El subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana del Municipio de Río Grande, Javier Calisaya, advirtió sobre la creciente preocupación por la problemática de los perros sueltos y asilvestrados en toda la provincia, luego de la reunión del Comité Provincial de Seguimiento y Control de Perros, espacio que reúne a representantes del Gobierno provincial, municipios, instituciones rurales y veterinarias.
Río Grande.– El encuentro, que forma parte de las instancias creadas por la Ley Provincial Nº 1146, busca coordinar políticas para el manejo de perros sueltos y, en particular, de las jaurías que ya se han asilvestrado y representan un riesgo no solo para la fauna local y la producción ganadera, sino también para las personas.
Sin embargo, según planteó Calisaya, el “Estado provincial sigue sin definir un plan concreto para abordar el problema en el ámbito rural”.
“Hay una falta de especificación sobre el programa que se va a llevar adelante para atender la problemática de los perros asilvestrados, lo cierto es que la ley existe, pero el fondo especial que crea esa norma nunca se ejecutó”, sostuvo el funcionario.
Un problema estructural que exige coordinación
El comité está integrado por representantes de la Sociedad Rural, el Colegio de Veterinarios, el INTA, el CADIC, y los tres municipios fueguinos. En la última reunión, la discusión se centró en la falta de avances por parte del Ejecutivo provincial y en la necesidad de definir responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.
Desde Río Grande, el Municipio expuso el esfuerzo sostenido que viene realizando en la ciudad, otorgando casi 900 turnos mensuales de castración, más de 15 jornadas masivas durante el año, y campañas de vacunación antirrábica, chipeo y adopción responsable.
“Venimos haciendo un enorme esfuerzo con inversión y presencia territorial, pero si no se atiende lo que ocurre en el campo, no se puede responsabilizar solo a las ciudades”, advirtió Calisaya, subrayando que el foco también debe estar en las zonas rurales donde los animales se reproducen sin control.
El subsecretario explicó que “en áreas como la margen sur y las chacras se intensificaron las jornadas de castración por tratarse de sectores más próximos a las estancias, donde muchas veces se produce el paso del perro urbano al ámbito rural”.
Fondos insuficientes y ausencia del Estado provincial
Uno de los puntos más críticos señalados por el funcionario fue el incumplimiento del fondo especial previsto por la ley, para lo cual sostuvo que “la norma fue sancionada hace años, pero el fondo nunca se aplicó como corresponde, siendo que para este año solo se asignaron 1.200.000 pesos para toda la provincia, una cifra irrisoria que no alcanza para nada”, denunció Calisaya.
Esa falta de recursos y planificación genera que, en ausencia de un programa provincial, cada sector actúe por su cuenta, incluso con medidas extremas.
“Cuando el Estado no define políticas, cada cual resuelve a su manera, y eso puede derivar en acciones crueles o ineficaces”, advirtió, aludiendo a los casos recientes de envenenamiento de perros en la zona sur de Río Grande, un hecho que calificó como “grave y penalmente sancionable”.
Conciencia social y responsabilidad ciudadana
Calisaya insistió en que el abordaje debe ser integral y que la concientización social es parte esencial de la solución. Al respecto manifestó que “hay que atender la cuestión sociocultural. No se puede naturalizar ver perros sueltos en la vía pública ni el abandono de animales. Si no cambiamos la conducta ciudadana, seguiremos atendiendo las consecuencias sin resolver la causa”, remarcó.
El funcionario también diferenció entre los perros sueltos urbanos, que suelen tener dueño identificable, y los asilvestrados, que ya no responden a la domesticación y se han convertido en una “especie dañina” que amenaza la seguridad, la producción y el turismo.
“En la zona rural ya hay un riesgo cierto no solo para la producción ovina, sino también para las personas, senderistas o turistas. Es una cuestión de seguridad pública”, puntualizó.
Llamado a la acción y coordinación real
Finalmente, Calisaya pidió una mayor articulación entre los distintos niveles del Estado, así como el cumplimiento del rol que le corresponde al Gobierno provincial.
“El campo está pidiendo ayuda, hace falta que alguien coordine, y está más que claro que la responsabilidad primaria es del Gobierno provincial”, enfatizó.
El subsecretario también destacó los logros alcanzados a nivel local, como “el mantenimiento del estatus de provincia libre de rabia, producto del trabajo sostenido del área de servicios veterinarios municipal. Sin embargo, advirtió que esos avances podrían ponerse en riesgo si no se consolida una política integral”.
Por último, expuso que “nuestra provincia logró erradicar la rabia gracias al esfuerzo municipal, pero mantenerlo requiere coordinación, estadísticas y compromiso, no alcanza con buenas intenciones, se necesitan decisiones concretas”, concluyó.
