La referente de las amas de casa en Tierra del Fuego cuestionó con dureza la media sanción en el Senado y denunció que el proyecto no trae modernización sino “más vulnerabilidad” para el sector más débil del mercado laboral. “Hoy estamos todos en el Titanic”, disparó.
Río Grande.- La media sanción de la Reforma Laboral en el Senado encendió alarmas en distintos sectores, pero en Tierra del Fuego el impacto golpea especialmente a uno de los eslabones más frágiles del mundo del trabajo: las empleadas de casas particulares.
Dora Sánchez, referente histórica del sector de amas de casa en la provincia, no dudó en apuntar contra el Gobierno nacional y describir el nuevo escenario como un paso atrás que, lejos de ordenar, “legaliza la precariedad” que ellas padecen desde hace años.
En una entrevista con FM del Pueblo, Sánchez fue directa al sostener que “ellos le llaman modernización, le ponen un nombre lindo para que no te duela, pero te cortan la cabeza con una reforma de este tipo”.
Además, agregó una definición que resume su preocupación al sostener que “con esta media sanción se legaliza nuestra situación. Lo que ahora les va a pasar a otros trabajadores, a nosotras nos pasa desde siempre”.
“Siempre estuvimos con el agua al cuello”
Para Sánchez, el discurso oficial que habla de competitividad y dinamismo del empleo “desconoce —o decide ignorar— la realidad concreta del trabajo doméstico”.
Según explicó, la mayoría de las “trabajadoras del sector no está correctamente registrada, no percibe horas extras como corresponde, no cobra feriados y muchas veces ni siquiera accede a vacaciones formales”.
“La mayoría no tiene reconocimiento de feriados, de vacaciones, de bonos, de aumentos. Las horas extras no existen. Si trabajan más allá de su horario, no se pagan al 50% como corresponde. Eso no existe”, afirmó.
En ese contexto, la reforma no representa un cambio abrupto para ellas sino la validación de un esquema que ya opera en la práctica.
“Hoy estamos todos en el Titanic. Ahora todos saben lo que es tener el agua al cuello. Pero nosotras venimos así desde siempre”, lanzó.
Un sector sin defensa real
Uno de los puntos más sensibles que expuso la dirigente es la extrema vulnerabilidad institucional del sector en la provincia, dado que “no existe un gremio formalmente constituido en Tierra del Fuego, lo que deja a las trabajadoras sin capacidad efectiva de negociación colectiva”.
“Yo no puedo convocar a un paro. No puedo decirles cuánto tienen que cobrar. Es un acuerdo entre partes con el empleador. No tenemos convenio colectivo, no tenemos asambleas, no tenemos respaldo real”, explicó.
La situación se agrava en un contexto donde, según señaló, “algunas compañeras ya están perdiendo sus puestos por intentar reclamar condiciones mínimas”.
“Hay varias que me dijeron que les dijeron ‘no vengas más’ por querer hacer valer algo que supuestamente es un derecho. Y hoy no tenemos ningún derecho ganado”, advirtió.
En ese sentido, rechazó la idea de confrontación indiscriminada y remarcó que “su prioridad es cuidar a las trabajadoras”, dijo, al tiempo que agregó que “yo confronto, pero no mando a las compañeras a confrontar porque el que se queda sin trabajo es la compañera”, subrayó.
Salarios, aportes y una ley con vacíos
Durante la entrevista, Sánchez detalló que “el salario mensual por 48 horas semanales ronda los 510 a 520 mil pesos, aunque reconoció que los acuerdos varían caso por caso”. También denunció irregularidades frecuentes en el pago de aportes y en la liquidación de adicionales por zona patagónica.
“Muchos empleadores muestran los valores sin aclarar que hay que agregar el 30% por zona. Y la compañera, por necesidad, agacha la cabeza y sigue”, sostuvo.
Además, cuestionó falencias estructurales de la ley vigente para el sector, como la “no acumulatividad de aportes jubilatorios, lo que impide que muchas trabajadoras alcancen el mínimo requerido para jubilarse”.
“Si trabajás en tres o cuatro casas y los aportes no se acumulan, no llegás nunca. Y nadie modificó eso”, denunció.
Según relató, intentó en reiteradas oportunidades plantear estas problemáticas ante legisladores nacionales y provinciales, sin resultados concretos.
“Muchísimas fotos, pero ningún proyecto presentado. Ni en el Senado, ni en Diputados, ni en la Legislatura provincial”, reprochó.
Un reproche directo al Gobierno
El eje más crítico de sus declaraciones apuntó a la narrativa oficial que justifica la reforma en nombre de la eficiencia y la generación de empleo.
Cuando desde el oficialismo se argumenta que flexibilizar condiciones favorece la recontratación y dinamiza el mercado laboral, Sánchez replica con ironía amarga al sostener que “hablan de reconocer antigüedad. Nosotras tenemos 1% por año desde 2020. ¿Y el resto de nuestros derechos?”.
Para la dirigente, la reforma no corrige desigualdades sino que profundiza la desprotección. “Esto no es modernizar. Es reconocer como normal lo que está mal. Es decirle al trabajador: arreglate”, afirmó.
Y dejó una advertencia política de fondo al marcar que “si se le complica al empleador, que en su mayoría también es trabajador, a nosotras se nos complica el doble. Siempre el ajuste cae sobre el más débil”.
“Que nos escuchen antes de reformar”
Lejos de resignarse, Sánchez adelantó que continúa en contacto con el sindicato nacional del sector y participando en capacitaciones sobre derechos laborales. Sin embargo, dejó en claro que la pelea es desigual.
“En el municipio me escuchan. En otros niveles, no. Pero no me voy a callar. Son derechos de las compañeras”, afirmó.
El mensaje final tuvo un tono que mezcló indignación y advertencia al sostener que “hoy todos sienten la soga al cuello. Ojalá que cuando esto pase y volvamos a ser el país que nos merecemos, se acuerden de reconocer derechos antes de quitarlos”.
En Tierra del Fuego, la media sanción de la Reforma Laboral no se vive como una promesa de modernización. Para las empleadas de casas particulares, según la voz de una de sus referentes, es la confirmación de una precariedad que ahora amenaza con institucionalizarse.
