El legislador presentó un proyecto para declarar la emergencia productiva, ambiental y sanitaria en Tierra del Fuego. Alertó por el impacto en la producción rural, el riesgo de enfermedades y la falta de financiamiento para abordar el problema.
Río Grande. – Por Radio Provincia, el legislador provincial Matías Lapadula confirmó la presentación de un proyecto de ley para declarar la emergencia productiva, ambiental y sanitaria en Tierra del Fuego ante el avance de los perros asilvestrados, una problemática que, según advirtió, ya genera graves consecuencias en el sector rural y representa un riesgo para la salud pública. “Claramente estamos en una situación de emergencia. De emergencia no sólo desde lo productivo, sino desde lo ambiental y sanitario”, afirmó.
Lapadula sostuvo que la proliferación de estos animales pone en peligro no sólo la actividad agropecuaria, sino también la salud de la población. En ese sentido, alertó sobre la posible reaparición de enfermedades erradicadas: “Ha habido nuevamente en la provincia casos de hidatidosis, una enfermedad que estaba erradicada. Con este problema de los perros asilvestrados, corremos el riesgo de que esa enfermedad, que además es grave y afecta a las personas, pueda regresar”.
Proyecto de emergencia y suspensión de la prohibición de eutanasia
El proyecto presentado propone declarar la emergencia por un plazo de cinco años y suspender la aplicación de la Ley 680, que prohíbe la eutanasia de perros, con el objetivo de permitir medidas excepcionales para controlar la población asilvestrada. “Como toda emergencia, las medidas nos pueden gustar o no, pero hay que tomarlas, no se puede seguir sin hacer nada”, remarcó.
En ese sentido, el legislador fue contundente sobre la gravedad de la situación y la necesidad de actuar antes de que ocurra una tragedia mayor. “No podemos esperar una tragedia para darnos cuenta de la dimensión del problema. Hay que atacar el problema de una vez por todas”, afirmó.
Asimismo, consideró que la normativa vigente ha resultado insuficiente para abordar la problemática, especialmente en el ámbito rural. “Tenemos una ley de manejo de poblaciones de perros que no ha dado ningún resultado, porque no se establecía nada. Simplemente se creaba un comité para relevar la situación, pero no se trabajó ni se hizo nada respecto a lo que es la zona rural, que es donde está el verdadero problema”, cuestionó.
Falta de financiamiento y crítica a la política actual
Lapadula también cuestionó la escasa asignación de recursos para enfrentar la problemática, al señalar la marcada diferencia entre el financiamiento provincial y el municipal. “La ley 1146 destina 1.400.000 pesos por año a tratar de solucionar el problema de los perros. ¿Qué se puede financiar con eso? Nada prácticamente”, sostuvo.
En contraste, destacó el esfuerzo de los municipios: “El municipio de Río Grande destina casi 2.000 millones de pesos anuales a lo que es el control de mascotas, vacunación y castraciones masivas”, explicó, al tiempo que remarcó la necesidad de un programa provincial con financiamiento real para erradicar el problema.
El legislador también apuntó a la responsabilidad social en el origen de la problemática. “Llegamos a esta situación por la desidia de muchos vecinos y vecinas que no cumplen con las normativas en cuanto a la tenencia responsable de mascotas”, afirmó.
Medidas integrales y trabajo coordinado
Lapadula remarcó que la solución debe ser integral y coordinada entre todos los niveles del Estado, los productores y especialistas. “Necesitamos encararlo de manera coordinada, tanto los estados municipales como provinciales, para realmente atacar el problema”, señaló.
Además, indicó que el proyecto prevé la participación de sectores técnicos y científicos para definir las medidas más adecuadas. “Es importantísimo que participemos todos, claramente los sectores de la producción, los municipios y los sectores científicos, que tienen que aportar en la manera y la forma de eliminar a los perros que están en la zona rural”, explicó.
En ese marco, insistió en que la declaración de emergencia permitirá dotar al Estado de herramientas concretas para intervenir. “Tenemos que tomar medidas que por ahí no nos gustan a todos, pero que son necesarias para dar una solución definitiva”, concluyó.
Preocupación por la situación económica y la crisis de la OSEF
En otro tramo de la entrevista, Lapadula advirtió que 2026 será un año complejo para la provincia debido al impacto económico y la caída de la actividad industrial. “Estamos con muchísimos problemas económicos, con muchísimos problemas también desde las finanzas públicas”, afirmó.
También se refirió a la crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a la que calificó como una situación “muy compleja” y en muchos casos “dramática”. “Cuando se trata de salud se necesita la solución urgente, no puede esperar”, sostuvo.
El legislador remarcó que será necesario avanzar en reformas estructurales para garantizar la sustentabilidad del sistema. “La obra social necesita más recursos, pero también hay que empezar a administrarla de manera ordenada y eficiente”, concluyó.
