La sesión prevista para tratar el proyecto de ley de acuicultura fue suspendida. No se han dado explicaciones claras sobre los motivos, pero más allá de las causas —falta de quórum, desacuerdos internos o simple cálculo político—, lo cierto es que la postergación abre una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Iba a tomar la palabra en el recinto para rechazar un proyecto que, tal como está redactado, pone en riesgo nuestros ecosistemas y contradice el espíritu de la ley 1355, sancionada por unanimidad hace apenas tres años. Pero la suspensión de la sesión, lejos de ser un obstáculo, puede transformarse en una ocasión para debatir seriamente y construir consensos reales.
Si de verdad queremos una ley de acuicultura moderna, sostenible y beneficiosa para Tierra del Fuego, tenemos que escuchar, mejorar y corregir. No se trata de obstaculizar: se trata de legislar bien.
He propuesto públicamente modificaciones concretas que podrían transformar este proyecto en una política de Estado con amplio apoyo legislativo y social.
Primero, ampliar la protección ambiental incorporando en el artículo 3° la prohibición de instalar salmoneras no solo en el Canal Beagle, sino también en nuestros lagos, lagunas y demás espejos de agua, que son parte vital del patrimonio natural fueguino. No tiene sentido preservar el Beagle y permitir contaminación en el Fagnano o en la costa atlántica. La protección debe ser integral o no será.
Además, debemos asegurar que la ley priorice a los pequeños productores locales, reservando cupos concretos, promoviendo la acuicultura artesanal y generando soberanía alimentaria: alimentos frescos, de calidad, producidos en Tierra del Fuego, por fueguinos y para fueguinos.
Y si se aprueban proyectos de gran escala o con especies no autóctonas, deben tener mayores responsabilidades y controles ambientales y fiscales, aportando a un fondo de fomento para el desarrollo genético local y el fortalecimiento de los emprendimientos pequeños y el control ambiental.
No hay razón para seguir discutiendo a puertas cerradas ni con urgencias impostadas. Este es el momento de trabajar en serio, de convocar a los sectores productivos, científicos, ambientales y políticos, y de construir una ley que realmente refleje un consenso fueguino.
Por eso, más allá de las razones que motivaron la suspensión de la sesión, creo que se nos abre una segunda oportunidad. Una oportunidad para dejar atrás la tozudez, para corregir errores, y para sancionar una ley que proteja el ambiente, impulse el trabajo local y promueva la soberanía alimentaria en la provincia más austral del país.
Todavía estamos a tiempo. Depende de nosotros legislar con sensatez, sin apuros y con la mirada puesta en el futuro.
(*) Por el Cr. Matías Lapadula -Legislador Provincial (Bloque Provincia Grande)
