El abogado laboralista José Bustos analizó en profundidad el proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional enviará al Congreso. Señaló que la iniciativa no apunta ni a la productividad ni a la informalidad, sino a reducir costos laborales “a cualquier precio”, debilitando derechos, enmarcando un negocio financiero y reconfigurando a la baja la relación entre trabajadores, empleadores y sindicatos. Anticipa mayor litigiosidad, resistencias judiciales y la repetición de los mismos fundamentos del DNU 70/23.
Río Grande.- La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo comenzó finalmente a tomar forma institucional con la presentación formal del proyecto ante el Congreso. Y, según el abogado laboralista José Bustos, lejos de representar una modernización del sistema de trabajo argentino, consolida un esquema que “traslada los riesgos económicos directamente al trabajador” y “no ataca ninguno de los problemas estructurales que dice querer resolver”, así lo detalló en una extensa conversación con FM La Isla, donde desmenuzó el articulado, su origen político y su impacto jurídico.
Bustos recordó que “semanas atrás se analizaba un borrador, pero que el texto oficial incorpora nuevas herramientas que, a su criterio, profundizan un objetivo claro, bajar costos laborales por fuera de cualquier discusión de productividad, inflación o informalidad”.
“No ataca la raíz de nada. Lo único que busca es abaratar el costo del despido y limitar las herramientas que tiene el trabajador para defenderse”, afirmó.
Un fondo que desnuda un negocio financiero
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FALC), un esquema individual donde el empleador deberá depositar mensualmente el 3% de la masa salarial del trabajador para utilizarlo en caso de despido.
El mecanismo, criticado por Bustos, tiene varios efectos simultáneos y al respecto dijo que “no lo administra el empleador, sino entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, lo que abre, según él, un negocio financiero implícito”.
El fondo reemplaza parte de los aportes a la seguridad social, desfinanciando el sistema previsional.
“Le sacan plata al sistema jubilatorio para trasladarla a un fondo privado. Es una forma indirecta de financiar indemnizaciones con recursos que deberían ir a los jubilados”, explicó.
Además, agregó que “no cubre escenarios reales de indemnización, ya que, si el empleador aportó solo algunos meses, el fondo será insuficiente y la obligación de cubrir la diferencia recae nuevamente sobre él”.
Para Bustos, esta ingeniería tiene un hilo conductor evidente que es “la reforma previsional que el Gobierno prepara para una etapa posterior”.
Vacaciones, fragmentación y un modelo regional que no funciona
La reforma también ratifica el esquema de vacaciones ya anticipado en versiones previas, el empleador puede fraccionarlas con un mínimo de siete días y solo está obligado a garantizar un verano cada tres años.
El laboralista lo enmarca como parte de un modelo flexibilizador que ya fracasó en otros países de la región, siendo “Perú y Paraguay ejemplos claros, donde flexibilizar no generó empleo ni redujo informalidad, la informalidad persiste incluso con regulaciones más laxas, no es un modelo capaz de generar trabajo genuino”, subrayó.
Más conflicto, no menos: la litigiosidad crecerá
El Gobierno insiste en que la reforma busca reducir litigios, pero Bustos sostiene lo contrario al sostener que “habrá más juicios, más conflictividad y un escenario de mayor beligerancia en tribunales”.
Ya desde el DNU 70/23 y posteriormente con la Ley Bases, la actividad en los juzgados laborales se “incrementó debido a la inestabilidad normativa, la eliminación de multas provinciales, los cambios en indemnizaciones y la redefinición de la relación laboral mediante monotributo son todos elementos que la Justicia ya viene analizando y cuestionando”.
Y casi todos ellos, recuerda Bustos, fueron “replicados textual o conceptualmente en el nuevo proyecto”.
El monotributo: eje de futuras demandas
El punto que generará mayor conflicto, según el entrevistado, es el cambio sobre la presunción de relación laboral en el caso de monotributistas.
Hasta ahora, cuando alguien facturaba como monotributista pero cumplía relación de dependencia económica, técnica y jurídica, se presumía relación laboral. Ahora la carga de la prueba se invierte: es el trabajador quien debe demostrar que fue empleado encubierto.
“Es un retroceso enorme, esta figura es una de las que más se usa para disfrazar relaciones de trabajo y ahora el trabajador tendrá que probar lo que muchas veces ocurre puertas adentro”, alertó.
Indemnizaciones más bajas y base de cálculo más chica
El proyecto limita indemnizaciones a un tope máximo de diez meses y modifica la base de cálculo, donde ya no se considerarán vacaciones, aguinaldo, premios, propinas ni beneficios.
Esto recorta de manera directa el monto a percibir por un despido y favorece a empleadores en un contexto de creciente desempleo y necesidad laboral.
“Si la base es más chica, la indemnización será más chica, es sencillo”, resumió Bustos.
“Los intereses por mora en el pago de indemnizaciones también se reducen, en Tierra del Fuego, por ejemplo, se pasaría de aplicar tasas que hoy rondan el 51% a un sistema basado en IPC más un 3% anual, que no llega ni a la mitad”.
Un golpe directo a los sindicatos y a su capacidad de negociación
Según Bustos, la “reforma no oculta su intención de debilitar a las entidades sindicales, aunque el Gobierno anunció que no modificará las cuotas solidarias (una de las demandas emblemáticas de Federico Sturzenegger), simultáneamente introduce restricciones severas a las medidas de fuerza”.
La reforma crea categorías de servicios esenciales y servicios de “trascendencia importante”, una escala pensada exclusivamente para limitar la posibilidad de paro.
“La exigencia de garantizar entre el 50% y el 75% de actividad en sectores no esenciales reduce drásticamente el impacto real de una huelga”, indicó.
“El poder de fuego sindical se reduce, si un paro no se siente, no sirve y si solo dos trabajadores se adhieren, el empleador puede ignorarlo por completo”, afirmó.
Negociación individual: un acuerdo que nace desigual
Otro vector clave del proyecto es permitir acuerdos directos entre trabajador y empleador, dejando a los sindicatos en segundo plano, para lo cual, para Bustos, la idea de una negociación “libre es una ficción, no existe igualdad de fuerzas”.
Con un nivel de desempleo alto y un mercado laboral frágil, el trabajador se “ve obligado a aceptar condiciones impuestas, si no te gusta, ahí está la puerta”, sintetizó el abogado, describiendo el margen real de negociación.
El frente judicial: resistencias en camino
Grupos de abogados laboralistas, colegios profesionales y entidades sindicales ya están analizando acciones judiciales.
Según Bustos, las impugnaciones se “basarán en los mismos fundamentos que llevaron a que gran parte del DNU 70/23 quedara suspendido”.
“Es el mismo corazón jurídico. La Justicia ya rechazó estos artículos antes. No hay nada nuevo ni innovador”, sostuvo.
Una reforma que no creará empleo
Más allá del análisis jurídico, Bustos fue categórico en evaluar el impacto económico al manifestar que “no se va a crear ni un solo puesto de trabajo, flexibilizar no crea empleo por sí mismo, si no hay productividad ni ventas, ningún empleador contrata, por más barato que le salga”, concluyó.
