La secretaria de Industria, Alejandra Man, advirtió que la exclusión de Sueño Fueguino y BARPLA del régimen de la Ley 19.640 pone en riesgo empleos, producción y soberanía industrial. Las medidas del Ejecutivo nacional no solo ponen en jaque a empresas emblemáticas, sino que erosionan la soberanía industrial construida durante décadas en el extremo sur argentino. “Las medidas nacionales son arbitrarias y no trajeron ningún beneficio al consumidor”, sostuvo.
Río Grande.- La Secretaría de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego volvió a levantar la voz frente al avance del Gobierno nacional sobre el régimen de promoción industrial que dio origen al polo fabril más austral del país.
Mientras Nación recorta beneficios, la provincia intenta sostener, a contramano del modelo libertario, una política de defensa activa de la producción y el empleo. Pero la advertencia ya está hecha: si las exclusiones se multiplican, el costo social y político será tan alto como el silencio de quienes deberían defender la industria nacional.
En declaraciones a FM del Pueblo, la secretaria Alejandra Man confirmó que la provincia acompañará institucionalmente, como amicus curiae, las gestiones judiciales impulsadas por las empresas Sueño Fueguino S.A. y BARPLA S.A., luego de que quedaran excluidas del régimen de la Ley 19.640 por decretos recientes del Ejecutivo nacional.
“El gobernador Gustavo Melella se pronunció en apoyo a esta presentación judicial. El Gobierno provincial va a acompañar el reclamo aportando un informe técnico e informativo desde la Fiscalía de Estado”, explicó Man.
Una decisión arbitraria que golpea el corazón productivo de Río Grande
Man señaló que ambas firmas atraviesan una situación “muy compleja”, luego de que cayera la medida cautelar que las mantenía dentro del régimen. “Hoy están fuera de la 19.640, lo cual las deja en una posición de enorme vulnerabilidad. Si exportan producto terminado, no pueden recuperar el beneficio fiscal, y eso hace inviable su competitividad”, advirtió.
La funcionaria apuntó con dureza al impacto real de las políticas de apertura de importaciones impulsadas por el Gobierno nacional, sosteniendo que “nos dijeron que abrir las importaciones iba a bajar los precios. Pero cualquiera que va a comprar ropa sabe que eso no ocurrió. No hay una baja en los precios de ningún producto textil. La medida no benefició al ciudadano común, pero sí puso en jaque a las fábricas nacionales”.
En ese contexto, la secretaria consideró que la situación actual “no solo es injusta, sino también inconsistente desde el punto de vista económico”, dijo, al tiempo que agregó que “las empresas fueguinas enfrentan costos logísticos enormes y la pérdida de los incentivos fiscales las deja sin posibilidad de competir con la producción extranjera”, explicó.
Un escenario de incertidumbre para toda la industria
Si bien el conflicto más visible es el de Sueño Fueguino y BARPLA, Man advirtió que “no son las únicas” que atraviesan dificultades. Otras firmas, como Australtex, también enfrentan procesos judiciales y trabas para acreditar el origen nacional de sus productos, lo que las priva de acceder a beneficios fiscales fundamentales para sostener la actividad.
“Son definiciones arbitrarias que impactan directamente en la producción fueguina. En algunos casos, las empresas no pueden cumplir con el requisito de incorporar insumos nacionales porque simplemente no existen proveedores locales. Aun así, se les castiga como si fuera una falta deliberada”, señaló la secretaria.
El costo social: empleos y arraigo en riesgo
Man subrayó que las consecuencias de las decisiones nacionales no se limitan a los balances empresariales. “Estamos hablando de más de 250 trabajadores solo en esas dos empresas, con muchos años de trayectoria, gente que difícilmente pueda reinsertarse en otro tipo de empleo. El impacto es muy grave para Río Grande, donde el textil y el sector confeccionista son históricamente pilares del trabajo industrial”, afirmó.
La funcionaria insistió en que el Gobierno fueguino acompañará “desde donde le toque estar” cada instancia judicial y política en defensa del régimen promocional. “Sabemos lo que significa tener o no tener empresas radicadas. La provincia nació industrial y no podemos permitir que decisiones tomadas a más de tres mil kilómetros destruyan ese modelo de desarrollo”, enfatizó.
“El enemigo está afuera”
Consultada sobre la posibilidad de un lobby continental para eliminar los beneficios a las fábricas fueguinas, Man fue prudente, pero no dejó dudas sobre el trasfondo político señalando que “no sé cómo están esas presiones hoy, pero mi impresión es que todo el sector textil nacional está atravesando una misma crisis. El enemigo está afuera, la apertura indiscriminada de las importaciones y la destrucción del Estado productivo.”
El cierre de la entrevista dejó una síntesis de la mirada provincial frente al rumbo del Gobierno nacional. “Milei dijo que venía a destruir el Estado, y las empresas amparadas por la 19.640 son parte del Estado nacional, aunque estén en otra provincia. Hoy vemos cómo esa destrucción avanza también sobre Tierra del Fuego”, concluyó.
