La presidente de la asociación ambientalista Mane’kenk analizó las inconsistencias en los proyectos acuícolas, el manejo de información pública y el tratamiento de las leyes ambientales en Tierra del Fuego.
Río Grande. – En diálogo con Radio Provincia, la presidente de la asociación ambientalista Mane’kenk, Nancy Fernández, se refirió al rol de la organización y al trabajo que vienen desarrollando frente a distintos proyectos con impacto ambiental en la provincia. En este sentido, precisó que “la discusión ambiental comenzó cuando se puso en agenda el debate de las salmonelas o la posibilidad de modificar la ley 1355, nosotros participamos de las reuniones de comisión y del Concejo Provincial de Medio Ambiente. Somos una organización de gente voluntaria. Nos involucramos con los temas que le preocupan a la gente. Estudiamos, investigamos y pedimos información sobre todos los temas. Cumplimos 20 años desde que iniciamos con la organización, la verdad que los temas han cambiado pero la energía no y por suerte cada vez tenemos más gente involucrada. La agenda ambiental cada vez tiene más adeptos en Tierra del Fuego, vemos un destino ambientalmente amigable, pero siempre que empezamos a investigar los temas nos encontramos con ciertas contradicciones”.
Respecto al proyecto de la empresa Newsan Food, Fernández explicó: “Uno de los argumentos de la Secretaría de Pesca en su propuesta de cambiar la ley 1.355 es ejercer el control eficiente por la sustentabilidad y soberanía alimentaria. Un proyecto lleno de palabras muy acorde a las tendencias ambientales actuales. Por ello, decidimos ver los proyectos de acuicultura que ya existen, cómo está la Secretaría de Ambiente fiscalizando. Entonces pedimos información pública de determinados proyectos y la verdad que nos encontramos con una sorpresa que no pensábamos encontrar”.
Según detalló, “el proyecto de Newsan Food nace en el 2020 y como un proyecto experimental -así lo nombran en el expediente- en una superficie de 4 hectáreas. La Secretaría promueve con esta empresa un experimento a cielo abierto en el Canal Beagle para ver si es posible cultivar mejillones. Este experimento aparentemente dio buenos resultados, de hecho la empresa anunció la exportación de una x cantidad de mejillones. El entusiasmo va creciendo y ahora piden producir más, piden más de 20 hectáreas para producir 1.200 toneladas de mejillones y ahí es donde empiezan a fallar las normas ambientales. Una de ellas es que precisamente la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Pesca, no le pide evaluación de impacto ambiental, cuando las normas vigentes, no la 1355 sino normas viejas del año 1995, dicen que para producciones de más x toneladas tiene que pedir evaluación de impacto ambiental”.
Fernández agregó: “Además, explicita que para producir en más de x cantidad de hectáreas las zonificaciones se otorgan por licitaciones públicas, no a dedo. La norma es clara y tiene más de 30 años de vigencia. Lo que empezó siendo un experimento, hoy es un emprendimiento de mayor escala y que requiere de la aplicación de normas”.
La referente ambientalista fue tajante: “Nuestra conclusión es que una Secretaría de Pesca que carece de capacidad operativa para controlar y para hacer cumplir las normas, le está diciendo a la Legislatura ‘quédense tranquilos que nosotros nos vamos a ocupar de regular, controlar y que todo sea sustentable’, y la realidad nos demuestra que estamos muy lejos de esa situación. Hoy la Secretaría de Pesca no tiene capacidad de nada, solo de entregar los recursos de manera arbitraria”.
En esa línea, Fernández enumeró otras irregularidades: “Luego encontramos otras tres irregularidades importantes: una tiene que ver con que el expediente en donde se transmite este rendimiento no pasó nunca por el área de Ambiente. No hay ninguna intervención sobre esa producción. La Secretaría de Ambiente tiene que controlar porque trabaja con recursos genéticos de la provincia, y cuando una persona va a producir con recursos genéticos, tiene que autorizarlo un área de biodiversidad porque ella es la que establece las condiciones”.
Asimismo, continuó y dijo que “lo primero que responde el Ministerio de Producción es declarando secreto el expediente. Eso es lo más llamativo, porque si hasta un mes se podía acceder, ¿qué pasó que ahora fue reservado un expediente que no tiene que ver con ninguna de las tres causales para que un expediente tenga que ser reservado? Si estás haciendo las cosas bien, se supone que no tienes nada que ocultar. Eso es lo más grave. Podemos apelar a las institucionalidades que tiene la comunidad para participar de las políticas públicas, pero cuando haces esto estás cruzando un límite. No tiene sentido hacer eso. Nuestro antecedente fue cuando se hizo secreto el expediente arqueológico en el Canal Beagle”, señaló.
A lo que agregó que no saben cual es el alcance de la reserva y cuestionó que “¿Quién no puede acceder? ¿La Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Trabajo pueden acceder? ¿Y por qué? Entendemos que la Secretaría de Pesca está actuando de manera deshonesta, de espaldas a la comunidad”.
Por su parte, declaró que cuando se aperturo el debate todas las organizaciones y áreas participaron “todos los que actuamos hemos puesto la información a disposición de la información pública. Todos estaban dispuestos a conversar y ahora de repente nos encontramos con un gobierno provincial que quiere cambiar la ley, que miente sobre una producción acuícola que ya existe y que está produciendo, que oculta un expediente. Que un viernes a las 10 de la noche fomenta una firma de un expediente a espalda de los demás legisladores. ¿Qué les pasa? Antes había otra apertura. Ahora vamos a apelar a las instancias correspondientes”.
Sobre otro de los temas de agenda, la presidenta de Mane’kenk señaló: “Vamos a tener que estudiar sobre el tema de YPF porque por lo que nos enteramos la empresa deja un pasivo ambiental enorme y que se tiene que hacer cargo la provincia, cuando en otras provincias se hace cargo la empresa. Además, otra cuestión irregular que encontramos y que vamos a presentar un amparo por mora este viernes, porque la Legislatura tiene que cumplir con el reglamento legislativo y uno de ellos es que tiene que publicar las actas de las comisiones, los despachos tienen que estar en la página web”.
En este sentido, precisó que “el día 9 y 13 de agosto pedimos formalmente una copia de acta de la comisión en donde se firmó ese seudo despacho, hemos presentado notas a la presidenta de la Legislatura, pero al día de hoy no hemos tenido respuesta. Ante el silencio administrativo es una negativa a la información. Hubo una concesión de comisión en donde 4 legisladores firmaron un despacho que provocó una renuncia de la ex presidenta, la legisladora Laura Colazo, y a casi dos meses nos dicen que el acta no existe, o sea, no está, porque no nos contestaron. Vamos a presentar un amparo por mora contra la Legislatura para que entregue el acta de comisión porque queremos saber qué se dijo, cómo funcionó la comisión, porque de alguna forma apelamos a los legisladores que tienen excelentes intenciones en su actuar, aunque pensemos distintos, que no den curso a ese despacho porque en términos de barrio, es una truchada”.
Finalmente, Fernández se refirió a las recientes inundaciones en Ushuaia: “Hace 6 o 8 meses, en relación a la obra del Glaciar Martial, la DPOSS alertó a la Secretaría de Ambiente que habían invadido el arroyo. La Secretaría va a la inspección ambiental, abren un acta y paran la obra en función de su autoridad de competencia ambiental; la autoridad política del Infuetur le bajó línea y tenían que anular la infracción. Es grave. Defiendo las áreas técnicas porque sé que hay algunas que tienen compromiso y hacen lo que corresponde, pero después llega el llamado de jefe de algo que baja línea”. Y concluyó: “No estoy inventando nada, está todo en el expediente”.
