La Acordada Nº 02/2026 del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dispone medidas de austeridad para enfrentar la reducción del 14% en el presupuesto judicial. El monto asignado para este año es de $122.283 millones, $13.715 millones menos de lo solicitado, lo que obliga a suspender concursos, designaciones y limitar gastos en bienes, obras y viáticos.
Ushuaia. – Los Cortesanos, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Muchnick, María del Cármen Battainni y Edith Miriam Cristiano se reunieron en acuerdo pleno y resolvieron medidas extraordinarias frente al Decreto Provincial Nº 32/2026, que recondujo el presupuesto 2025 con una fuerte reducción.
En el texto, los jueces advierten que la medida “importa una disminución aproximada del catorce por ciento (14 %) del total de los recursos oportunamente proyectados”, afectando directamente la capacidad operativa y administrativa del Poder Judicial.
La acordada subraya que las disposiciones “no podrán interpretarse ni aplicarse de modo tal que comprometan el acceso a la justicia, la independencia judicial, ni el cumplimiento de mandatos constitucionales y legales”.
Entre los puntos más relevantes de la resolución se destacan:
-“Disponer la restricción general de la adquisición de bienes e insumos, limitándola exclusivamente a aquellos estrictamente indispensables para la continuidad del servicio de justicia”.
-“Suspender la adquisición de equipamiento informático… salvo autorización expresa del Superior Tribunal de Justicia fundada en razones de criticidad operativa”.
-“Suspender la designación de personal” y “suspender el inicio de nuevos concursos, las promociones y ascensos”.
-“Suspender el reconocimiento de viáticos en todos los niveles del Poder Judicial”.
-“Supeditar la ejecución de obras públicas a la existencia de fondos… manteniéndose únicamente la obra del muro de contención del edificio del Superior Tribunal de Justicia”.
Además, se ordena evaluar periódicamente las medidas cada 90 días y se establece que la Secretaría de Superintendencia deberá elevar informes trimestrales sobre su impacto.
La Acordada Nº 02/2026 marca un punto de inflexión en la gestión judicial fueguina: con un presupuesto de $122.283 millones, pero recortado en $13.715 millones, el Superior Tribunal se ve obligado a congelar expansiones y limitar gastos para garantizar la continuidad del servicio.
El texto refleja la tensión entre la necesidad de austeridad y la obligación constitucional de asegurar el acceso a la justicia. En palabras del propio tribunal, las medidas “tienen carácter preventivo y correctivo, no importan una renuncia a las necesidades estructurales… y deberán ser objeto de seguimiento periódico”.
