El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo con holgura los dos tercios. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Ahora, la definición queda en manos de Diputados. Si ambas Cámaras no los validan “con mayoría absoluta” en 90 días corridos, caerían. Igual caso si una sola los rechazara. Además, cada norma deberá referirse a un área en particular, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, gracias a la ley que impulsó en 2006 Cristina Kirchner. Obtuvo 56 votos a favor, ocho rechazos y dos abstenciones.
Buenos Aires.- En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, un conglomerado de kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales le aplicaron ayer por la tarde otro duro golpe al Gobierno libertario: la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor y siete en contra.
La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).
Tras habilitarse sin problemas el debate -precisaba dos tercios-, el primero en hacer uso de la palabra fue el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien señaló: “El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. El rechazo de manera brutal, inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos que, a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país o comprometemos el futuro de generaciones”.
“Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo o quedar condenada a la exclusión. Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”, sentenció Bensusán.
La nota de la jornada la volvió a dar la -por ahora- macrista y pincelada de violeta Carmen Álvarez Rivero (Córdoba). No fue por su aval al veto, sino por su justificación. En ese sentido, aseguró: “Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir públicamente al ministro -de Salud, Mario- Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan”.
Minutos más tarde, la larretista Guadalupe Tagliaferri manifestó: “La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. Hay que eliminar las barreras que existen en salud, en la infraestructura y en la educación. Por eso tiene que intervenir el Estado”.
Por su parte, el santacruceño José María Carambia fue más allá y advirtió: “Esperemos que el señor Presidente la aplique como corresponde -en referencia a la norma que volvió a tener vigor- y no haga ningún artilugio legal para intentar de no dar solución a tanta gente que está necesitando. No recuerdo cuándo fue la última vez que se rechazó un veto. Si no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político, no vamos a dejar que la gente con discapacidad que esté en las condiciones que está hoy, es una vergüenza».
De nuevo en las filas libertarias -el tiempo dirá-, el formoseño Francisco Paoltroni resaltó que las pensiones pasaron “de 80.000 a 1.250.000 y nadie advirtió que se estaba ‘discapacitando’ gente como nunca en la historia“. Y añadió: ”¿Qué pasó? ¿Quién gobernaba? Era el año 2013 y estaban con la corrupción de la obra pública. Se me estaba pasando por alto”.
Ya en los cierres de la discusión, el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) y otrora aliado de la Casa Rosada -hasta semanas previas a la elección a gobernador del domingo último-, Eduardo Vischi (Corrientes), explicó que “el Gobierno lleva más de 20 meses de gestión y no estaríamos discutiendo este proyecto si las cosas se hubiesen hecho bien, si hubiésemos tenido la posibilidad de entender el pensamiento para este tipo de iniciativas y, fundamentalmente, que no tome todas las necesidades que tiene la sociedad por igual para meter un machetazo o motosierra para cuidar el gasto público“.
Vischi sumó: “Todo esto termina, siendo más que algo en contra del Ejecutivo, una herramienta de gestión que permite ordenar y organizar una propuesta de trabajo. La situación de este tema no es novedosa, viene hace mucho tiempo con problemas de actualización de los montos para profesionales, con demandas de distinto tipo en atrasos para dar respuestas, pero se ha agravado de forma sustancial y eso provoca la necesidad de que algo que está en terapia intensiva haya que priorizarlo”.
Quien respondió a Paoltroni fue su comprovinciano y jefe del kirchnerista Frente de Todos, José Mayans. “Cállese, maleducado. Hijo de Milei. No entiende nada, ignorante”, enfatizó el peronista formoseño, que aprovechó la ocasión para remarcar las contradicciones libertarias entre “el gasto primario y el déficit financiero”.
El titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), estaba anotado para finalizar el debate como último orador, aunque se bajó a último momento. A la hora de la votación -se precisaban 47 adhesiones y se obtuvieron 63-, estuvo ausente la oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia. El otro fue el kirchnerista chaqueño José Rodas.
El Senado aprobó un proyecto que pone límites al Presidente en el uso de los DNU
La oposición senatorial aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso. La iniciativa obtuvo, en la definición en general, 56 votos a favor, ocho en contra y las abstenciones de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Para tener una idea de lo que todo esto implica, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El peor escenario para la Casa Rosada a futuro, cuya nave insignia es el 70/23 de desburocratización del Estado.
La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto. Si la ley es sancionada por Diputados -se estima un veto desde la Casa Rosada-, quedará en el olvido la que Cristina Kirchner empujó en 2006 como senadora, cuyo objetivo fue el mismo que critica hoy el espacio que comanda desde su prisión domiciliaria.
Como miembro informante, la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), aseguró: “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes y funciones, y por ello la necesidad de atenuación del presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.
“Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir, tiene menos requisitos que una ley ordinaria”, agregó Vigo.
Por su parte, desde la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Blanco manifestó que “después de mucho tiempo” se viene a “terminar con la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU” no sólo de “este Gobierno, que tiene un récord, sino de anteriores que tenían dificultades de interpretación de texto, porque han interpretado la Constitución nacional de una manera muy particular”.
Luego, Blanco apuntó directo a la expresidenta. En ese sentido, dijo: “Los autores de la ley 26.122, gente muy preparada y que ha tenido responsabilidades muy importantes en el país, han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución nacional sobre la excepcionalidad, que está fundada, casi con exclusividad, cuando el Congreso no pueda funcionar”.
En tanto, desde el peronismo, la riojana Florencia López sentenció: “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso. Queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.
Uno de los discursos más esperados fue el de Lucila Crexell (Provincias Unidas), quien durante largos años quiso analizar la ley cristinista y, en todas las ocasiones, fue dejada casi en soledad. Primero, la experimentada neuquina recordó la reforma constitucional de 1994 y cómo los DNU fueron “metidos por la ventana”, tras un “acuerdo político de una reelección por parte de un partido y la incorporación de cargos políticos, por el otro”, en clara referencia al PJ y la UCR.
Seguido a ello, Crexell disparó: “Se buscaba morigerar el presidencialismo y, lo que hicieron, fue exacerbar el centralismo y presidencialismo autoritario que hemos sufrido los argentinos”. Y agregó: “Hemos tenido una cantidad inmensa de DNU con aprobación tácita y sin control que no sólo modificaron leyes, sino que han sancionado leyes, una facultad privativa de un Congreso que resultó bastante pasivo frente a esas situaciones”.
La legisladora neuquina después demolió la ley 26.122: “No establece un mecanismo que respete los principios constitucionales y estamos subsanando algo que rompe los principios rectores de la Constitución. Ocurren cosas irrisorias, como decretar un feriado nacional, y se vulneran intereses de las provincias, que fueron calladas en sus reclamos”.
“Es muy claro el asunto: no puede ser más fácil aprobar un DNU que una ley. Y si estaba mal antes, lo está ahora”, enfatizó la larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), otra entendida en la materia. Minutos después, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) propuso unos retoques extra -la Casa Rosada estuvo muy interesada en esto- que no fueron tenidos en cuenta. Por ese motivo se realizó la votación en general y luego en particular que mantuvo el despacho original.
Desde La Libertad Avanza, el líder de la bancada, Ezequiel Atauche (Jujuy), precisó que los DNU sirvieron “a todos los gobiernos, se utilizaron sin ningún obstáculo” durante largos años y “ahora le quieren quitar al Presidente una herramienta que sirve en un gobierno que tiene minorías parlamentarias muy graves”. Y auguró: “Están de salida. Dentro de poco van a ser un tercio menos”.
Reacción de los familiares de las personas con discapacidad
Tras una concentración en la plaza, los manifestantes oyeron la resolución de la Cámara alta y celebraron la ratificación de la normativa que pretende declarar la emergencia en el sector hasta 2027.
El Senado definió este jueves rechazar el veto sobre la Ley de Emergencia de Discapacidad y volvió a darle un embate al Poder Ejecutivo. En total, fueron 63 votos afirmativos y tan solo siete en contra de la medida que había firmado Javier Milei semanas atrás.
A la par de lo que sucede en la Cámara Alta, en las afueras del Congreso se encontraban reunidos familiares de personas con discapacidad que se manifiestan a favor de la legislación.
En ese marco, las cámaras de televisión que estaban en el lugar lograron captar el momento en el que los manifestantes celebraron la votación de los senadores.
La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
Jorge, padre de una hija con autismo sin habla, se expresó en medio de la manifestación en un móvil de C5N. “Soy papá de Catalina, de 6 añitos. No habla, tiene problemas de atención. Tiene cuatro tratamientos más una maestra integradora. Perdió la fonoaudiología y la estimulación temprana por los recortes del Gobierno. Ahora nos quedamos sin maestra”, aseguró sobre su situación en cuanto a las medidas que se han tomado.
“Venía progresando y uno se da cuenta que los chicos retroceden, se acostumbran a los profesionales y después no quieren entrar al colegio. Es algo que la verdad te angustia”, dijo entre lágrimas Jorge.
“Si hubiese que pagar los tratamientos es imposible, es muy caro. Uno como padre quiere darle lo mejora a sus hijos. Yo entiendo que hay que recortar, ¿pero a los discapacitados? ¿Por qué a la parte más sensible de la sociedad? Espero que el senado nos acompañe, que la ley salga y que se pueda acomodar todo”, cerró el hombre visiblemente emocionado por la situación.
Brenda, la madre de la nena, también habló. “Cata va a pasar a primer grado sin la maestra integradora. Ya nos dijeron que están perdidos los tres meses que faltan de escuela. Que va a hacer primer grado si no escribe no puede prestar atención, va a sufrir”, explicó.
Además, aseguró que el problema tampoco encuentra solución por otras vías. “Desde el Ministerio de Educación me dijeron que tardan un montón para ponerla en un colegio especial y no la dejan volver a hacer salita de 5”, aseveró.
Mariana, madre de Lucía, fue otra de las voces que se oyó sobre el reclamo. “Vengo en representación de mi hija de 25 años Tiene discapacidad motriz y mental por un problema de salud mental, de depresión. No desee nunca traer una chica con discapacidad, me tocó. Encontrarme hoy acá como argentina, tan defraudad por mi presidente”, dijo en diálogo con un móvil de LN+.
“Yo te voté, un montón de padres con chicos con discapacidad te votamos. Como pueblo argentino también te podemos sacar. No es justo”, apuntó luego directamente contra el gobierno y hablándole a Javier Milei.
“Mi hija cobra una pensión de 230 mil pesos. Hace un ratito una senadora dijo 280 mil. ¿El resto dónde está? Es hermoso hablar de ahí adentro. Pero sos igual que nosotros, te puede tocar. Fíjense adentro de ustedes si tienen alma”, agregó luego Mariana sobre la situación económica que atraviesa.
Por la manifestación, la calle Solis, también llamada Segunda Entre Ríos que conecta Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, se encuentra interrumpida junto a las paradas de colectivos ubicadas en la Plaza del Congreso.
Más sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad
El texto incorpora reformas en las leyes 13.478, 22.431 y 24.901, con el objetivo de redefinir el concepto de discapacidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, actualizar el sistema de certificación y permitir la compatibilidad de la pensión con el empleo formal hasta cierto nivel salarial.
Además, declara de interés público la labor de los prestadores de servicios y crea instancias obligatorias de consulta con personas con discapacidad y organizaciones vinculadas.
El Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de informar anualmente ante el Congreso sobre la ejecución presupuestaria y podrá ajustar el presupuesto para aplicar las medidas, sin alterar fondos destinados a servicios sociales.
En cuanto al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, la legislación fija la actualización mensual de aranceles en función de la inflación y otorga beneficios impositivos y facilidades de regularización de deudas para prestadores, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios.
También determina el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, refuerza las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad y promueve el enfoque social de discapacidad desde los distintos niveles del Estado.
