Un informe oficial revela que la Caja de Previsión de la Policía del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego acumula una deuda superior a los 600 millones de pesos mensuales y enfrenta más de 70 amparos judiciales. Detrás de las cifras, 540 familias siguen sin cobrar sus haberes. El Gobierno Provincial recibe pedidos de intervención mientras los intentos de remate de inmuebles fracasan y la Legislatura guarda silencio.
Río Grande. – La crisis previsional que atraviesa la Caja de Previsión de la Policía y Penitenciaria Provincial y Compensadora del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego se profundiza con datos oficiales que confirman el colapso. El informe difundido hoy por El Diario del Fin del Mundo detalla que la deuda mensual supera los 600 millones de pesos, lo que impide cubrir las obligaciones corrientes y deja a 540 familias sin percibir sus salarios.
El fallo de la jueza Gabriela San Martín, dictado en noviembre de 2025, marcó un precedente judicial al ordenar el pago inmediato de haberes atrasados en el primer amparo presentado. Desde entonces, los reclamos se multiplicaron y hoy ya son más de 70 causas en trámite, con resoluciones favorables que obligan a la Caja a cumplir pagos que no puede sostener.
En paralelo, el expediente Nº 68/25 de la Fiscalía de Estado documentó las irregularidades administrativas y el desfinanciamiento de la institución, con atrasos en compensaciones y aguinaldos. Allí quedó asentado el pedido de intervención del Gobierno Provincial como último garante de los haberes de retirados y pensionados.
El informe oficial también confirma que los intentos de remate de inmuebles de la Caja fracasaron por falta de oferentes, lo que refleja el deterioro institucional y la desconfianza social. A este panorama se suma el silencio político: los legisladores de la Comisión 6 de la Legislatura Provincial, encargada de analizar los temas previsionales, apenas mantuvieron algunas reuniones con retirados el año pasado, pero en lo que va de 2026 no se han pronunciado ni emitido propuestas.
La combinación de deuda millonaria, judicialización masiva, fracaso de los mecanismos de financiamiento y ausencia de pronunciamiento legislativo coloca a la Caja en un punto crítico. La intervención provincial aparece como única salida para garantizar derechos básicos y evitar que la crisis se convierta en un símbolo más de ausencia estatal.
