El concejal Jonatan Bogado defendió la aprobación de la ordenanza que regula las plataformas como Uber, Cabify y DiDi, pero admitió que la medida llega en un contexto crítico con la caída del empleo, desregulación laboral y un sistema que el Estado apenas logra ordenar.
Río Grande. – En medio de un escenario social marcado por la crisis económica y la pérdida de empleo, el Concejo Deliberante de Río Grande avanzó con la regulación del transporte de pasajeros mediado por plataformas electrónicas. La ordenanza, que habilita y fija reglas para aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi, fue defendida por el concejal Jonatan Bogado, quien expuso tanto los fundamentos como las tensiones de una decisión que llega tras años de conflicto.
Lejos de presentar la medida como una solución definitiva, Bogado dejó en claro que “se trata de una regulación “necesaria pero incompleta”, condicionada por un contexto nacional que, según advirtió, empuja a miles de personas a volcarse a este tipo de trabajo informal”.
De la prohibición a la regulación: un cambio forzado
El concejal recordó que “el debate sobre las plataformas lleva más de seis años en la ciudad y que incluso existía una ordenanza previa que prohibía su funcionamiento”. Sin embargo, un fallo judicial declaró inconstitucional esa restricción, obligando al municipio a avanzar hacia un esquema regulatorio.
“Había que decidir si se prohibía o se regulaba. Y la Justicia ya había dicho que no se podía prohibir”, explicó.
En ese marco, la nueva ordenanza busca “establecer condiciones mínimas para el funcionamiento del servicio, equiparando exigencias con taxis y remises en aspectos clave como seguridad, habilitación y condiciones de los vehículos”.
Reglas básicas, pero sin control total
Entre los principales puntos de la normativa, se establece la obligatoriedad de contar con licencia profesional, seguro para transporte de pasajeros, elementos de seguridad como matafuegos y condiciones específicas para circular en invierno.
Además, se fijó un límite de antigüedad de los vehículos de hasta 10 años, en respuesta a reclamos de usuarios que advertían sobre unidades en malas condiciones.
Sin embargo, Bogado fue claro en un punto central al sostener que “el Municipio regula el servicio, pero no las plataformas”.
“Uber no es un sistema de transporte, es una empresa que intermedia y cobra hasta el 40% del viaje”, señaló, marcando un límite estructural de la normativa.
Convivencia inevitable con taxis y remises
Uno de los aspectos más sensibles es la convivencia entre plataformas y el sistema tradicional, dado que “la ordenanza no prohíbe que taxis y remises utilicen aplicaciones, lo que en la práctica consolida un esquema mixto”.
Para el concejal, esta integración es lógica porque “no es un sistema nuevo, es una herramienta tecnológica que pueden usar todos”.
No obstante, esta convivencia no está exenta de tensiones. La discusión sobre competencia, equidad y condiciones laborales sigue abierta, especialmente en un mercado saturado.
Crisis laboral: el verdadero motor del cambio
Más allá de lo normativo, Bogado puso el foco en el trasfondo social que explica la expansión de estas plataformas como lo es la falta de empleo.
El edil habló directamente de una “tragedia laboral” en Río Grande, con más de “10.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos años, en el marco de un proceso de desindustrialización”.
“Hay colas de tres o cuatro cuadras para conseguir trabajo. Esa es la realidad”, describió.
En ese contexto, las “plataformas aparecen como una salida inmediata, aunque precaria, para miles de vecinos”.
Flexibilización y desprotección
Otro de los puntos críticos que marcó el concejal es el marco legal nacional, que según explicó, “desregula completamente la actividad de los trabajadores de plataformas”.
Sin límites de jornada, sin relación de dependencia reconocida y sin garantías laborales, el sistema permite que “un conductor trabaje sin restricciones horarias”.
“Se desprotege al trabajador y se favorece a las empresas”, advirtió.
Desde el municipio, reconoció, hay “poco margen para intervenir en ese aspecto, lo que deja una regulación parcial que no alcanza a cubrir el núcleo del problema”.
Cupo inicial y margen de ajuste
La ordenanza establece un cupo inicial de 800 vehículos habilitados para operar en plataformas, con posibilidad de revisión según la evolución de la demanda.
Cada unidad podrá contar con más de un conductor, replicando el esquema de taxis y remises, donde existen turnos rotativos por razones de seguridad.
Bogado señaló que “esta primera etapa será clave para evaluar el impacto real del sistema y realizar ajustes si es necesario”.
Una regulación atravesada por la urgencia
Lejos de un diseño ideal, la ordenanza aprobada refleja un intento de ordenar una realidad que ya estaba instalada.
Las plataformas funcionan, los usuarios las demandan y miles de trabajadores dependen de ellas. En ese escenario, el Estado llega tarde y con herramientas limitadas.
La regulación, entonces, no resuelve el conflicto de fondo: la precarización laboral, la competencia desigual y la transformación del transporte urbano.
Como dejó entrever el propio Bogado, más que una solución, la ordenanza es un parche necesario en medio de una crisis más profunda.
