Documentos revelan un fuerte cruce entre el Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 y el Colegio Público de Abogados de Río Grande, luego de que la Justicia intentara derivar a ciudadanos sin asistencia letrada a la sede de los abogados para que aguarden allí a sus representantes.
Río Grande. – Un conflicto institucional ha estallado en el Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego. Documentos internos revelan un fuerte cruce entre el Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 y el Colegio Público de Abogados de Río Grande, luego de que la Justicia intentara derivar a ciudadanos sin asistencia letrada a la sede de los abogados para que aguarden allí a sus representantes.
El origen: Una medida de “prevención” judicial
Todo comenzó con una nota firmada por la Dra. Marina Paola Montero, titular del Juzgado de Familia N° 2, fechada el 16 de marzo. En ella, la magistrada argumenta que, debido a “situaciones recientemente acontecidas en la Mesa de Entradas” relacionadas con personas en “estado de exaltación”, se decidió que ningún justiciable podrá ser atendido sin la presencia de su abogado.
La orden judicial fue tajante: si una persona se presenta sola, se le indicará que debe dirigirse a la sede del Colegio de Abogados y “aguardar en dicho sector” hasta que su letrado se constituya en el juzgado. Según la jueza, la medida busca garantizar la seguridad del personal judicial y de los propios ciudadanos en un fuero de alta sensibilidad emocional.
La respuesta: “Imposibilidad material y riesgos de seguridad”
La reacción del Colegio de Abogados no se hizo esperar. Apenas 24 horas después, la institución envió una contundente réplica al Presidente del Superior Tribunal de Justicia rechazando la medida de plano.
El Colegio sostiene que es “material e institucionalmente imposible” cumplir con lo solicitado, fundamentando su postura en tres ejes críticos:
Falta de infraestructura: El Colegio no posee espacios de espera diseñados para el funcionamiento de los órganos judiciales.
Delegación de funciones: Afirman que la seguridad y el orden en los edificios públicos son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y no pueden ser transferidos a una entidad privada de derecho público.
Advierten que la permanencia forzada de personas en su sede podría generar conflictos para los cuales el personal administrativo del Colegio no tiene formación ni facultades de intervención.
El conflicto deja al descubierto la crisis de infraestructura y seguridad que atraviesa el servicio de justicia local. Mientras el Juzgado busca proteger a su personal de situaciones de violencia, el Colegio de Abogados denuncia que se pretende convertirlos en un “anexo” del tribunal sin los recursos necesarios.
Por el momento, el Colegio ha dejado constancia de que no garantizará el cumplimiento de la medida, lo que abre un interrogante sobre cómo se atenderá a partir de ahora a los ciudadanos que acudan a Tribunales en busca de respuestas urgentes en temas de familia y minoridad.
