El referente ambiental advirtió que el proyecto para extender el ejido urbano de Ushuaia en más de un 500% carece de planificación, pone en riesgo el ambiente y el turismo, y responde más a una lógica política coyuntural que a una estrategia de desarrollo sostenible.
Ushuaia.- La discusión por la ampliación del ejido urbano de Ushuaia volvió a instalarse con fuerza en la agenda política y legislativa, pero no sin fuertes cuestionamientos.
En dialogo con FM Master’s, Julio Lovece, presidente de la Fundación Ushuaia XXI y referente en materia ambiental y territorial, planteó una mirada crítica sobre el proyecto que propone extender los límites urbanos de la ciudad hasta las zonas de Lago Escondido y Almanza, incorporando alrededor de 13.000 hectáreas adicionales.
Desde el inicio, Lovece dejó en claro que “no se opone al crecimiento de la ciudad ni desconoce la necesidad de dar respuestas habitacionales, por el contrario, sostuvo que ampliar el ejido urbano en algún momento es inevitable y hasta razonable, en tanto la población crece y existe una demanda legítima de acceso a la tierra y a una vivienda digna”.
Sin embargo, advirtió que “esa premisa no puede utilizarse como argumento automático para justificar una expansión territorial de semejante magnitud y sin un marco de planificación claro”.
Según explicó, Ushuaia cuenta actualmente con aproximadamente 2.300 hectáreas dentro de su ejido urbano.
La propuesta en debate sumaría unas 13.000 hectáreas más, lo que implica un incremento cercano al 565%.
Para Lovece, se trata de una ampliación “exagerada, difícil de justificar incluso desde una proyección de crecimiento a largo plazo”.
Recordó que a la “ciudad le llevó casi seis décadas duplicar su ejido urbano y cuestionó la lógica de pensar una expansión equivalente a seis ciudades de Ushuaia hacia el este, hasta las cercanías de la estancia Harberton”.
Uno de los ejes centrales de su crítica fue la ausencia de un plan integral que dé sentido a la ampliación propuesta y en ese marco, rechazó la “idea muy arraigada en ciertos discursos político de que crecer equivale necesariamente a desarrollarse”.
“El desarrollo viene de la planificación”, sostuvo, y advirtió que “decidir primero cuántas hectáreas sumar para luego pensar qué hacer con ellas invierte peligrosamente el orden lógico de cualquier política territorial seria”.
Lovece alertó además sobre el contexto político en el que se impulsa la iniciativa, para lo cual señaló que “un acuerdo circunstancial entre sectores mayoritarios de la Legislatura pretende tomar decisiones que condicionarán la vida de Ushuaia durante los próximos cien años”.
A su entender, se trata de definiciones estructurales que “no pueden resolverse en un plenario de comisiones convocado en diciembre, con la ciudadanía distraída por el cierre del año y sin instancias amplias de debate técnico y social”.
En ese sentido, propuso como alternativa la conformación de un “consejo consultivo multisectorial, integrado por especialistas en urbanismo, ambiente, turismo, recursos hídricos, energía, arqueología y planificación territorial”.
Consideró poco realista suponer que “cada legislador cuente con equipos técnicos capaces de evaluar de manera integral los impactos de una expansión de estas características, antes de decidir cuánto sumar, hay que saber para qué, cómo y qué se va a preservar”, remarcó.
Impacto ambiental fue otro de los puntos centrales de su análisis
Lovece subrayó que no se trata solo de hectáreas disponibles para urbanizar, sino de “bosques, paisajes, cuencas hídricas y recursos naturales que cumplen un rol clave tanto para la calidad de vida como para la economía de la ciudad”.
En particular, advirtió que el “turismo, principal actividad económica de Ushuaia, depende en gran medida de la preservación del entorno natural, por lo tanto, estamos vendiendo paisaje, naturaleza y medio ambiente al mundo”, afirmó, cuestionando la visión que considera improductivo al territorio que no está urbanizado.
En esa línea, alertó sobre los “efectos cruzados” de políticas que, al “favorecer una actividad, terminan destruyendo otras”.
Comparó la discusión del ejido urbano con otras decisiones recientes en materia ambiental y productiva, y sostuvo que “todas parten de una premisa equivocada, la de creer que el paisaje solo adquiere valor cuando se construye sobre él”.
También puso el foco en las limitaciones actuales del Estado para gestionar el territorio ya urbanizado y enumeró problemas estructurales que persisten en Ushuaia como el “déficit energético, dificultades en el acceso al agua, falencias en la provisión de servicios básicos, intrusamientos, barrios con urbanización incompleta y falta de control efectivo por parte del municipio y la provincia”.
En ese contexto, se preguntó cómo podría el “Estado hacerse cargo de un ejido seis veces mayor cuando no logra dar respuesta adecuada a las 2.300 hectáreas actuales”.
Lovece fue especialmente crítico con la forma en que se intenta involucrar a los vecinos de los barrios altos en el debate legislativo y si bien reconoció la legitimidad de sus demandas, cuestionó que “se los convoque masivamente a un plenario, exponiéndolos a una falsa dicotomía entre planificación y necesidad”.
A su entender, esa “estrategia responde más a una lógica electoralista que a un verdadero proceso participativo y termina enfrentando a sectores sociales entre sí”.
En ese punto, no descartó que “detrás del proyecto existan intereses políticos y económicos, desde promesas de tierra con fines electorales hasta movimientos especulativos del mercado inmobiliario”.
También recordó “prácticas del pasado, cuando ante la falta de políticas habitacionales se alentaba de manera informal la ocupación de tierras, generando asentamientos precarios que luego el Estado debía regularizar con enormes costos sociales y ambientales”.
Para Lovece, repetir ese esquema implicaría una “involución como sociedad e insistió en que otorgar un lote no resuelve por sí solo el problema habitacional si no va acompañado de trabajo, servicios, infraestructura y condiciones dignas de vida”.
Como ejemplo, mencionó sectores de la ciudad que “aún hoy carecen de agua, gas o electricidad, incluso dentro de urbanizaciones consolidadas”.
Llamó a la ciudadanía a mantenerse “atenta y a exigir responsabilidad a sus representantes” y sostuvo que la “política debe recuperar seriedad, coherencia y honestidad, y advirtió que las alianzas circunstanciales que hoy impulsan el proyecto pueden desarmarse mañana, dejando a la ciudad con decisiones irreversibles ya tomadas”.
Finalmente dijo que “no se está poniendo en juego un pedazo de tierra, sino el futuro de Ushuaia”, concluyó, reclamando cordura y una discusión profunda que esté a la altura del territorio y de las generaciones futuras.
