El diputado fueguino rechazó el proyecto para reducir la edad penal juvenil y denunció que la iniciativa “pena al último eslabón” mientras se desfinancian “educación y políticas sociales”. También cuestionó el “avasallamiento” de la Nación sobre el puerto de Ushuaia y advirtió sobre una avanzada de desprotección laboral.
Río Grande.- En una extensa entrevista con FM del Pueblo, el diputado nacional Agustín Tita dejó en claro que su voto negativo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad no fue una decisión aislada ni ideológica, sino parte de una mirada más amplia sobre el rumbo del Gobierno nacional.
“Estamos hablando de niños, de chicos en plena formación. Y la discusión se redujo a si son 14, 13 o 12 años”, cuestionó.
El debate en la Cámara fue áspero, con cruces, gritos y un clima de tensión que, según relató el propio legislador, incluso obligó a la presidencia del cuerpo a llamar la atención por la falta de escucha entre pares.
En ese escenario, Tita decidió además plantear una cuestión de privilegio para denunciar la intervención de la Nación sobre el puerto de Ushuaia, sumando un componente institucional a una jornada ya cargada de controversia.
“Se discute pena, pero no recursos”
El eje central de su crítica fue la ausencia de políticas de acompañamiento real para los jóvenes, por lo cual, para Tita, el proyecto penal juvenil expone una “contradicción estructural del oficialismo, endurecer castigos mientras se reducen partidas sociales”.
“Acá se habla de penas, pero no se habla de recursos. ¿Cómo se implementa una ley sin presupuesto? ¿Cómo se fortalecen los sistemas de contención si la prioridad excluyente es el déficit cero?”, disparó.
En su diagnóstico, dijo que “el Gobierno empuja responsabilidades a las provincias sin garantizar financiamiento, un país no es una empresa”, remarcó, en referencia a lo que describió como una lógica contable que prioriza el equilibrio fiscal “a costa de cualquier cosa”.
Para el diputado, la discusión fue reducida a una respuesta emocional frente al dolor de víctimas “absolutamente comprensible”, pero sin abordar las raíces estructurales del problema como lo es el “narcotráfico, exclusión, deserción escolar y ausencia estatal”.
“¿A quién se pena? Al último eslabón. Pero no discutimos en serio las penas para quienes están detrás del narcotráfico, para los que usan a los chicos”, advirtió.
Seguridad sin Estado presente
Lejos de negar la problemática de la inseguridad, Tita reconoció que “existen demandas sociales de mayor firmeza”.
Sin embargo, planteó que “endurecer el régimen penal juvenil sin fortalecer educación y espacios de contención equivale a sacarse el problema de encima”.
En ese sentido, reclamó más “escuelas, más espacios comunitarios y más herramientas para el desarrollo juvenil”, dijo, al tiempo que agregó que “del otro lado hay gente que los busca para delinquir. Si el Estado se retira, alguien ocupa ese lugar”, señaló.
La crítica fue directa al discurso oficial que, según dijo, intenta presentar la reforma como una muestra de “Estado presente”. “Esto está muy lejos de ser un Estado presente. Es todo lo contrario”, afirmó.
Puerto, soberanía y cuestión de privilegio
En medio del debate penal, Tita aprovechó su intervención para denunciar la intervención de la Administración Nacional sobre el puerto de Ushuaia.
Consideró que se trató de un “avasallamiento” a la autonomía provincial y de una acción “muy grave en términos institucionales”.
“El puerto está en funcionamiento, con crecimiento exponencial, con más de 500 recaladas y obras en marcha, no se puede disfrazar de control lo que es un atropello”, sostuvo.
Según relató, tras su exposición varios diputados de otras provincias se acercaron para expresar solidaridad y abrir canales de trabajo conjunto. El objetivo, explicó, era visibilizar una situación que podría replicarse en otras jurisdicciones.
Reforma laboral: la misma lógica
Consultado sobre la reforma laboral, el diputado trazó una línea directa entre ambos proyectos al manifestar que tanto la “baja de imputabilidad como la flexibilización comparten una matriz común, reducir el rol protector del Estado”.
“Hay cosas que discutir, claro que sí. Pero esta ley no busca un punto medio. Desprotege derechos que costaron mucho tiempo conquistar”, advirtió.
Y añadió que “la ley está para equilibrar entre empleador y trabajador, no para dejar al individuo solo frente a una corporación”, concluyó.
