La diputada nacional Andrea Freites analizó la media sanción del Presupuesto 2026, aprobada en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados y donde explicó cómo el rechazo del Capítulo XI frenó la derogación de leyes clave y dejó expuesto el corazón del ajuste impulsado por el Ejecutivo. En este marco, dijo que, “aunque el proyecto avanzó en general, el rechazo del Capítulo XI marcó un límite al plan fiscal del Ejecutivo, a la derogación de leyes sensibles y el impacto directo sobre las provincias”.
Río Grande.- La votación del Presupuesto Nacional 2026 dejó mucho más que una media sanción formal, expuso, con crudeza, el límite político que una mayoría circunstancial del Congreso decidió trazarle al Gobierno nacional en su estrategia de ajuste.
Así lo explicó la diputada fueguina de Fuerza Patria, Andrea Freites, al analizar el rechazo del Capítulo XI, el apartado más sensible del proyecto impulsado por el oficialismo, que incluía la derogación de leyes clave como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.
Hasta pocas horas antes de la votación, el debate se desarrollaba con relativa calma, sin embargo, el clima cambió abruptamente cuando, ya en la antesala del recinto, el bloque de La Libertad Avanza introdujo un nuevo dictamen que modificaba aspectos centrales del presupuesto.
Según relató Freites, ese “texto avanzaba no solo sobre la zona fría y la automaticidad de las asignaciones universales por hijo, sino que además incorporaba de manera directa, y sin siquiera nombrarlas, la derogación de leyes aprobadas en reiteradas oportunidades por el Congreso”, expresó.
En este sentido, dijo que “el artículo 75 directamente ponía el número de ley, sin mencionar el nombre, y ahí estaban la ley de emergencia y la ley de financiamiento universitario, que fueron votadas cuatro veces entre Diputados y el Senado”, explicó la legisladora.
La estrategia opositora y el quiebre del capítulo central
Frente a ese escenario, indicó que “los bloques opositores comenzaron a trabajar contrarreloj, el objetivo fue claro, permitir la aprobación general del presupuesto, pero forzar una votación diferenciada, artículo por artículo, para evitar que el ajuste avanzara sobre derechos ya conquistados y sobre recursos clave para las provincias”.
Freites detalló que “el trabajo político se centró en un grupo de diputados que inicialmente acompañaban al Gobierno, con la intención de abrir fisuras en la votación del capítulo más controvertido, la presión política se combinó con una fuerte movilización social como rectores universitarios, organizaciones vinculadas a la discapacidad y familias afectadas comenzaron a comunicarse directamente con legisladores para advertir sobre las consecuencias del ajuste”.
En este marco, la diputada nacional mantuvo que “el resultado fue ajustado pero contundente, 123 votos contra 117, con dos abstenciones, por lo cual el Capítulo XI fue rechazado, dejando al oficialismo sin el núcleo de su estrategia fiscal, siendo que acompañaron esa votación sectores que habitualmente juegan como bloques bisagra, legisladores de Catamarca, del espacio Independencia vinculado al gobernador Jaldo, y sectores de Innovación, entre otros”.
“El Gobierno nos pidió ‘medir’ esta votación, pero terminó perdiendo. Y no fue casualidad: hubo un trabajo político y social muy fuerte detrás”, subrayó Freites.
Errores del oficialismo y desconcierto interno
Para la diputada fueguina, el resultado también dejó al descubierto dos errores graves del oficialismo al señalar que “por un lado, una lectura sobredimensionada del resultado electoral y, por otro, un preocupante desconocimiento del contenido del propio dictamen que defendían”.
Freites relató un episodio elocuente al señalar que “un diputado oficialista agradeció al Presidente por un anexo de obras para su provincia que, en realidad, pertenecía al dictamen alternativo de la oposición, muchos diputados de La Libertad Avanza no sabían qué estaban votando”, afirmó.
A esto se sumó una maniobra de último momento que terminó de tensar el recinto como fue la intención de incorporar, dentro del mismo capítulo rechazado, artículos vinculados al fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y al financiamiento del Poder Judicial. La jugada fue leída como un intento desesperado por salvar el capítulo y generó un fuerte rechazo transversal.
“No se puede jugar así con un capítulo que trata sobre las provincias, fue un desorden absoluto”, criticó.
Un presupuesto sin obras y sin respuestas para las provincias
Más allá del rechazo parcial, Freites fue tajante en su análisis del contenido general del Presupuesto 2026 al detallar que “se trata de un presupuesto de ajuste, sin inversión en obra pública, educación o salud para las provincias”.
En el caso de Tierra del Fuego, el panorama es aún más crítico porque “no hay obras nuevas previstas, más allá de mantenimientos mínimos de infraestructura nacional”.
Desde Fuerza Patria, se intentó incorporar un anexo con tres proyectos concretos como “el Natatorio Olímpico de Río Grande, obras de infraestructura de gas y mejoras en cloacas para Ushuaia. Ninguna de esas iniciativas fue aceptada”.
“El presupuesto no cambia absolutamente nada para las provincias, es cero inversión”, resumió la diputada.
Lo que viene: Senado, veto y conflicto abierto
El proyecto ahora pasó al Senado, donde el Gobierno evalúa distintos escenarios, incluido un posible veto presidencial si el texto no se ajusta a sus objetivos fiscales.
Freites advirtió que “cualquier modificación obligará a que el presupuesto vuelva a Diputados, prolongando un conflicto que está lejos de cerrarse”.
Mientras tanto, otros temas sensibles, como la reforma laboral, la ley de glaciares y futuras reformas tributarias y del Código Penal, quedaron en pausa, postergados para febrero, en un Congreso que se encamina a un verano político cargado de tensión.
“El capítulo más importante era el 11, sin eso, el Gobierno siente que el presupuesto no le sirve, pero el Congreso marcó un límite”, concluyó Freites.
