El legislador del MPF advirtió que la causa judicial contra la ANPYN se inició sin estrategia ni respaldo institucional, dejando a la Provincia sin defensa técnica. Además, expuso una fractura interna que debilita la posición fueguina frente a Nación.
Ushuaia.- La intervención del puerto de Ushuaia por parte de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) no solo abrió un conflicto de alto voltaje entre la Nación y la Provincia. En las últimas horas, sumó un elemento aún más delicado como lo es una crisis institucional interna que, según el legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, no tiene precedentes en los más de 30 años de historia provincial.
En una entrevista concedida a Radio Provincia, Villegas advirtió públicamente sobre una “situación de gravedad institucional cardinal”, a partir de la decisión del Fiscal de Estado y de todo su cuerpo de profesionales de excusarse de intervenir en la causa judicial iniciada por el gobernador contra el Estado nacional.
Una excusación que, lejos de ser un tecnicismo procesal, expone, según el legislador, una “profunda fractura en la conducción política y jurídica del Ejecutivo fueguino”.
Una causa sin Fiscal de Estado
El dato es contundente, dado que la demanda judicial que impulsa el Gobierno provincial para cuestionar la intervención del puerto de Ushuaia no fue diseñada ni patrocinada por la Fiscalía de Estado, el órgano constitucional encargado de representar judicialmente a la Provincia.
Villegas relató que, “tras solicitar formalmente información, tomó conocimiento de la Nota N°30 de la Fiscalía de Estado, en la cual el fiscal y todos sus integrantes se excusan de intervenir en el expediente”.
El motivo, nunca fueron instruidos por el gobernador, no participaron en la definición de la estrategia procesal y mantienen “discrepancias sustanciales” sobre el órgano que debía promover la acción, el momento procesal y el ámbito judicial elegido.
“En términos institucionales, esto es de una gravedad extrema”, advirtió Villegas.
“Estamos hablando de un enfrentamiento inédito entre Nación y Provincia por uno de los activos estratégicos más importantes que tiene Tierra del Fuego, y el órgano constitucional encargado de defender el patrimonio provincial quedó completamente al margen”.
Un antecedente sin parangón
Para el legislador del MPF, no “existen antecedentes comparables, no solo por la intervención del puerto, que calificó como un hecho de enorme trascendencia institucional, sino porque toda la Fiscalía de Estado se aparta de una causa iniciada por el propio gobernador, alegando falta de instrucción y desacuerdo con la estrategia adoptada”.
“No es un hecho menor ni administrativo. Es una señal de alarma institucional”, sostuvo. “Que el Fiscal de Estado y todos sus miembros se excusen por diferencias con el Ejecutivo, por no haber sido convocados y por no compartir la estrategia judicial, pone en jaque la posición de la Provincia frente a la Nación”.
Villegas fue más allá y apuntó directamente al corazón del problema que es la conducción política del conflicto y sin nombrarlo explícitamente, señaló al “Secretario Legal y Técnico del Gobierno provincial como el funcionario que habría definido, de manera unilateral, tanto las presentaciones administrativas previas ante la ANPYN como la posterior demanda de inconstitucionalidad ante el Juzgado Federal”.
Estrategia confusa, defensa debilitada
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la evaluación de la estrategia judicial adoptada por el Ejecutivo, para lo cual, Villegas cuestionó “no solo la exclusión de la Fiscalía de Estado, sino también el ámbito elegido para litigar, al considerar que una disputa de esta naturaleza, un conflicto directo entre Nación y Provincia, debió haberse planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Todo es muy confuso”, afirmó, al tiempo que agregó que “uno no sabe si esto responde a un mal asesoramiento, a decisiones subjetivas o a una acción deliberada. Lo que sí está claro es que no se actuó con razonabilidad institucional”.
En ese contexto, alertó que “la excusación del Fiscal de Estado podría debilitar seriamente la posición procesal de Tierra del Fuego, justo en un escenario donde se discute la autonomía provincial para administrar y gestionar su principal puerto”.
El trasfondo administrativo: préstamos y auditoría
Villegas también puso el foco en el expediente administrativo que derivó en la intervención nacional, tras analizar la auditoría realizada por la Nación, señaló como “uno de los puntos más sensibles el préstamo de 4.000 millones de pesos que el puerto de Ushuaia otorgó al Ministerio de Economía provincial en julio del año pasado, sumado a otro préstamo previo de aproximadamente 200 millones”.
“Son situaciones que no se condicen con una gestión razonable y que deben ser investigadas seriamente”, afirmó, al tiempo que agregó que “tanto lo ocurrido antes de la intervención como lo que pasó después merece un análisis profundo y objetivo”.
El rol del Poder Legislativo
Ante este escenario, Villegas sostuvo que “el Poder Legislativo no puede permanecer al margen”.
Consideró imprescindible abrir una “investigación política e institucional para determinar responsabilidades, tanto en la gestión administrativa del puerto como en la estrategia judicial adoptada”.
“Hay que investigar qué pasó y por qué pasó”, remarcó.
“Pero también hay que buscar soluciones, no alcanza con el frente judicial: hace falta un frente político e institucional para recuperar el puerto, que es de los fueguinos”.
En ese sentido, llamó a “actuar con firmeza, pero también con inteligencia política, para reconstruir canales de diálogo con el Gobierno nacional y evitar que la Provincia quede atrapada en una disputa mal planteada y peor defendida”.
Una advertencia que incomoda
Las declaraciones de Villegas no solo exponen una interna delicada, sino que colocan al Gobierno provincial ante un espejo incómodo como lo es una causa judicial sin el respaldo de su órgano constitucional de defensa, una estrategia cuestionada desde dentro del propio Estado y un activo estratégico intervenido por la Nación.
“Acá ha habido un desatino y una mala praxis política institucional”, sentenció el legislador del MPF, al tiempo que agregó que “no se manejaron de manera clara ni contundente y eso, en un conflicto de esta magnitud, tiene consecuencias”.
Mientras la intervención del puerto de Ushuaia sigue su curso y la causa judicial avanza en un terreno incierto, la advertencia queda planteada, la mayor debilidad de Tierra del Fuego hoy no está solo afuera, sino puertas adentro.
