollo Humano y a la presidenta de la SER, porque hasta hoy no ingresó un solo peso”, recordó.
Una ley aprobada pero sin recursos
Tomasevich también se refirió a la Ley 1596, aprobada por unanimidad en julio pasado por la Legislatura provincial, que debía garantizar nuevos ingresos para OSEF a partir de fondos del superávit portuario, ingresos brutos de prestadores y aportes de sectores estatales que hasta ahora no contribuían.
Sin embargo, aseguró que “no ingresó un solo peso de esa ley”.
“Lo único que se aplicó fue la baja de cónyuges, como si eso resolviera la crisis financiera. Pero esa medida fue votada por la Legislatura, no por el directorio de OSEF”, aclaró, en alusión a las críticas recibidas por la exclusión de familiares del padrón de beneficiarios.
“Nos multan por algo que no decidimos”
Sobre la multa de la Justicia Federal, Tomasevich sostuvo que se trata de una medida “totalmente injusta” que será apelada, ya que los vocales representantes de los trabajadores “no tienen potestad para decidir sobre los recursos” de la obra social.
Citó la Ley 1071, sancionada en 2016 durante el gobierno de Rosana Bertone, cuyo artículo 7 inciso A establece que la responsabilidad sobre los recursos corresponde exclusivamente a la Presidencia de OSEF, designada por el Ejecutivo provincial.
“Si me dan la potestad de manejar los recursos y no cumplo, me hago cargo. Pero no pueden multarme por algo sobre lo que no tengo atribuciones. Es la propia ley la que lo dice”, enfatizó.
Tomasevich lamentó además que la justicia “actúe sin criterio médico” al ordenar coberturas millonarias sin considerar alternativas equivalentes de menor costo.
“Hemos tenido casos donde una prestación cuesta 25 millones en un lugar y 5 millones en otro, y la Justicia ordena pagar la más cara sin base médica. Eso también repercute en los recursos de la obra social”, explicó.
“Los responsables son los que no pagan”
El vocal insistió en que OSEF debería avanzar judicialmente para recuperar las sumas adeudadas por los distintos organismos del Estado.
“Ya pedí a Contaduría General que envíe los informes al área jurídica para iniciar los reclamos. Hay intimaciones cursadas este mes y el anterior, pero hablamos de una deuda que supera los 7 mil millones de pesos, más otros 8.500 millones que deberían haber ingresado por la Ley 1596”, detalló.
Para Tomasevich, resulta paradójico que los representantes de los trabajadores sean los sancionados mientras los principales deudores —el Gobierno provincial y el Municipio— no reciben el mismo trato judicial.
“Es más fácil pegarle a dos trabajadores que enfrentarse al poder político”, expresó con dureza.
El impacto político y la situación electoral
El dirigente también anticipó que no se presentará a la reelección en las elecciones internas del 7 de noviembre, y advirtió que las sanciones injustas pueden desalentar la participación de los trabajadores en la conducción de OSEF.
“Si no tenemos poder de decisión y encima nos multan por algo que no controlamos, ¿quién va a querer ser vocal?”, se preguntó.
Una crisis que atraviesa gestiones
El conflicto judicial vuelve a exponer la situación crítica de la obra social estatal, que desde hace años arrastra déficit, endeudamiento y pérdida de prestadores.
Aunque el nuevo marco legal buscaba ordenar las finanzas, la falta de aplicación efectiva de la Ley 1596 y los atrasos en los aportes estatales mantienen a OSEF al borde del colapso operativo.
En ese contexto, la multa judicial aparece como un síntoma más del deterioro institucional, donde las responsabilidades políticas y administrativas se diluyen en medio de una estructura legal que limita la capacidad de decisión de los representantes gremiales.
Por último, Tomasevich resumió la encrucijada con una frase que refleja el clima de frustración dentro del organismo señalando que “nos quieren hacer pagar por una decisión que no podemos tomar. Si la Justicia quiere responsables, que empiece por mirar quiénes no cumplieron con sus aportes”.
