El titular de la Fundación Ushuaia XXI expresó que la salmonicultura a escala es un debate que ya quedó cerrado, pero observó que el gobierno nunca pensó en cumplir la ley, porque en cuatro años no la reglamentó. A su criterio hay un sometimiento al capricho de un par de empresarios interesados en incursionar en esta actividad, con la promesa de generar fuentes de trabajo. “Esto no se puede analizar desde la desesperación de un gobierno que de pronto se encontró con una realidad más preocupante de la que teníamos hace cuatro años”, dijo.
Río Grande. – El titular de la Fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece, advirtió por FM Master’s la inseguridad jurídica que se está generando a partir de la intención de modificar una ley que dio por cerrado el debate sobre la salmonicultura a gran escala, como un mensaje negativo a los inversores.
“Se está demostrando cierta inseguridad jurídica. Los empresarios que se han instalado en Tierra del Fuego bajo las normativas existentes y los que están pensando en instalarse bajo la misma premisa, hoy están escuchando un debate que nace de la inquietud de un par de empresarios que quieren que tiren abajo la ley que les impide explotar la salmonicultura como quieran hacerlo, con un modelo que no es el más adecuado”, dijo.
“Se está sentando un precedente sumamente negativo y esto genera inseguridad, porque el que piensa invertir en turismo ve que en cualquier momento se viene todo abajo, cambian las leyes, y Tierra del Fuego deja de ser el fin del mundo para transformarse en un lugar contaminado”, sentenció.
“Creo que en el gobierno hubo una clara intención de apoyar una ley que, al otro día de ser promulgada, ya estaba la decisión política de no cumplirla. Si no se reglamentó la ley en cuatro años es porque el gobierno no tenía intenciones de aplicarla”, consideró.
“La idea del gobierno es recurrir como manotazo de ahogado a cualquier alternativa y hay actividades que ya están afianzadas y se pueden ver afectadas por este tipo de decisiones tan livianas. Se habla de la generación de puestos de trabajo y hace cuatro años el debate era si las salmoneras contaminaban o no; hoy ya nadie lo pone en duda, porque contaminan. Hoy el debate no se centra en si contaminan o no, sino que se centra en la necesidad de generar puestos de trabajo”, subrayó.
Aseguró que “hay otras alternativas para generar puestos de trabajo, pero la idea es adaptarnos al capricho de cualquier capital que venga con la intención de generar empleo, que nunca va a ser lo que ellos dicen que son, con puestos de trabajo precarizados y sueldos de miseria. Por otro lado, si no les va bien, se van y nos dejan todo contaminado”.
“Me parece que el gobierno no está bien orientado. La ampliación de la matriz de Tierra del Fuego no puede ser contaminar las aguas de la provincia. Hay otras alternativas y me parece que el gobierno se está quedando con lo más fácil”, opinó.
“Yo me pregunto qué cantidad de apoyo tienen de parte del Estado todos aquellos que tienen ideas o emprendimientos a desarrollar que pueden ser muy redituables para todos los que vivimos acá. Si van a Andorra a ver cómo trabajan y cuánto apoyo tienen los que están produciendo lechuga, rabanitos y hortalizas, los van a mirar con cara de sorna, porque mucho apoyo no tienen. Ni hablar de los que crían ovejas, con los perros cimarrones. Hay una serie de actividades que ya hoy están amenazadas. Los aserraderos de Tierra del Fuego también podrían hacer más”, señaló.
“Hay empresarios que quieren trabajar y otros que quieren ganar lo máximo posible con la menor inversión. Tenemos que decidir de qué queremos vivir y de qué no estamos dispuestos a vivir, porque todo tiene un costo. Cuando hablan de los puestos de trabajo, no hay forma de extrapolar el modelo chileno a la Argentina, y bienvenido sea. La única discusión que aceptaríamos es sobre el sistema RAS. Es un sistema de recirculación interna del agua, se está aplicando en varios lugares del mundo para producir un salmón de mucha mejor calidad. Se hace en tierra, requiere de toda una infraestructura de piletones, estanques y bombeo de agua; esa agua tiene un tratamiento y se devuelve lo más limpia posible. La ley 1355 no prohíbe esto y, si la ley no lo menciona, es que está autorizado el sistema RAS. Si la idea es debatir el tope de producción, creo que en la reglamentación se puede flexibilizar”, afirmó.
“Modificar la ley no tiene el más mínimo sentido y, si la están modificando, es porque tienen intenciones que no están reconociendo. Quieren una ley ambigua, con un gobierno absolutamente permeable a cualquier tipo de requerimiento y que no tiene intenciones de controlar lo que tiene que controlar. No controlan lo que hoy tienen y no controlaron lo que teníamos años atrás, mucho menos van a controlar lo que venga a futuro. Si ponen jaulas en la costa del Atlántico, con toda seguridad el gobierno no va a tener elementos para ver qué están haciendo. Nadie está controlando los mejillones que se producen en Almanza, y no tengo nada en contra de eso, pero no funciona el control”, remarcó.
Un debate cerrado
Lovece expuso que este debate ya estaba cerrado cuando se debatió la ley hace cuatro años. “Quedó abierta esta posibilidad del RAS y quedó en duda la producción que hoy se está haciendo en Almanza, que se puede reevaluar. Si la idea es tirar la ley para hacer algo que con la ley se puede hacer, la intención es dejar la puerta abierta para que estos empresarios pidan 20 cuando tengan 10, y pidan 100 cuando tengan 20, sin medir los costos ambientales”, alertó.
“En Ushuaia hay 20 mil personas que viven del turismo y debemos pensar si lo que se va a insertar no afecta lo que ya está afianzado. Ya hoy este debate nos está afectando turísticamente, porque es un debate que llega al mundo. El turismo puede convivir con muchas actividades, pero si esas actividades van a afectar en forma directa al turismo, ahí se generan desequilibrios”, sostuvo.
“Esto no se puede analizar desde la desesperación de un gobierno que de pronto se encontró con una realidad más preocupante de la que teníamos hace cuatro años”, concluyó.
