El conflicto institucional entre el Ejecutivo municipal de Tolhuin y el Concejo Deliberante sumó este lunes un nuevo y contundente capítulo. Tras la decisión del cuerpo legislativo de insistir en una ordenanza presupuestaria que recorta 1.600 millones de pesos al funcionamiento del Municipio para redireccionarlos al propio Concejo, el secretario Legal y Técnico, Alexis Solís, advirtió que la medida no solo es “técnica y jurídicamente deficiente”, sino que pone en riesgo servicios esenciales para la comunidad y configura posibles delitos vinculados al abuso de poder y al incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Río Grande. – En diálogo con FM La Isla, Solís fue categórico al calificar de “falacia” la comunicación institucional difundida por el Concejo Deliberante, en la que se sostiene que el órgano legislativo absorbe apenas el 14% de la masa coparticipable. Según explicó, ese porcentaje es incorrecto y surge de una manipulación de conceptos presupuestarios.
“No es el 14%, es el 26% de los recursos”
El funcionario municipal aclaró que “el Concejo incluye indebidamente dentro del cálculo de coparticipación fondos que no lo son, como los recursos establecidos por la Ley 1300, destinados de manera directa al Municipio para obra pública, y los fondos de la FAM, afectados específicamente al desarrollo del parque industrial”.
“Mezclan todo, y después, con absoluta tranquilidad, dicen que solo se llevan el 14%. Es una mentira flagrante, en términos reales, el Concejo Deliberante se queda con el 26% de los recursos municipales”, sostuvo Solís.
En ese marco, remarcó que “el incremento presupuestario del Concejo no cuenta con ningún análisis técnico que lo respalde ni con una justificación concreta del destino de los fondos”.
Servicios esenciales en riesgo
Uno de los puntos más sensibles señalados por el secretario Legal y Técnico es el impacto directo que el recorte tiene sobre el funcionamiento cotidiano del Municipio. Solís advirtió que “los fondos sustraídos corresponden, en buena medida, a partidas destinadas a servicios públicos esenciales, muchos de los cuales se prestan a través de contrataciones privadas”.
“Con el corte de recursos que nos realizaron, el Municipio no va a poder cubrir todo el año los servicios”, alertó. En ese sentido, mencionó de manera explícita el servicio de recolección de residuos y el reparto de agua, prestaciones fundamentales para la localidad.
A esto se suma el contexto inflacionario y el incremento sostenido de costos.
“Ya tenemos más de un 31% de aumento en lo que va del año, y eso se traslada al combustible, a la mano de obra y a todos los insumos, así, no estaríamos garantizando servicios básicos, lo cual es gravísimo”, afirmó.
Judicialización inminente y pedido de habilitación de feria
Solís confirmó que el Ejecutivo municipal se “encuentra trabajando contrarreloj en la presentación de una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia, incluso evaluando solicitar la habilitación de la feria judicial, dada la inminencia del receso”.
“Acá están en juego los recursos de todos los contribuyentes. Estamos elaborando el instrumento legal correspondiente para que la Justicia intervenga lo antes posible”, explicó.
Asimismo, aclaró que “la sola presentación judicial no suspende automáticamente los efectos de la ordenanza cuestionada”.
En este marco, dijo que “la confiscación de los 1.600 millones sigue su curso hasta que la Justicia disponga una medida suspensiva o resuelva el fondo de la cuestión”, precisó.
Posibles responsabilidades penales individuales
Más allá de la vía contenciosa-administrativa, el secretario Legal y Técnico reveló que “también se analiza avanzar en el fuero penal, al considerar que la conducta de los concejales podría encuadrar en figuras como el abuso de poder y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En este sentido, dijo que “no se puede excusar una decisión política para violar normativas, eso es abuso de poder, y estamos analizando jurisprudencia nacional para avanzar con las acciones correspondientes”, señaló.
En este punto, aclaró que “las eventuales denuncias serían individuales, dirigidas contra cada funcionario, y no contra el cuerpo legislativo en su conjunto”.
Críticas a la falta de idoneidad técnica
Solís también cuestionó duramente la capacidad técnica del Concejo Deliberante para elaborar y modificar el presupuesto municipal.
Recordó que “se encuentra en trámite una acción de inconstitucionalidad vinculada a la ordenanza 633, en la que se incorporaron hechos nuevos que, según el Ejecutivo, demuestran violaciones al sistema presupuestario vigente”.
“Esto va a desnudar que los procesos técnicos del Concejo Deliberante son deficientes”, afirmó, y agregó que “aunque algunos concejales reconocen no ser técnicos ni profesionales en la materia, cuentan con asesores que deberían garantizar respaldo técnico, algo que, según sostuvo, no ocurre”.
Un presupuesto “grosero” y sin justificación
De acuerdo con Solís, el presupuesto originalmente proyectado para el Concejo Deliberante rondaba los 2.800 millones de pesos, pero fue elevado unilateralmente a 4.400 millones, sin explicar por qué se incrementan los montos ni qué servicios adicionales se asumirán.
Incluso señaló que “en el propio presupuesto aprobado por el Concejo se reconoce la existencia de deudas derivadas de una mala gestión administrativa, las cuales pretenden ser absorbidas por el Ejecutivo municipal”.
“Es como decirle a un vecino: gasté de más, ahora págame la tarjeta. Cada organismo tiene que hacerse cargo de su administración”, ejemplificó.
Un costo récord por concejal
Uno de los datos más impactantes revelados durante la entrevista fue el cálculo del costo anual del Concejo Deliberante por edil.
Según Solís, el presupuesto aprobado implica un “gasto de 880 millones de pesos por concejal durante 2026, en una ciudad que ronda los 10.000 habitantes”.
“Es un número grosero, obsceno para la época y el contexto que estamos viviendo”, afirmó, y adelantó que se encuentra analizando comparativas nacionales que podrían ubicar a Tolhuin entre los Concejos Deliberantes con mayor costo per cápita del país.
Un conflicto abierto
Con las presentaciones judiciales en preparación y un clima político cada vez más tenso, el conflicto entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de Tolhuin parece lejos de resolverse.
Desde el Municipio advierten que “la disputa ya no es solo política, sino institucional y legal, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de los vecinos”.
“Estamos trabajando para que la Justicia intervenga y ponga un límite a este despropósito”, concluyó Solís, dejando en claro que el Ejecutivo agotará todas las vías necesarias para revertir una decisión que considera arbitraria, confiscatoria y profundamente perjudicial para la comunidad de Tolhuin.
