El jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte, apuntó contra el Gobierno provincial por la suba unilateral de la alícuota, el atraso de más de 10.000 millones de pesos y la falta de previsibilidad financiera. “Así no se puede gobernar ni garantizar la paz social”, advirtió.
Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia encendió una señal de alarma política e institucional frente a lo que considera un recorte encubierto y un atraso inadmisible en el envío de fondos de coparticipación municipal, decisiones que, según denunció el jefe de Gabinete Sebastián Iriarte, ponen en “riesgo la prestación de servicios básicos, la estabilidad laboral y la gobernabilidad local”.
En una entrevista con FM del Pueblo, Iriarte fue categórico al sostener que “el municipio enfrenta dos frentes simultáneos de conflicto financiero con el Gobierno provincial, por un lado, la suba unilateral de una alícuota destinada a financiar el subsidio al gas envasado, que impacta directamente sobre los recursos municipales y por el otro, un atraso de más de 30 días en la remisión de fondos de coparticipación, que ya acumula una deuda cercana a los 10.000 millones de pesos solo con Ushuaia”.
Decisiones “inconsultas” y falta de diálogo real
El funcionario cuestionó con dureza la forma en que se adoptó el incremento de la alícuota, un 1,78% dispuesto por resolución del Ministerio de Economía provincial, al sostener que “se trató de una medida “intempestiva, inconsulta y comunicada únicamente a través del Boletín Oficial”.
“Así es imposible planificar las finanzas municipales”, remarcó Iriarte, al advertir que la “ausencia de diálogo previo rompe cualquier esquema de previsibilidad, una condición básica para administrar un municipio que debe garantizar servicios esenciales todos los días”.
En ese marco, el jefe de Gabinete dejó una definición política de fondo al sostener que “la Provincia tiene otros sectores donde ajustar antes que tocar recursos que no le pertenecen, y que son clave para el funcionamiento cotidiano de las ciudades”.
$10.000 millones de atraso y una amenaza concreta a la paz social
El segundo eje del reclamo es aún más grave, dado que según precisó Iriarte, el atraso en el envío de fondos ya supera los “30 días y podría incrementarse en el corto plazo. La consecuencia directa, advirtió, es una crisis inminente en servicios esenciales”.
“Si esto sigue escalando, va a terminar afectando la paz social”, alertó sin eufemismos.
La ecuación es directa, si el “municipio no puede cumplir con los contratos de servicios como recolección de residuos o transporte, el conflicto se traslada a los trabajadores y deriva en protestas gremiales y parálisis urbana”.
“La Provincia recibe coparticipación a diario por parte de Nación, pero eso no se replica hacia los municipios”, explicó, y reclamó que “Tierra del Fuego avance hacia una ley de goteo de coparticipación, que garantice envíos automáticos, previsibles y no discrecionales”.
Decisiones políticas, no solo problemas económicos
Consultado sobre si el retraso responde a dificultades financieras provinciales o a una decisión política, Iriarte fue tajante al sostener que “ambas opciones son políticas”.
“De dónde se toman los recursos, qué se prioriza y qué se posterga, siempre es una decisión política”, sostuvo.
En ese sentido, reclamó que “la Provincia respete estrictamente los fondos que pertenecen a los municipios, sin pedir privilegios ni excepciones”.
“No pedimos más ni menos que lo que nos corresponde”, insistió, al remarcar que el “recorte contradice las previsiones presupuestarias con las que el municipio inició el año”.
Un conflicto que erosiona la relación política
El jefe de Gabinete reconoció que el “diálogo institucional no está formalmente roto, pero dejó en claro que ya no alcanza con conversaciones de segunda o tercera línea”.
“Lo que hacen falta son decisiones políticas”, subrayó, y cuestionó que “no exista una comunicación franca sobre atrasos, prioridades o dificultades reales”.
En un año con posible calendario electoral, el conflicto adquiere una dimensión adicional. Iriarte admitió que la “relación Provincia–Municipio se tensó y que las decisiones unilaterales rompen un esquema de diálogo que venía funcionando”.
Puerto, coparticipación y un mismo problema de fondo
Aunque el eje central fue la coparticipación, Iriarte también vinculó la situación con la intervención del Puerto de Ushuaia, otro factor de incertidumbre económica.
Remarcó que “el puerto es un pilar estratégico para la ciudad, clave para el turismo, la pesca y la logística antártica”.
“No puede parar ni 20 días”, advirtió, y reclamó que “la Provincia asuma su responsabilidad por no haber subsanado a tiempo las observaciones del organismo nacional, evitando así una crisis que pone en riesgo recaladas, inversiones y empleo”.
Una advertencia política clara
El mensaje del jefe de Gabinete fue directo y sin rodeos al mantener que “sin previsibilidad financiera no hay gestión posible, y sin respeto a la coparticipación se compromete la gobernabilidad local”.
La advertencia no apunta solo a una coyuntura económica, sino a un modelo de relación entre Provincia y municipios.
“Hay recursos que son municipales”, repitió Iriarte, marcando un límite político claro.
El conflicto está planteado. Y si no hay correcciones rápidas, Ushuaia avisa que el costo no será solo contable: se trasladará a la calle, a los servicios y a la estabilidad social.
