El representante legal de Sueño Fueguino, doctor Raúl Paderne, confirmó el despido de 30 trabajadores temporales y 5 operarios fijos, y responsabilizó a un funcionario nacional por bloquear las exportaciones de la planta radicada en Río Grande. Aseguró que la política nacional hacia el régimen de promoción industrial es “irracional, arbitraria y destructiva”. En este marco, Paderne reveló que la empresa tiene en planta el equivalente a 25 camiones de producción terminada, imposibilitada de salir por las trabas impuestas a la exportación. Además, sostuvo que lo que atraviesa la industria textil fueguina “no es un hecho aislado, sino parte de una política deliberada de desmantelamiento del régimen industrial”. Recordó que “esto empezó con los decretos del gobierno anterior y continúa con el actual. No puedo ni siquiera identificarlo como un tema partidario, porque el resultado es el mismo, un ataque frontal contra la Ley 19.640 y contra los trabajadores que sostuvieron la producción durante décadas”, enfatizó.
Río Grande.– El sector textil fueguino enfrenta desde hace meses un escenario de extrema vulnerabilidad. La combinación de restricciones aduaneras, suspensión de exportaciones y caída de demanda golpeó de lleno a las fábricas instaladas bajo el régimen de promoción.
Con los despidos en Sueño Fueguino y los cierres en otras plantas, el empleo industrial en Río Grande sufre su mayor retroceso en más de una década.
El doctor Raúl Paderne, abogado de la firma Sueño Fueguino, confirmó que la empresa procederá al envío de unos treinta telegramas de despido a trabajadores temporales y entre cuatro y cinco a personal fijo, debido a la imposibilidad de exportar su producción.
En diálogo con Aire Libre FM, Paderne trazó un diagnóstico lapidario sobre la situación y denunció “intimidaciones y maniobras ilegales” del subsecretario nacional Cardini, a quien acusó de “llevar a los extremos la política de asfixia industrial”.
“Hace casi un mes que no podemos exportar. Las circunstancias son complejas desde el punto de vista jurídico, pero mucho más por la arbitrariedad del ingeniero Cardini, que no le interesa nada, solo que las textiles cierren”, lanzó el representante legal.
Según explicó, la compañía había logrado ampararse en una medida cautelar otorgada por la jueza Borruto, posteriormente revocada por la Cámara Federal de Apelaciones, aunque con recursos pendientes de resolución.
“Interpusimos un recurso de revisión in extremis y un recurso extraordinario federal, que la Cámara dio por tramitados, por lo tanto, la resolución no está firme. Sin embargo, Cardini actúa como si lo estuviera y se ocupa personalmente de intimidar a la Aduana y a las autoridades provinciales para impedir las exportaciones”, denunció.
“Un ataque frontal contra la Ley 19.640”
El abogado sostuvo que lo que atraviesa la industria textil fueguina “no es un hecho aislado, sino parte de una política deliberada de desmantelamiento del régimen industrial”.
“Esto empezó con los decretos del gobierno anterior y continúa con el actual. No puedo ni siquiera identificarlo como un tema partidario, porque el resultado es el mismo, un ataque frontal contra la Ley 19.640 y contra los trabajadores que sostuvieron la producción durante décadas”, enfatizó.
Paderne recordó que Sueño Fueguino cuenta con alrededor de 170 empleados, y que la reducción de personal dejará solo a unos 130 trabajadores activos, en un contexto que calificó de “futuro imprevisible”.
“Estamos hablando de 170 familias en Tierra del Fuego, pero para quienes deciden desde Buenos Aires, son solo números, esa gente desconoce por completo la realidad de esta provincia y la historia de quienes levantaron la industria cuando todo era sacrificio y soledad”, apuntó con visible indignación.
Crisis en cadena y arbitrariedad oficial
Durante la entrevista, Paderne también mencionó que otras plantas textiles, como Cordonset, ya iniciaron procesos de cierre o paralización de actividades, y advirtió que la situación amenaza con generalizarse en todo el parque industrial.
“Estamos ante un manejo irracional, dado que este funcionario actúa más allá de las decisiones judiciales, incluso cuando las resoluciones no son ejecutorias, las ejecuta de hecho, es una situación gravísima, una violación flagrante al Estado de derecho”, aseguró.
El letrado también adelantó que continuará la batalla judicial en defensa de las empresas y de la Ley 19.640, al cuestionar la modificación del régimen promocional mediante decretos del Poder Ejecutivo.
“Venimos diciendo que las facultades delegadas para hacerlo caducaron en 2010, no las tenía Cristina Fernández, no las tuvo Macri, no las tuvo Alberto Fernández ni las tiene el presidente Milei, esto está en examen en la Cámara Federal de Comodoro y llegará a la Corte Suprema, pero temo que cuando tengamos razón, ya no quede ninguna fábrica en pie”, advirtió.
“Hoy tenemos 25 camiones de producción sin poder exportar”
El panorama para Sueño Fueguino es dramático, dado que Paderne reveló que la empresa tiene en planta el equivalente a 25 camiones de producción terminada, imposibilitada de salir por las trabas impuestas a la exportación.
“Si no logramos sostener la cautelar o conseguir una nueva, sencillamente se va a tener que cerrar, no hay más posibilidades de sostener la actividad”, expresó.
Finalmente, el abogado pidió “racionalidad y sentido federal” en la gestión de la política industrial, y reiteró su repudio a la “injerencia personal y autoritaria” de funcionarios que “actúan con total desprecio por las decisiones judiciales y por las consecuencias humanas de sus actos”, concluyó.
