El titular de la DPP aseguró que el Gobierno Nacional mantiene tomado el puerto sin presentar un plan de obras, ni auditorías nuevas. Cuestionó el giro de los recursos a una cuenta nacional y advirtió que la medida responde más a una decisión política que a una cuestión técnica o de seguridad.
Río Grande.- La intervención del puerto de Ushuaia continúa sin modificaciones sustanciales desde la madrugada del 21 de enero. Así lo afirmó el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, quien en una entrevista con FM La Isla sostuvo que, a casi un mes del desembarco nacional, “no hubo absolutamente ningún cambio operativo, salvo uno, los recursos que antes ingresaban a la provincia ahora van a una cuenta nacional”.
“Desde las 23.59 hasta las 00.03, cuando se produjo la intervención, no cambió nada en la operatoria, los buques siguen entrando, los pasajeros siguen bajando, el combustible se sigue cargando, lo único que cambió es que no dejaron ingresar al personal provincial y que la recaudación ahora va a otra caja”, sintetizó.
Intervención sin plan
El funcionario fue tajante al describir el escenario actual al manifestar que “la provincia no puede operar en el muelle, 16 trabajadores fueron habilitados por la intervención nacional y el resto del personal quedó desplazado de las tareas logísticas y operativas. La conducción provincial, en tanto, continúa funcionando desde el edificio administrativo fuera del predio portuario, limitada a tareas formales y jurídicas”.
Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la intervención fue una auditoría que señalaba presuntas falencias estructurales en el muelle.
Sin embargo, Murcia afirmó que “no se presentó ningún plan de contingencia ni cronograma de obras posterior a la toma de control”.
“No hubo plan de mantenimiento, no hubo plan de inversión, no hubo ninguna comunicación formal explicando qué van a hacer. Y lo más llamativo es que el sector que supuestamente representaba un riesgo sigue siendo utilizado exactamente igual que antes”, remarcó.
Según explicó, el “sitio cuestionado era utilizado por una embarcación menor y así continúa hoy, si realmente había riesgo para las personas, ¿cómo es que ahora funciona con total normalidad?”, planteó.
La caja y el federalismo
El eje más crítico de la exposición del titular de la DPP fue el destino de los recursos al sostener que “las tasas portuarias, uso de muelle, certificaciones, tasas de pasajeros, que históricamente ingresaban a una cuenta provincial, hoy se depositan en el Banco Nación a nombre de la Administración General de Puertos (AGP), organismo en proceso de liquidación”.
Murcia explicó que “esa recaudación pertenece al puerto provincial, propiedad de Tierra del Fuego, y que la provincia ya analiza acciones para exigir que los operadores vuelvan a depositar en la cuenta local”.
“El muelle es propiedad de la provincia. La Nación tiene facultades de habilitación y control, pero no es la dueña del puerto. Lo que hicieron fue entrar e intervenir un bien provincial”, sostuvo.
En ese marco, vinculó la “medida a una decisión política más amplia. Sin nombrar directamente a la Administración General de Puertos ni a su sucesora formal, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dejó entrever que la avanzada responde a una relación institucional deteriorada entre Nación y provincia”.
“Con esta gestión no hay diálogo. Las notas llegan con advertencias de intervención permanente. La propia resolución dice que si no colaboramos pueden volver a inhabilitar. Es una lógica de imposición”, describió.
Judicialización y pulseada política
La provincia presentó una “medida en la justicia federal solicitando que se retrotraiga la situación al día previo a la intervención, esa es hoy la hoja de ruta oficial, sostener el reclamo judicial mientras se contestan administrativamente los actos dictados por la intervención”.
Murcia no dudó en calificar el procedimiento como “un avasallamiento al federalismo” y aseguró que “existe acompañamiento sindical y social”.
Agregó que “los gremios portuarios realizaron asambleas y la CGT local expresó su respaldo a la conducción provincial”.
Más allá de la discusión jurídica, el conflicto abre un frente político de alto voltaje como lo es el control de uno de los principales nodos estratégicos de la provincia, en plena temporada turística y en un contexto nacional donde la centralización de recursos aparece como una política reiterada.
“Está claro que el puerto funciona si están ellos y no si estamos nosotros, esa es la lógica que impusieron”, concluyó Murcia.
Mientras la operatoria cotidiana continúa como si nada hubiera pasado, la disputa por la soberanía administrativa y financiera del puerto de Ushuaia se libra en los tribunales y en el terreno político. Por ahora, el muelle sigue activo; la institucionalidad, en cambio, permanece intervenida.
