El vice ministro de Economía, Juan Pablo Rullier, confirmó que la provincia sostendrá el subsidio al gas licuado pese a la desregulación impulsada por el Gobierno nacional. Habrá segmentación por ingresos y criterios territoriales para optimizar el alcance del beneficio.
Río Grande.- En un contexto nacional marcado por la quita de subsidios y la desregulación de los mercados energéticos, el Gobierno de Tierra del Fuego ratificó la continuidad del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), una medida clave para miles de hogares que dependen de este recurso para calefacción y uso doméstico.
En diálogo con FM del Pueblo, el vice ministro de Economía, Juan Pablo Rullier, llevó tranquilidad a la población al asegurar que “la provincia no solo mantendrá el acompañamiento estatal, sino que además avanzará en una reestructuración del esquema para hacerlo más eficiente y equitativo”.
Continuidad del subsidio en un escenario adverso
Rullier explicó que “la decisión se enmarca en una línea de gestión sostenida desde el inicio de la actual administración provincial, centrada en acompañar a los sectores más afectados por el contexto económico”.
“El gas licuado constituye uno de los insumos energéticos más importantes para los hogares de la provincia”, remarcó, al tiempo que subrayó que “el Estado fueguino continuará interviniendo para garantizar el acceso, incluso frente a las modificaciones impulsadas a nivel nacional”.
En ese sentido, detalló que “un decreto del Gobierno nacional introdujo cambios sustanciales en el régimen del GLP, avanzando hacia una desregulación del mercado que implicó, entre otras medidas, la liberación de precios y una reducción en la participación estatal”.
Este escenario derivó en una menor cobertura del subsidio nacional, que hoy representa apenas entre el 8% y el 9% del valor del gas, lo que obligó a la provincia a reforzar su propio esfuerzo fiscal.
Fuerte peso del subsidio provincial
Según precisó el funcionario, actualmente el “precio del kilo de gas ronda los 2.362 pesos, de los cuales la provincia cubre aproximadamente el 88% o 89%, es decir, unos 2.083 pesos por kilo”.
En contraste, el “usuario final abona entre 80 y 120 pesos por kilo, una diferencia significativa que evidencia el rol central del Estado provincial en la contención del costo energético”.
“La provincia está haciendo un esfuerzo muy importante para sostener este esquema”, sostuvo Rullier, al tiempo que advirtió que, incluso ante eventuales aumentos, el impacto en el bolsillo de los usuarios será acotado debido al nivel de subsidio vigente.
Segmentación para mejorar la equidad
Lejos de eliminar el beneficio, el Gobierno fueguino avanzó en un proceso de reorganización del sistema, con el objetivo de dirigir los recursos hacia quienes más lo necesitan.
La nueva estructura contempla una “segmentación basada en dos ejes principales: el nivel de ingresos de los hogares y criterios territoriales”.
En cuanto al ingreso, se estableció como umbral un “máximo equivalente a ocho salarios mínimos, vitales y móviles, lo que actualmente representa alrededor de 2,6 millones de pesos mensuales por hogar”.
Aquellos que “se encuentren por debajo de ese nivel podrán acceder al subsidio, mientras que el esquema busca evitar filtraciones hacia sectores con mayor capacidad económica”.
Diferenciación territorial
El segundo eje de segmentación responde a características urbanísticas y geográficas propias de cada ciudad.
En el caso de Río Grande y Tolhuin, Rullier señaló que “la estructura urbana es más homogénea, por lo que el principal criterio diferenciador es el acceso o no a la red de gas natural”.
En cambio, en Ushuaia se implementó una “clasificación más compleja, debido a la heterogeneidad territorial de la ciudad”.
Allí se definieron tres subunidades territoriales, alta, media y baja, que “permiten identificar con mayor precisión las condiciones socioeconómicas y de infraestructura de cada zona”.
Esta diferenciación responde, entre otros factores, a “cuestiones topográficas, tipos de construcción y niveles de consolidación urbana”.
Sostener las cuentas públicas sin abandonar la asistencia
Rullier remarcó que “la reestructuración del sistema no solo busca mejorar la equidad en la distribución del subsidio, sino también garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia”.
“Tenemos que acompañar a los hogares, pero también cuidar las cuentas públicas”, explicó, planteando la necesidad de un equilibrio entre asistencia social y responsabilidad financiera.
En esa línea, el esquema también apunta a “incentivar la transición hacia el gas natural en aquellas zonas donde la infraestructura ya está disponible, reduciendo progresivamente la dependencia del GLP”.
Impacto social y expectativas
La continuidad del subsidio es especialmente relevante en sectores como la “Margen Sur de Río Grande, donde gran parte de los hogares aún depende del gas envasado”.
En un contexto de aumentos generalizados en servicios como transporte, electricidad y medicina prepaga, la decisión del Gobierno provincial aparece como un “factor de alivio para la economía familiar”.
Si bien persiste la incertidumbre sobre posibles incrementos en el precio del gas a nivel nacional, desde la provincia aseguran que el impacto será limitado gracias al fuerte componente del subsidio local.
Un esquema en transición
La política energética fueguina atraviesa así una etapa de transición, en la que conviven la necesidad de sostener la asistencia inmediata con objetivos de largo plazo vinculados a la eficiencia y la infraestructura.
En ese marco, la redefinición del subsidio al GLP se presenta como una herramienta clave para ordenar el sistema sin desatender la realidad social de la provincia.
“Se trata de garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan”, concluyó Rullier, sintetizando el espíritu de una medida que busca combinar sensibilidad social con criterios de gestión.
