El abogado sostuvo que el régimen nacional de grandes inversiones responde a otra lógica económica y que la crisis actual del sistema industrial de Tierra del Fuego se explica por años de modificaciones por decreto, inseguridad jurídica y caída del consumo. “Podemos ganar los juicios, pero tal vez ya no queden empresas”, advirtió.
Río Grande.- En medio del debate que volvió a instalarse en Tierra del Fuego sobre la posible adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el abogado Raúl Paderne analizó el escenario económico, jurídico e institucional que rodea a la Ley 19.640 y al subrégimen industrial fueguino.
En una extensa entrevista con FM La Isla, el especialista sostuvo que “ambos instrumentos no son comparables entre sí, cuestionó las modificaciones que se realizaron por decreto sobre el régimen promocional y advirtió que la crisis que atraviesa el sistema industrial de la provincia ya está generando efectos concretos en el empleo y en la continuidad de las empresas”.
Dos instrumentos distintos de desarrollo
El primer punto que abordó Paderne fue la discusión que se abrió tras el anuncio del gobernador de Tierra del Fuego de comenzar a analizar la posibilidad de adherir al RIGI.
Según el abogado, existe una “confusión inicial en el debate público cuando se intenta comparar directamente este régimen con la Ley 19.640”.
“Son dos instituciones absolutamente distintas, una es un régimen general de promoción económica con un subrégimen industrial y lo otro es un sistema de facilidades para grandes inversiones, no son equiparables”, explicó.
Desde su perspectiva, cada herramienta responde a “objetivos diferentes dentro de la política económica”.
“Mientras la Ley 19.640 fue diseñada como un esquema integral de desarrollo para el territorio fueguino, el RIGI aparece como un mecanismo específico para atraer capitales de gran escala”, explicó.
En ese sentido, señaló que “el nuevo régimen nacional tiene características más precisas para proyectos de gran envergadura”.
“El RIGI es mucho más específico para inversiones de esa magnitud, está pensado para ese tipo de proyectos”, indicó.
El cambio que explica el giro político
Paderne coincidió con la interpretación de que el cambio en la postura política respecto del RIGI estaría vinculado a modificaciones recientes en la normativa nacional.
En particular mencionó el decreto 105/2026, que “amplió el alcance del régimen e incorporó nuevos proyectos vinculados al sector energético”.
Con esta modificación, el sistema pasó a incluir expresamente “exploración y explotación de hidrocarburos, producción costa adentro, proyectos offshore, infraestructura asociada, como plantas de tratamiento y almacenamiento”.
Además, se establecieron umbrales de inversión significativos de “600 millones de dólares para nuevos desarrollos y 200 millones de dólares para proyectos offshore”.
Para Paderne, este cambio explica el interés renovado en el régimen al señalar que “indudablemente esto va de la mano de lo que se viene discutiendo con Terra Ignis y con la posibilidad de proyectos como una petroquímica, que ha sido históricamente un anhelo fueguino”, sostuvo.
Por qué la Ley 19.640 nunca atrajo grandes inversiones hidrocarburíferas
Uno de los interrogantes históricos en la economía fueguina es por qué la Ley 19.640, a pesar de sus beneficios fiscales, nunca logró atraer inversiones gigantescas en sectores como hidrocarburos o petroquímica.
Para Paderne, la explicación radica en la “naturaleza misma del régimen, la 19.640 es una ley de promoción económica general con un subrégimen industrial. No está específicamente diseñada para inversiones de esta magnitud”, explicó.
Según su visión, quienes analizan realizar inversiones multimillonarias buscan “marcos normativos diseñados específicamente para ese tipo de proyectos, con reglas claras y beneficios orientados a grandes capitales”.
“Quien va a hacer una inversión de esa escala busca un diferencial específico en la norma y cuando lo encuentra, elige ese sistema”, señaló.
La preocupación no es bajar impuestos sino respetar la ley
Otro de los puntos que analizó el abogado fue el anuncio del Gobierno nacional sobre posibles reformas impositivas que podrían discutirse próximamente en el Congreso.
En principio, Paderne consideró que “una eventual reducción de la presión tributaria no representaría un problema para el régimen fueguino”.
“Si las modificaciones van en el sentido de bajar impuestos, bienvenido sea”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que “la preocupación central es otra: el respeto a los derechos adquiridos dentro de la Ley 19.640”.
“El punto acá es el respeto a la ley. Lo que no se puede hacer es modificar un régimen legal mediante decretos”, remarcó.
El origen del conflicto: modificaciones por decreto
Uno de los ejes más críticos de su análisis se centró en las modificaciones que el régimen fueguino sufrió durante los últimos años.
Según explicó, tanto el “gobierno anterior como el actual utilizaron decretos para alterar aspectos del sistema promocional, algo que el abogado considera ilegal”.
“Aquí no se trata de responsabilizar a una sola administración, esto viene de varios gobiernos que han modificado el régimen por decreto”, señaló.
Para Paderne, ese procedimiento vulnera el “principio jurídico básico de que una ley solo puede ser modificada por otra ley”.
“El artículo 32 de la ley permitía al Poder Ejecutivo modificar el régimen, pero esa facultad venció en 2010. Desde entonces no se puede hacer más”, explicó.
“¿Cómo me dan derechos por ley y me los sacan por decreto?”
Para graficar el impacto de esta situación en el clima de inversiones, Paderne relató una experiencia que vivió con un empresario extranjero que opera bajo el régimen fueguino.
Según contó, el “inversor expresó su desconcierto con una frase simple pero contundente, no entiendo Argentina. ¿Cómo me dan derechos por ley y me los sacan por decreto?”, graficó.
Para el abogado, esa reflexión resume uno de los principales problemas estructurales del sistema como lo es “la falta de previsibilidad jurídica”.
Litigar contra el Estado en Argentina
La inseguridad jurídica también se refleja, según Paderne, en las “dificultades que enfrentan las empresas cuando deben recurrir a la justicia para defender sus derechos”.
Explicó que “muchas compañías iniciaron litigios contra el Estado nacional por las modificaciones introducidas en el régimen, pero el proceso judicial es complejo y lento”, dijo, al tiempo que agregó que “en algunos casos obtuvieron fallos favorables en primera instancia, aunque luego fueron revertidos en instancias superiores”.
“Actualmente varias causas avanzan hacia la Corte Suprema”, manifestó.
“Tenemos buenas posibilidades de ganar, pero podemos terminar ganando juicios con empresas que ya no existen”, advirtió.
El impacto en la economía fueguina
Paderne fue contundente al describir la situación actual del subrégimen industrial al sostener que “hoy estamos ante una crisis de empleo producto de esta normativa”, afirmó.
Aunque aclaró que “la caída del consumo también influye en la situación, sostuvo que la combinación de factores está deteriorando el funcionamiento del sistema industrial”.
“No se produce lo que no se vende”, resumió.
Las dificultades para frenar decisiones del Estado
El abogado también cuestionó el régimen legal que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional, vigente desde 2013.
Según explicó, la “normativa establece requisitos tan estrictos que en la práctica vuelve casi imposible obtener medidas judiciales rápidas que frenen decisiones administrativas”.
“La legislación sobre cautelares contra el Estado es tan restrictiva que hace prácticamente imposible conseguirlas”, afirmó.
El peor momento del régimen
Consultado sobre el estado actual del sistema promocional fueguino, Paderne fue categórico al afirmar que “para mí es el peor momento de la ley”, sostuvo.
A su entender, la combinación de “inseguridad jurídica, litigios constantes, caída del consumo y cambios regulatorios ha colocado al subrégimen industrial en una situación extremadamente delicada”.
La desigualdad al litigar contra el Estado
En su análisis institucional, Paderne también señaló que “existe una desigualdad estructural cuando un particular enfrenta al Estado en los tribunales”.
“Cuando uno litiga contra el Estado en Argentina parece que el Estado siempre tiene razón”, afirmó.
Según su experiencia profesional, el litigante privado “debe demostrar dos veces que tiene razón para poder ganar un juicio”.
Confianza en la justicia pese a las dificultades
A pesar de las críticas, el abogado concluyó su análisis con una mirada moderadamente optimista sobre el rol del Poder Judicial y recordó que “a lo largo de los años tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como tribunales provinciales han dictado fallos que permitieron corregir abusos o interpretaciones erróneas de la ley”.
“Siempre tenemos la libertad del litigio y la posibilidad de recurrir a la justicia”, sostuvo.
Por último, agregó que “muchas veces los fallos judiciales terminan funcionando como un ‘paño frío’ frente a las tensiones políticas o económicas”, concluyó.
