El legislador de FORJA y presidente del partido en Tierra del Fuego, Federico Greve, lanzó durísimas críticas contra el Gobierno nacional por la intervención del Puerto de Ushuaia, a la que calificó como ilegítima, sin sustento jurídico y con claros intereses políticos y económicos.
Río Grande.- En dialogo con Radio Provincia, Greve advirtió que “la Nación desplazó autoridades legalmente constituidas, se apropió de la recaudación portuaria y dejó a la provincia sin recursos para afrontar salarios, todo mediante un procedimiento traumático y a espaldas de la institucionalidad”.
Greve sostuvo que la resolución de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)) constituye, en los hechos, una intervención federal encubierta, ejecutada “a las doce de la noche, en enero, con Gendarmería en la puerta y sin ningún tipo de diálogo previo”.
“Sacaron a las autoridades del puerto y ahora están cobrando los servicios y quedándose con la plata de los fueguinos. Eso es lo grave”, sentenció.
Sin denuncia penal y con argumentos “falaces”
Uno de los ejes centrales de la crítica del legislador apunta a la ausencia de denuncias penales previas, pese a que la Nación justificó la intervención alegando supuesta malversación y desvío de fondos.
“Si hay malversación de fondos, eso es un delito penal, lo que corresponde es hacer una denuncia penal, no intervenir primero para después investigar”, remarcó Greve, y calificó esa lógica como “un atropello institucional”.
En ese sentido, desmintió uno de los fundamentos utilizados por ANPYN como “la supuesta transferencia de fondos del puerto a la OSEF”.
En este marco, sostuvo que “el puerto no transfirió un solo peso a la OSEF, ese argumento es directamente falso”, afirmó, y sustentó que la “intervención no tiene que ver con irregularidades reales, sino con otras intenciones que nada tienen que ver con el funcionamiento del puerto”.
Fondos retenidos y salarios en riesgo
Greve alertó además sobre las consecuencias económicas inmediatas de la intervención, explicando que “la Dirección Provincial de Puertos no está recibiendo ningún ingreso, pese a que la actividad continúa con normalidad”.
“La recaudación del puerto es la que paga los salarios. Si la Nación se queda con esa plata, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar a los trabajadores?”, planteó, y advirtió que se trata de una situación “extremadamente grave”.
En ese marco, confirmó que presentó un pedido de informes en la “Legislatura para exigirle a la intervención que explique qué hace con la recaudación, en qué cuentas se deposita el dinero y cuál es el plan de inversión”.
“O le contestan a la Justicia o le contestan a la Legislatura, porque están claramente extralimitando sus funciones”, disparó.
Críticas a la pasividad institucional y respaldo al reclamo
El legislador también cuestionó a quienes minimizan la situación y desalientan protestas para no “molestar al turismo”.
“¿Cuándo se obtuvo algún derecho sin reclamar? ¿Cómo no vamos a protestar si nos están sacando recursos y avasallando competencias?”, se preguntó.
Sobre el rol del Fiscal de Estado, Greve señaló que, más allá de las discusiones formales, lo central es “defender los intereses provinciales, ya sea que accione el gobernador o el propio fiscal”.
Asimismo, dijo que “las formalidades son secundarias. Acá lo importante es que el Gobierno nacional se llevó el puerto por la fuerza y sin fundamentos”, subrayó.
Una intervención con trasfondo político
Finalmente, Greve sostuvo que “la intervención no se sostiene ni técnica ni jurídicamente, y descartó los argumentos sobre riesgos en la infraestructura portuaria”.
“Si el puerto fuera tan peligroso como dicen, ninguna empresa multinacional de cruceros operaría acá. Es una falacia”, afirmó.
Por último, dijo que “esto es una decisión política y económica, ejecutada con complicidades locales y frente a eso, la provincia no puede quedarse callada”, concluyó.
