Julio Lovece cuestionó con dureza la posibilidad de modificar la Ley de Prohibición de Salmoneras en Tierra del Fuego. En su análisis, advirtió que la iniciativa responde a intereses empresariales más que a un proyecto de desarrollo sostenible, y señaló la contradicción entre un gobierno que se declara defensor del ambiente, pero actúa en sentido opuesto.
Ushuaia.- Julio Lovece fue tajante al analizar la situación que atraviesa la Ley 1.352, que prohíbe la instalación de criaderos de salmónidos en el canal Beagle y aguas fueguinas.
“El deseo es que la ley se reglamente de una vez por todas, pero lo veo difícil —advirtió— porque hoy se está pensando en responder a las expectativas de un empresario”, dijo a Radio Provincia.
La frase resume un diagnóstico extendido entre ambientalistas, científicos y sectores de la sociedad civil: la sospecha de que la intención de modificar la norma no surge de una evaluación técnica ni de una necesidad productiva provincial, sino de la presión de un capital privado que busca habilitar la salmonicultura industrial en la isla.
Lovece recordó que el proyecto original se justificó en la defensa de un ecosistema único, y que hoy la discusión se centra en “si se pueden o no aceptar los daños ambientales a cambio de puestos de trabajo”, un planteo que calificó como “incomprensible y éticamente inaceptable”.
El espejo chileno y el modelo que no se debe copiar
También apeló al ejemplo del país vecino, marcando que “Chile tiene casi toda su plataforma marítima ocupada por jaulas de cría, y nosotros tenemos menos de doscientos kilómetros de costa. Resulta increíble que todavía estemos discutiendo si ese modelo genera daño o no”.
En su análisis, recordó las advertencias de especialistas como el oceanógrafo chileno Juan Carlos Cárdenas, de la organización Eco Océanos, y del doctor Adrián Schiavini, quienes alertaron sobre el impacto irreversible que provocan las salmoneras en el ecosistema marino, la flora y la fauna costera.
Lovece insistió en que “el argumento de que todo vale si se generan empleos” es una falacia, dado que “el tráfico de drogas también genera puestos de trabajo, la prostitución también, pero, ¿quién se hace cargo de las consecuencias? ¿Qué pasa con las actividades que resultan afectadas por esa contaminación?”.
El poder económico y la política sin principios
Uno de los pasajes más duros de la entrevista fue su crítica al vínculo entre poder político y poder económico y en este sentido dijo que “es el mismo empresario que pidió cambiar la ley el que acaba de despedir a ciento cincuenta trabajadores. Y es el mismo gobierno que lo defiende el que lo critica por esos despidos. Esa hipocresía me asquea”, dijo sin rodeos.
Lovece remarcó que la provincia no puede modificar su legislación “para adaptarla al interés de un solo empresario”, mientras otros inversores se ajustaron durante años a las reglas ambientales locales. “¿Qué mensaje se le da al que cumplió con la ley, si ahora la cambiamos para otro que no quiere hacerlo?”, cuestionó.
Entre el negocio y la identidad provincial
También planteó una reflexión de fondo sobre el tipo de desarrollo que la provincia pretende al marcar que “no todo vale a la hora de invertir. Si el argumento es generar cuarenta puestos de trabajo a costa de destruir un ecosistema, entonces no nos conviene”.
A su entender, la discusión trasciende lo económico y se vincula con la identidad fueguina: “Ofrecemos al mundo naturaleza, pero no hacemos nada para protegerla. El modelo chileno no sólo destruye el ambiente, también arruina el paisaje y la imagen que Tierra del Fuego promueve como destino natural”.
Un llamado a la coherencia
Lovece apeló directamente a los legisladores, pidiéndoles que “sean criteriosos, que recuerden lo que dijeron cuando votaron esta ley. Ellos se van a quedar acá, van a caminar por estas calles, y tienen que poder mirar a la gente a la cara sin sentirse culpables”.
La frase funciona como cierre y advertencia: el debate sobre las salmoneras no es sólo ambiental ni productivo, sino también ético y político. La decisión que tome la Legislatura marcará, una vez más, si Tierra del Fuego elige sostener sus principios o ceder ante la presión del capital que exige excepciones a medida.
