El delegado regional del SUTCAPRA, Matías Garro, cuestionó el accionar de la empresa y apuntó a los grandes contratantes como La Anónima y Carrefour. “Despidieron por WhatsApp, inventando causas para no pagar indemnizaciones”, denunció.
Río Grande.- El conflicto entre el Sindicato Único de Trabajadores de Control, Admisión y Permanencia (SUTCAPRA) —rama Vigilancia y Custodia— y la empresa Securión volvió a exponer las condiciones laborales precarias que atraviesa el sector de la seguridad privada en Tierra del Fuego.
En diálogo con FM del Pueblo, el delegado regional Matías Garro denunció que la empresa despidió de forma arbitraria a dos trabajadores con más de una década de antigüedad, amparándose en falsas causas disciplinarias para evadir el pago de las correspondientes indemnizaciones.
“La patronal se ampara en supuestas faltas graves para despedir a compañeros que siempre cumplieron con su trabajo. Es un acto persecutorio y fraudulento destinado a no pagar lo que corresponde”, sostuvo Garro.
Según el dirigente sindical, los empleados fueron despedidos mediante mensajes de WhatsApp, sin mediación formal ni procedimiento administrativo adecuado. “Pensamos que era un caso aislado, pero luego se repitió. Ya no hay duda: se trata de una maniobra empresarial para evadir responsabilidades”, agregó.
Los gigantes del comercio, también responsables
El gremio apunta además a las cadenas La Anónima y Carrefour, que contratan los servicios de Securión y que, por ley, son terceros solidarios en la relación laboral.
“Estas empresas contratan a Securión para cubrir su seguridad, y deben hacerse cargo de lo que hace la empresa que contratan. Nosotros les notificamos formalmente para que tomen cartas en el asunto”, explicó Garro.
La firma Securión —antes Securitas, una multinacional que abandonó el país— mantiene oficinas en Río Grande y presta servicios en distintos establecimientos comerciales e industriales, entre ellos Fapesa.
Despidos con causas inventadas y reemplazos eventuales
Garro reveló que las cartas documento enviadas por la empresa invocan el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se aplica ante “falta grave del trabajador”, y que anula el derecho a indemnización.
“Nunca hubo sanciones previas, ni apercibimientos, ni irregularidades en los legajos. Sin embargo, la empresa inventa causas para justificar los despidos. Lo más absurdo es que, al mismo tiempo, contrata personal eventual para cubrir los mismos puestos. Eso demuestra el fraude”, afirmó.
El gremio participó en tres audiencias ante el Ministerio de Trabajo, donde la empresa ofreció sumas “muy por debajo de lo que corresponde” para cerrar los casos. “Los compañeros rechazaron la oferta, y nosotros también. No se puede negociar sobre una estafa”, remarcó el sindicalista.
Una actividad en decadencia y sin protección real
Garro, con más de una década representando al sector, describió una realidad que atraviesa a la seguridad privada en todo el país: salarios bajos, alta rotación, ausencia de controles y un gremialismo fragmentado.
“Somos una actividad muy vulnerable. Venimos de ser trabajadores de las fuerzas, pero hoy la seguridad es un último recurso laboral, con sueldos bajos y escasa defensa gremial. Hay más de 50 sindicatos a nivel nacional representando a la seguridad, lo que demuestra el vaciamiento del gremio madre”, lamentó.
Responsabilidad del Estado y modelo de flexibilización
El dirigente también vinculó la situación con el contexto nacional de ajuste y flexibilización laboral impulsado desde el Gobierno.
“No podemos asegurarlo, pero parece claro que este tipo de despidos responde a una política de recorte y precarización. Nos duele ver compañeros con 13 o 18 años de servicio echados como perros, sin reconocimiento alguno”, expresó con dureza.
Desde el SUTCAPRA, adelantaron que preparan un paro de actividades y continuarán las acciones legales contra Securión y las firmas contratantes.
Un conflicto que interpela al sistema de tercerización
El caso pone nuevamente bajo la lupa el modelo de tercerización en áreas sensibles como la seguridad y la limpieza, donde las empresas contratistas se desentienden de sus obligaciones laborales amparadas por grandes corporaciones.
“Las empresas grandes deben hacerse cargo de las condiciones que imponen sus proveedores. No pueden mirar para otro lado mientras se atropellan derechos básicos de trabajadores que garantizan su seguridad”, concluyó Garro.
