La Unión de Empleados de Justicia de la Nación advierte sobre una crisis presupuestaria profunda en el Poder Judicial fueguino. Matías Taborda anticipó que, ante la falta de respuestas, podrían endurecerse las medidas de fuerza. Denuncia inequidades, fondos agotados y una política nacional que condiciona a los trabajadores.
Río Grande.- La situación salarial en el Poder Judicial de Tierra del Fuego volvió a tensarse. Tras una semana de paros y retenciones, sin avances en la negociación, el secretario gremial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Matías Taborda, confirmó que el reclamo continuará e incluso podría profundizarse. “Estamos evaluando medidas más fuertes, quizás un paro con movilización, porque no tuvimos respuesta a ninguno de los puntos planteados”, adelantó en diálogo con FM del Pueblo.
El conflicto se centra en la falta de recomposición salarial para los trabajadores judiciales, especialmente en las categorías más bajas. Según explicó Taborda, el sindicato viene reclamando desde comienzos de año la recuperación del 28 a 30 por ciento perdido durante 2023, una deuda que el Poder Judicial aún no pudo saldar. “Ese porcentaje se siente en todos los sectores. Este año las recomposiciones apenas acompañaron la inflación nacional, pero la realidad patagónica es otra: los precios acá suben mucho más rápido”, subrayó.
Presupuesto agotado y fondos que no llegan
El dirigente fue categórico al describir el estado de situación: “El presupuesto del Poder Judicial está agotado. No hay fondos para salarios”. Según explicó, la ampliación de partidas depende del Ejecutivo provincial, que hasta el momento no giró los recursos necesarios para atender los aumentos. “Se pidió al Ejecutivo la ampliación, pero no hay respuesta. Y sabemos que no solo la Justicia está en esa situación: la Legislatura también está pidiendo fondos”, indicó.
En este punto, Taborda trazó un diagnóstico político más amplio: “Ha sido un año muy difícil. No hay claridad sobre los incrementos que recibieron otros sectores del Estado, y eso genera desigualdades. Algunos han sido más beneficiados que nosotros. Todo se maneja con discrecionalidad y sin información pública”.
El reclamo no se limita a los salarios. La UEJN también exige mejoras edilicias en el Instituto Judicial Sur y reclama libertad para elegir bancos donde se depositen los haberes, ante la obligación actual de operar con una sola entidad. “Queremos poder elegir según los servicios que brinde cada banco, no quedar cautivos de uno solo”, señaló.
Un reclamo que trasciende lo sectorial
Para Taborda, la problemática judicial se enmarca en una crisis más general de los trabajadores estatales, profundizada por políticas nacionales de ajuste y por la falta de decisión política local. “Vemos que el Gobierno provincial se acopla a la política nacional cuando le conviene, y cuando no, se despega. Esa ambigüedad termina perjudicando a los trabajadores”, criticó.
El dirigente advirtió que detrás de la discusión salarial hay un impacto social más profundo: “Si el trabajador no tiene un salario digno, no consume, no invierte, no educa a sus hijos como corresponde. Y eso afecta a toda la economía local. Por eso insistimos: el salario justo no es un privilegio, es la base de un sistema justo”.
Asamblea nacional y nuevas medidas
Mientras la comisión directiva participa en Buenos Aires de la Asamblea Anual del gremio, se mantienen las medidas de fuerza en la provincia. Desde esta semana, los judiciales fueguinos realizan retenciones de tareas a partir de las 11 de la mañana, a la espera de definiciones. “A nuestro regreso se evaluarán nuevas acciones, probablemente con mayor impacto. Si no hay avances, la próxima semana podríamos ir a un paro con movilización”, confirmó Taborda.
La UEJN, que ya había realizado un paro de 24 horas el lunes anterior, busca ahora nacionalizar el conflicto, elevando su reclamo al conjunto de las jurisdicciones. “Vamos a plantear un reclamo nacional, porque esto no es solo un problema de Tierra del Fuego: es un modelo que se repite en todos los poderes judiciales del país”, advirtió el secretario gremial.
Un año sin equidad
La entrevista de Taborda deja al descubierto un malestar que se extiende entre los empleados judiciales, pero también refleja la fragilidad del esquema presupuestario provincial. Con partidas agotadas, salarios atrasados y un Ejecutivo que administra los fondos con criterios que el gremio considera arbitrarios, el panorama para los trabajadores públicos se vuelve incierto.
“Estamos en un punto donde ya no se puede disimular más la desigualdad. Algunos sectores del Estado recibieron incrementos que no fueron públicos, otros estamos por debajo de la línea básica. Esa falta de equidad no puede sostenerse”, concluyó.
